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En virtud de cumplir con los estatutos y demás lineamientos del Movimiento Político Colombia Humana, y atendiendo a la necesidad de legitimar nuestro compromiso con las bases de Nuestro Territorio. El Nodo "Tolú Humano y Saludable", expuso ante la Mesa Preparatoria en pleno, la necesidad de organizar los componentes territoriales que se requieran para la construcción de un modelo de gobierno comunitario que priorice las líneas sociales como respuesta a la problemática que mayormente afecta a nuestro municipio.

Holaaa. Estamos creando un grupo desde el partido Colombia Humana para fomentar los escenarios de participación ciudadana en la creación de iniciativas, Planes, programas y proyectos territoriales relacionados con la salud y seguridad social de nuestra población. Par ello, hemos conformado un nodo denominado "Tolú Humano y Saludable", abscrito a la Red Nodal Colombia Profunda Para hacer parte de esta organización, primero debés ingresar a la plataforma de Colombia Humana e inscribirte cómo militante del partido a través de link https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://colombiahumana.co/register/&ved=2ahUKEwjVkIHC_9X4AhUvg4QIHWwiCB0QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2YgdXKJyFFVFExKuwWloID Una vez llenes el formato, se te enviará un enlace a tu correo electrónico para que ingreses y valides la información contenida "no es necesario que completes al 100% el perfil de la validación" Una vez inscrito en la plataforma, podrás acceder libremente a la plataforma del partido Colombia Humana e interactuar con otros militantes a nivel nacional. Cuando accedas a la plataforma, debes ubicar en el directorio de nodos a "Tolú Humano y Saludable" para que adiheras al grupo, y te unas a nuestra gestión en la construccion de un programa territorial que responda a la las verdaderas necesidades de nuestras comunidades. Una vez inscrito, podrás enviar al número de WhatsApp 3114128078, el pantallazo de tu perfil o el nombre con el cual te inscribiste, para hacerte la invitación al nodo. Felíz día. Dios te Bendiga. Un abrazo. Saludos...

En nuestro país, existen las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), las cuales, son entidades descentralizadas prestadoras de servicios de atención en salud que se rigen por el derecho privado, pero que hacen parte de una red pública, y en su mayoría, operan con recursos del estado. Por su parte, el estado reconoce a las E.S.E., como IPS Publicas, y en asocio con la razón social de las instituciones, les brinda el apoyo y la asistencia técnica necesaria para afianzar la adecuada prestación de los servicios, y la garantía del goce de la salud en las poblaciones respectivas. Las E.S.E, están distribuidas en casi todos los municipios del país, y prestan un servicio de vital importancia en todos los rincones del territorio nacional. Actualmente, existe un alto porcentaje de Empresas Sociales del Estado, que se encuentran en algún tipo de riesgo fiscal, de las cuales, un porcentaje significativo, se encuentra en riesgo alto. La situación de las E.S.E., causa gran preocupación, debido a que, el alto riesgo fiscal, trae consigo el decrecimiento de la capacidad técnica y operativa de la institución, así como, la falta de oportunidad y calidad en la atención que a diario requieren los ciudadanos. En los pueblos y provincias del país, existe la percepción colectiva de relacionar la salud de la población, con la estabilidad técnica y financiera de estas instituciones, razón por la cual, se recrea una preocupación colectiva, cada vez que se escuchan noticias sobre las condiciones administrativas y la estabilidad operacional de los hospitales locales. A pesar de que las E.S.E. son descentralizadas, curiosamente son dirigidas por gerentes que, prácticamente son nombrados a dedo por los gobernantes locales de sus respectivas jurisdicciones, los cuales, son designados por un periodo de cuatro años, y podrían repetir en su cargo, dependiendo de la calificación y aprobación por parte de la junta directiva, en cuya junta directiva, el presidente, resulta ser el gobernante local de referencia. La imposibilidad de ejercer autónomamente en una entidad “descentralizada” que realmente se encuentra bajo el control de la respectiva entidad territorial, es uno de los factores que, en muchos casos, han ocasionado la crisis financiera, ya que, en muchas ocasiones, las E.S.E. se convierten en las cajas menores de los gobernantes locales de turno, y sus objetivos son malversados para ponerlos al servicio de la burocracia y de los intereses de las familias que gobiernan. El hecho de que los alcaldes y/o gobernadores, sean los presidentes de las juntas directivas respectivas, y que, a su vez, sean los que, a discreción, seleccionan al gerente, logra dilucidar ampliamente el nexo político que se obtiene de dicho ejercicio. Tal vez la intención de la norma que precisó tales acciones, obedecía a la promoción de una actividad sinérgica entre los intereses de los gobernantes y el fin social de la institución, sin embargo, las estadísticas y la tendencia en el estado de éstas instituciones, reflejan todo lo contrario, y demarcan un crecimiento del número de Empresas Sociales del Estado en condiciones de alto riesgo fiscal, de las cuales, pocas logran recuperarse. Resulta paradójico, que la injerencia de los gobernantes, se acentúa en la toma de decisiones desde las juntas directivas y en el nombramiento de sus gerentes, pero es poca la obligación que la ley les asigna, en lo referente a la obligatoriedad de programar aportes con recursos territoriales para su fortalecimiento, ya que, para este último caso, se escudan bajo el argumento de que la entidad es “descentralizada”. El “agradecimiento” de los gerentes nombrados en las respectivas E.S.E., hacia el gobernante que los eligió, resulta ser mayor al objetivo de gerenciar con transparencia, eficiencia y calidad, razón por la cual, es imposible evitar que los intereses burocráticos permeen en la actividad administrativa. Sería muy pertinente analizar el impacto de la injerencia de los gobernantes locales en las decisiones y manejo administrativo de las E.S.E., ya que la tendencia de estas instituciones es cada vez más cercana a la quiebra, y cada vez son más, las instituciones que se suman a tal condición. Por ello debemos considerar dos escenarios: uno, seria que, las administraciones locales no son competentes para abanderar decisiones enmarcadas en la gestión y seguimiento administrativo de las E.S.E., y el otro escenario, sería que, las E.S.E., en virtud de la conexidad expresa con los gobernantes locales, han sido utilizadas para cubrir intereses ajenos a los que refiere su razón social. Al final, cualquiera que sea el escenario, solo refleja la inconveniencia de suscribir al ente territorial, una entidad descentralizada. Es muy lamentable, que en el país mueran anualmente, miles de personas, por factores relacionados con la oportunidad y la calidad del servicio de atención en salud, razón por la cual, no podemos continuar con el ejercicio de procesos administrativos, que contribuyan en gran medida, a la progresión de estos factores. Los intereses personales y el favorecimiento burocrático a personas incompetentes, solo agudiza la crisis del sistema de salud, poniendo en manos de personas insensibles, la estabilidad de un tema tan sensible. El rechazo social y la condena moral frente a esta situación, es indiscutible, ya que, cada vez que una persona muere en un hospital, por falta de un médico competente, por falta de un medicamento, por falta de una ambulancia, por falta de un equipo de reanimación, o por falta de cualquier bien o servicio que amerite una atención oportuna y/o de calidad, se constituye como un fallecimiento derivado de un gerente supeditado a los intereses de un gobernante local que decidió invertir los recursos del pueblo en acciones o actividades ajenas al fin social de la institución, dejando de lado el bienestar común y la justicia social que tanto urge a nuestros pueblos. Las EPS, deben asumir mayor responsabilidad frente a esta situación, ya que, algunas de ellas, de manera inescrupulosa, a sabiendas que el prestador, no cumple con la capacidad técnica y operativa, decide contratar los servicios de atención en salud, con dicha entidad, para pescar en rio revuelto, y asegurar la concreción de una eminente glosa asociada a la incapacidad del prestador, cuyo recurso glosado regresa a las cuentas financieras de la EPS, sin la más mínima posibilidad de resarcir al afiliado, quien al final resulta siendo la víctima, y en el peor de los casos, termina haciendo parte de la lista de fallecidos derivados de la falta de oportunidad y calidad en el servicio de atención en salud. Por su parte, el estado, bajo el concepto de la buena fe, exhorta a las EPS, para que contraten la prestación de los servicios médicos, en su mayoría, con la red pública, y las EPS, a pesar de conocer el estado crítico de las E.S.E. acceden a contratar dichos servicios, exponiendo a los afiliados a una atención con muchas falencias. La inobservancia y la paquidermia del ministerio de salud, frente a la creciente crisis de las E.S.E., ha llevado tal situación, a un punto en que, va a ser necesario sobreponer la salud y la calidad de vida del afiliado, sin la más mínima posibilidad de sacar adelante algunas E.S.E. que por su condición, sería más viables la opción de ser liquidadas. Existen muchas E.S.E. con pasivos enormes, y deudas impagables que superan toda capacidad de gestión para el saneamiento fiscal, para estos casos, las EPS deben pronunciarse y realizar una auditoria seria y profunda que tenga muy en cuenta la capacidad operacional del prestador frente al número total de afiliados contratados con otras EPS, para demostrar la inconveniencia de realizar los contratos de referencia en virtud de la exposición y el riesgo al que se somete al usuario. Como ya lo he expresado en otros artículos, al final, son las EPS, quienes manejan los recursos asociados a la atención en salud de los ciudadanos, razón por la cual, las EPS, en pro, de garantizar un servicio oportuno y de calidad, podrían optar, por elegir un prestador que reúna las condiciones de suficiencia, para dar respuesta a la prestación de un servicio de salud optimo, tal cual se lo merece el ciudadano. Por su parte, las E.S.E., deberían ser gerenciadas por personas competentes, con formación administrativa y con vocación social, para ello, se deberían establecer mecanismos de selección que obedezcan a elección por idoneidad, a través de concursos por méritos y experiencia, sin la injerencia de los gobernantes de turno. En consecuencia, al gobierno nacional, le corresponde restructurar la dinámica operacional y financiera, para que se garantice la autonomía de los gerentes, evitando la supeditación de la gestión administrativa a las decisiones y/o actuaciones de las entidades territoriales. Es preciso aclarar que, los gerentes, una vez posesionados, deberán asumir el compromiso adquirido frente a la gestión autónoma que desempeñen, para lo cual, las secretarias de salud de sus respectivas jurisdicciones, seguirán realizando acciones de inspección, vigilancia y control en los aspectos, técnicos, administrativos y misionales de la institución, pero, dicho seguimiento, deberá realizarse con mayor rigurosidad, y las faltas administrativas deberían ser repetidas directamente al gerente, quien deberá responder fiscal y penalmente por los hallazgos de referencia. Los gerentes, deberían plasmar en una plataforma abierta al ciudadano, un plan gerencial que se construya de cara a los intereses de la ciudadanía, y que incluya indicadores que permitan hacer un seguimiento oportuno de la gestión adelantada, para que los entes de control puedan semaforizar las tendencias administrativas y ejerzan una actuación oportuna y reactiva frente a la posible presencia de faltas administrativas o de carácter misional.

Hoy 15 de Octubre es un día muy especial, pues celebramos en el mundo entero el "día internacional de las mujeres rurales" y como hijo de una mujer campesina me siento muy orgulloso de proceder de esas entrañas y arraigo y por supuesto valoro y admiro profundamente a todas esas mujeres valientes, luchadoras y esforzadas, quienes desde hace muchos años han velado por el sostén de sus familias, el desarrollo del campo, la seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza. Bendiciones infinitas y muchas FELICIDADES A TODAS!! #díainternacionaldelamujerrural #yoamociénagadeoro

Hace décadas que el Caribe colombiano viene sufriendo con el abuso de los operadores del servicio público de energía sin que ninguna autoridad haya intervenido o dispuesto solución alguna. Las inconformidades son múltiples; en primer lugar lo ocupa la pésima calidad de la prestación del servicio con las crónicas interrupciones injustificadas y con el aparente "mantenimiento" que dicen hacer. En segundo lugar los excesivos costos tarifaríos impuestos al usuario, Afinía cuando no cuadra su abuso en la cantidad "aparente" de kilovatios consumidos, lo hace en el valor del mismo kilovatio, con esta "malévola estrategia" ellos nunca pierden. Frente a esta problemática en días pasados el presidente Gustavo Petro conminó a estos operadores para que bajasen las tarifas y ellos se comprometieron a que para este mes de octubre lo harían, lo que no se esperaban los usuarios es que la tal rebaja no superó ninguna de las espectivas y fue tan solo del 3 o 4 % cuando mucho. Esta acción de los operadores hoy tiene indignada a la Ciudadania en geraral, pues ellos creen que nuevamente Afinía "les bailo el indio". En este sentido las comunidades del Caribe Colombiano antes de llegar al reclamo por las vías de hecho, le solicitan comedidamente al presidente de la República, Gustavo Petro a que nuevamente les exiga el cumplimiento real de lo comprometido en hacer una rebaja sustancial de lo facturado mensualmente en los servicios de energía eléctrica, pues es inaudito e injusto que los usuarios del servicio público domiciliario más ineficiente y costoso en Colombia tengan que dejar de comer por pagar el abuso tarifario del operador AFINÍA.

El Pacto histórico ha sido la propuesta política más audaz en toda la historia de Colombia, pues la izquierda y los partidos alternativos apesar de que se habían alcanzado algunos logros dispersos en algunas regiones, a nivel Presidencial la cosa nunca había podido cuajar. Es así como ya lo habían intentado en forma separada el nuevo liberalismo, la Unión patriótica, el polo democrático y la Colombia humana sin lograr alcanzar el sólio de Bolivar. Para el 2018 no obstante de que Petro estuvo muy cerca, el Uribismo en cabeza de Duque lo superó por más de 2 millones de votos. Con esta lección aprendida durante el ejercicio político de décadas, tenía que proponerse una estrategia política de mayor "participación y unidad" surgió entonces el "pacto histórico" como un acuerdo político entre alternativos de pensamientos distintos pero con una coincidencia sobre lo "fundamental".... el Cambio! Es así como el pasado 20 de julio y 7 de agosto se posesionaron por primera vez en la historia política de Colombia, el mayor número de congresistas alternativos y un presidente de las bases populares. Hoy la tarea es dura y toca en primer lugar construir la gobernabilidad y con ello aprobar las reformas que garanticen las condiciones necesarias para que la inmensa mayoría del pueblo colombiano alcance la vida digna que anhela. En segundo lugar conformar un gobierno que logre llevar a las distintas regiones las políticas y los recursos necesarios para disminuir las desigualdades y la pobreza en general. En tercer lugar, lograr entre todos los partidos alternativos y populares, un pacto que garantice el cambio de la forma de gobernar en las regiones y localidades y con ello asegurar que los recursos asignados por el gobierno de PETRO, lleguen a toda la ciudadanía de esa Colombia profunda y empobrecida. En este sentido, en Ciénaga de oro, nuestro pueblo y la tierra nativa del presidente de la República, la dirigencia politica del pacto histórico y en conjunto con todas las bases populares de los partidos progresistas y las diferentes organizaciones sociales de campesinos, indígenas, gremios académicos, profesionales, juventudes y comunidades en general, tenemos el "gran reto" de alcanzar el CAMBIO en lo local bajo la "premisa" de la coherencia y el pensamiento político construido en décadas por nuestro presidente GUSTAVO PETRO. Así las cosas, debemos invocar a la mayor movilización popular y política de la historia en nuestro pueblo, en busca de alcanzar un gobierno progresista y sobre todo bajo los principios democráticos y garantistas de la participación, la pluralidad, la diversidad e inclusión. Por consiguiente invitó a todos y a todas los miembros del pacto histórico de ciénaga de Oro, a estructurar bajo el diálogo y el concenso; El mecanismo, las estrategias, las acciones y las reglas que nos permitan construir y robustecer en "democracia" una opción política ganadora y con ello espantar cualquier asomo de práctica mediática y divicionista que lleve al traste con el gran logro político alcanzado hasta ahora y por supuesto con la posibilidad real de ser opción de gobierno local. UNIDOS SOMOS MÁS!! CIÉNAGA DE ORO, MÁS HUMANA E INCLUYENTE

En referencia a la posible abolición de las EPS, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: Las EPS administran recursos del estado para el manejo y concreción de los servicios de salud cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud establecido por el gobierno nacional. En ese orden de ideas, es el estado quien entrega los recursos para que las EPS lo administren, las cuales contratan a las IPS para que presten los servicios de atención en Salud. Por su parte, el estado; quien es el subsidiador de todo este proceso, podría, a consideración de sus dirigentes, asumir el rol de las EPS, construyendo un órgano ejecutivo adscrito al Ministerio de Salud, que se encargue de contratar la prestación de los servicios de salud con las IPS y a su vez, supeditar el pago de dichos servicios, a los juicios que por plena competencia han venido ejerciendo las entidades encargadas de las labores de inspección, vigilancia y control en el sector salud, en los distintos niveles del orden politicoadministrativo. Por sentido común, gran porcentaje de los recursos que el estado proporciona a las EPS, son invertidos en gastos de funcionamiento y proceso administrativos de dicha entidad, de igual manera, estas entidades no operan sin ánimo de lucro, razón por la cual, también obtienen utilidades por el ejercicio administrativo de sus funciones. A demás de lo anterior, existe cierta ambigüedad en la implementación de algunas intervenciones de las EPS con referencia a la destinación delos recursos financieros, uno de estos casos, sería el referente al manejo de las Glosas. Las Glosas, son deducciones que las EPS le realizan a la IPS por no cumplir con el total de las intervenciones y/o servicios contratados, según las EPS, el argumento de la glosa, obedece a que el prestador de servicios, que en este caso es la IPS, no cumplió con la realización de una actividad que en su momento debió afectar a cierta cantidad de población, sin embargo, la gran inquietud de esta situación apunta a que el usuario o paciente que no recibió la intervención, nunca es resarcido en su derecho a recibir dicha intervención, no obstante, el recurso financiero que debió subsidiar dicha intervención, regresa a las arcas de la EPS bajo la denominación de glosa, quedándose la EPS con el recurso que finalmente no fue invertido en la atención del paciente. En coherencia con lo anterior, las EPS podrían prevenir la reiteración de las glosas, ya que estás son autónomas y cuentan con herramientas que permitan realizar labores de auditoria dirigidas a las IPS, previamente a la contratación y adjudicación de obligaciones, para verificar que el prestador contratado cumpla con la capacidad técnica y operativa necesaria para asumir las obligaciones contractuales, y así tener la certeza de que no se producirán glosas o en su defecto serán de muy poca magnitud. Pero todo apunta a que el negocio de la EPS radica en la glosa, ya que termina quedándose con un recurso que es destinado para el ciudadano y que, por falencias de la IPS, es glosado para luego regresar a las arcas de la EPS sin la más mínima posibilidad e intención de resarcir al paciente que debió ser beneficiado con dicha intervención o servicio. Otra situación que aqueja y afecta gravemente a los ciudadanos, es la relacionada con la calidad y el acceso al servicio de salud. Anualmente mueren Miles de personas en el país, por causas asociadas a la calidad de la atención en salud, y mueren muchos Miles más por que no logran acceder oportunamente al servicio médico requerido. Los miles de fallecidos derivados de las falencias en la calidad y oportunidad de la atención médica, reflejan la incompetencia de las EPS para sostener la Salud del País, afectando la garantía del derecho constitucional al goce de la salud y el bienestar del ciudadano. Los recursos financieros, que se utilizan en el manejo y utilidades administrativas de las distintas EPS, podrían reunirse en una bolsa común para crear una entidad estatal, fortalecida administrativa e integralmente para el manejo directo por parte del estado , con la premisa de garantizar el derecho constitucional a la salud, cuya entidad deberá superar la capacidad técnica, operativa, infraestructural y administrativa, que actualmente podrían ejercer en conjunto, todas las EPS que operan en la jurisdicción nacional. Por su parte, así mismo, se debería crear en los niveles regionales, departamentales y municipales, unas sucursales unificadas, cuya capacidad instalada sea proporcional a los aspectos demográficos del departamento de referencia, y a la categoría de los respectivos municipios. En cuanto a la restructuración que requiere el aparato ejecutivo para asumir el rol que hoy ejercen las EPS, sería necesario contar con la intervención del ministerio de trabajo, para que se garantice la estabilidad laboral de las personas que actualmente trabajan operativamente en las distintas EPS, creando un concurso de méritos cerrado, dirigido a funcionarios de las EPS con prioridad de solicitud de vacantes de acuerdo a sus regiones y/o municipios de trabajo. Por otro lado, el estado, a través de su entidad unificada de manejo y regulación de la atención en salud; deberán realizar un diagnóstico de las distintas entidades prestadoras de servicios de salud (IPS), ya sean públicas o privadas, con el objeto de evidenciar los requisitos habilitantes y favorecer el afianzamiento de una prestación de un servicio con eficiencia, eficacia y total calidad, para lo cual, será necesario contar con herramientas tecnológicas e interactivas que permitan conocer en tiempo real, el grado de satisfacción del paciente y/o usuario. Las IPS públicas o privadas, que no cumplan con los requisitos mínimos de habilitación, tendrán un plazo definido por el ministerio de salud para que subsanen los respectivos hallazgos, cuyo plazo podría variar de acuerdo al grado de complejidad de loa hallazgos, pero en ningún caso dicho plazo para implementar el plan de mejoramiento podría ser superior a tres (3) años, durante el proceso de implementación del plan de mejoramiento, las IPS que no cumplan con los requisitos mínimos de habilitación, y que tengan la intención de seguir operando, deberian formalizar un convenio interadministrativo con IPS acreditadas que cumplan con los requisitos de habilitación y que demuestren poder asumir las funciones propias de su entidad, y de manera simultánea, las intervenciones y/o acciones que son objeto de subsanación en la IPS no habilitada. Estos convenios interadministrativos no podrán exceder la capacidad de funcionamiento de la IPS. Una IPS habilitada, solo podría realizar convenio interadministrativo con máximo tres IPS no habilitadas y por un término máximo de tres años, ya que las IPS no habilitadas, solo tendrán ese plazo máximo para acreditarse, de otro modo serán intervenidas y/o liquidadas por la supersalud. Vale aclarar que los cambios y restructuraciones al aparato ejecutivo del estado, se deben realizar con el único objeto de mejorar las condiciones de vida del colectivo, razón por la cual, es necesario analizar todas las falencias del servicio de salud que sistemáticamente se presentan en la actualidad, para que la restructuración de dicha entidad obedezca a la solución de la problemática definida para mejorar la calidad y oportunidad de la atención medica requerida a gritos por la población colombiana.

Sería una gran noticia, confirmar que, las Asociaciones Campesinas podrían ser las principales beneficiarias, en la entrega de tierras que este gobierno ha planteado de manera muy reiterativa. No obstante, se deben tener en cuenta algunas consideraciones al respecto, tales como; la caracterización de algunas personas con raíces campesinas o que siempre han vivido de la actividad agropecuaria, y que, por diversas razones, actualmente no poseen terrenos propios para la siembra o para la cría. Este segmento de personas que viven del campo, que no tienen tierras, y que, en su mayoría, abarcan a distintas agremiaciones, como: jornaleros, vaqueros, criadores de bestias, ordeñadores, cocineras de fincas, criadoras de aves de corral, cultivadores de hortalizas, matarifes, ordeñadores, capataces, cazadores silvestres, y demás perfiles relacionados con actividades conexas al desarrollo económico del campo y del agro. Podrían ser potenciales beneficiarios de tierras para la explotación del campo. Por otro lado, las asociaciones campesinas, en principio, surgen por la asociatividad de pequeños productores (en su mayoría, propietarios de pequeñas extensiones de tierra), que deciden asociarse para incrementar sus producciones, intercambiar conocimientos, aunar esfuerzos, adquirir competencias con fines comerciales, y mantenerse a la altura de la dinámica agro empresarial que se genera en los territorios. Paradójicamente, últimamente, se están formando asociaciones de campesinos, que no tienen tierras, pero que cuentan con los conocimientos ancestrales, con la vocación de la actividad del campo y con las ganas de progresar, sin embargo, no sería aplicable, la figura jurídica que los caracterice como asociación campesina, debido a que no cuentan con el terreno y/o espacio físico que les permita surgir autónoma y mínimamente, dentro una actividad campesina. Es posible que, la inexistencia de una forma de organización que favorezca el reconocimiento de las agremiaciones que viven del campo y que no poseen tierras, ha ocasionado que surjan las asociaciones de campesinos sin tierras, debido a que existe la necesidad sentida de conservar la vocación ancestral de la actividad agropecuaria, y la esperanza de que dicha vocación sea tenida en cuenta por el gobierno central, para hacerlos participes de los programas de desarrollo rural que se pretenden implementar a raíz de la reforma agraria que se prevé. Por su parte, estas agremiaciones que, ancestralmente han vivido del campo, y que son parte de la dinámica de desarrollo agropecuario del país, deberían ser tenidas en cuenta, para que se organicen asociativamente, y sean distinguidas, como asociaciones campesinas sin tierras. en coherencia con las iniciativas del actual gobierno, concerniente a la reactivación del campo en el marco de la producción auto sostenible, sería pertinente priorizar el beneficio de la entrega de tierras, a este tipo de agremiaciones, ya que poseen un carácter intrínseco como merecedores de dicho beneficio y podrían garantizar la explotación eficiente del territorio en virtud de su vocación productiva y conexidad con la actividad agropecuaria. La asociaciones campesinas que ya tienen tierras, deberían ser fortalecida en los aspectos complementarios que permitan, mediante su asociatividad, expandir su capacidad de producción y asegurar la comercialización de sus productos, para estabilizar la actividad productiva y la economía del territorio, pero los campesinos que no tienen tierras, deberían tener un marco legal diferenciado que propenda por una figura jurídica de asociatividad que obedezca a la realidad de sus condiciones, y que logre generar desarrollo en los múltiples aspectos relacionados con las actividades que se ejercen en el campo, en medio de la carencia de la tierra. El abordaje de las asociaciones campesinas sin tierra, debe ser tenido en cuenta desde el punto de vista de la proactividad, en el marco de las políticas sociales del emprendimiento comunitario, a través de un trato especial, que les permita a estas organizaciones, la eliminación de barreras tramitológicas, como el cobro por registros ante cámara comercio y DIAN. Así mismo, la actividad principal de las asociaciones campesinas sin tierra, deberían estar encaminadas a la consecución del espacio físico (predios) que les permita explotar la tierra alineadamente con su vocación productiva, pero también, deberán ser partícipes de espacios formativos y programas sociales que estimulen la proactividad y la cultura empresarial, para que dicha asociaciones, se constituyan como una herramienta para acceder a servicios del estado que respondan a la necesidad del asociado. Las asociaciones de campesinos sin tierras, deben ser una alternativa de solución a la crisis que actualmente viven las agremiaciones que viven de la actividad agropecuaria, que desean mejores condiciones de vida, y que se reúsan a abandonar su vocación ancestral dentro de la actividad campesina.

Durante muchos años, los administradores de turno, una vez electos, se creían con las facultades suficientes para asumir autónomamente la planificación de sus territorios en virtud de haber sido electos popularmente. Los mandatarios no entendían que, solo eran elegidos como representantes de los territorios, y que la toma de decisiones de alta transcendencia, seguían estando a la merced del pueblo, ya que en ultimas, el objetivo de las administraciones territoriales, debe estar supeditado a la satisfacción del colectivo, al desarrollo de los territorios, a la reducción de brechas y a la justicia social. Atendiendo a lo anterior, la ley 152 del 1994, ratifica en su contexto, la importancia de la planificación y el rol de la participación ciudadana en la construcción de los planes de desarrollo. Planificar, siempre es importante, por ello, los administradores de los territorios deben brindarles toda la dedicación a estos procesos, con el objetivo de crear un documento marco, que responda a la verdadera necesidad de los territorios y que, por ende, genere la satisfacción del colectivo. Un plan de desarrollo errado y en contravía con la tendencia socioeconómica de la comunidad, solo agudiza los traumatismos sociales, altera el desarrollo de los territorios, promueve el detrimento patrimonial, y finalmente, genera insatisfacción por parte de la ciudadanía. Es válido anotar que, como garantía a la planificación alineada con el sentir ciudadano, es necesario crear los espacios de interacción con la comunidad, espacios de verdad, donde asistan todos los ciudadanos que quieran aportar a la construcción de dichos planes. Las Administraciones Territoriales, deben trazar cronogramas amplios y suficientes, que permitan el abordaje de una metodología definida que promueva la retroalimentación comunitaria y la elaboración de líneas de acción enmarcadas en los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales, antropológicos, y todos los que sean necesarios para la consolidación de una planificación responsable. Los planes de desarrollo dirigidos a los territorios, son exitosos, en la medida, en que logren sinergizar con la población del territorio respectivo, de otra manera solo incrementaría los choques sociales y no respondería a la resolución de los problemas que actualmente se presentan. Un plan de desarrollo que no logre solucionar los problemas del territorio, y que, por el contrario, incremente la problemática de referencia, solo podría traducirse, como un cumulo de recursos y tiempo perdido, razón por la cual, el gobierno nacional, debería asociar procesos de responsabilidad fiscal a los administradores que, por restarles importancia a la participación ciudadana, se atrevan a formular planes para el pueblo, desde sus escritorios, sin percibir la responsabilidad en el manejo de los recursos financieros en virtud de las prioridades dilucidadas por la comunidad. A raíz de lo anterior, es necesario que se ajusten los procesos de control ciudadano ejercido por las comunidades, y que se reglamente la rigurosidad y supremacia de los procesos de revocatorias de mandato, como medida crucial, en apoyo a la soberanía del pueblo frente a ejercicio del control social y administrativo de los territorios. El derecho a revocar, debería ser tan trascendental, como los es, el derecho a elegir y ser elegido, ya que poseen un carácter plenamente democrático, razón por la cual, en un estado democrático, sería inaceptable que, desde el aparato ejecutivo, bajo el silencio del aparato judicial, se obstaculicen y/o desvirtúen los procesos de revocatoria a los cargos de elección popular. Este nuevo gobierno, ha mostrado total coherencia con las acciones del ejercicio democrático, y ha transmitido, en su actuar administrativo, la importancia del pueblo frente a la toma de decisiones, de igual manera, ha logrado crear en la ciudadanía, un ambiente incluyente que estimula a las comunidades, cada vez más, a participar de los espacios de concertación, que para tal fin, se han definido. Este gobierno, ha comprendido que, la democracia inicia en los procesos de elección, pero continua en los procesos de planificación, para la toma de decisiones administrativas que respondan al abordaje responsable de las líneas de acción que se definan para los fines respectivos, es por ello que, aplaudo totalmente, la implementación de “Los Diálogos Regionales Vinculantes” La elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, dirigido para el pueblo y construido por el pueblo, constituye una iniciativa, que, en principio, garantiza el acierto en la elección de los problemas e intervenciones, y en otro aspecto, recrea en la ciudadanía, un panorama muy amplio en virtud de los roles y aportes de las organizaciones comunitarias frente al tratamiento de dichas problemáticas. Todo lo anterior, en conjunto, propicia la vinculación entre el Pueblo y el Gobierno Nacional, creando la sinergia necesaria que durante muchos años ha estado ausente en los modelos de gobiernos antecesores, y que posiblemente, serian la clave para la consolidación de una Paz duradera y un estado prospero. De igual manera, muy a pasar de, tener un presidente elegido por el pueblo, que actualmente está planificando su gobierno con el pueblo, y que muy posiblemente ejecute sus líneas de acción con acompañamiento asistido del pueblo, es preciso anotar que, el pueblo también tiene la obligación de responder al ejercicio de la dinámica administrativa que surja del Plan Nacional de Desarrollo, ya que, desde las comunidades, se debe extender la línea de poder territorial, a través de la elección responsable de los nuevos candidatos a cargos de elección popular en los territorios. Así mismo, la comunidad, debe comprometerse a actuar proactivamente, y cumplir con los términos de referencia que se establezcan en los programas socioeconómicos, culturales, ambientales, y demás, que se promuevan desde el nivel nacional, para generar desarrollo territorial desde la reconstrucción del tejido social y desde el enfoque diferencial.

Atendiendo a las iniciativas que apuntan al desarrollo agropecuario, y en virtud de la conexidad implícita desde el sector rural, se hace necesario articular acciones con el sector educativo, para afianzar la sostenibilidad de los procesos que se pretendan implementar en pro del progreso de los ciudadanos desde el sector campesino. Actualmente, la infraestructura educativa en las zonas rurales del país, poseen múltiples falencias, iniciando por la falta de conectividad tecnológica, escases de maestros, y las notables deficiencias en lo que respecta a la capacidad técnica y operativa instalada. Existe una percepción cultural que tiende a recrear una incompatibilidad entre las ocupaciones agropecuarias empíricas y la formación académica, razón por la cual, históricamente, los pobladores campesinos, han desestimado la escolaridad en el sector rural, demandando solo los conocimientos básicos asociados con la lectura, escritura y las operaciones básicas de las matemáticas. El gobierno nacional, en coherencia con los discursos relacionados con el surgimiento de una actividad agropecuaria sólida, suficiente y sostenible, tiene la tarea de fortalecer y sinergizar la escolaridad rural con la actividad agropecuaria. De acuerdo a lo anterior, se deberían fomentar programas educativos desde el sector rural que guarden relación con los aspectos culturales y con la vocación de la actividad campesina del entorno. Las instituciones rurales de bachillerato, deberían implementar áreas académicas dirigidas a la investigación agropecuaria y a la implementación de proyectos productivos del campo, con amplia formación en competencias administrativas y contables. A mi parecer, sería pertinente, utilizar a las escuelas rurales de primaria y bachillerato, como una herramienta, que permita la promoción de la actividad agropecuaria, y la sostenibilidad de esta actividad productiva a lo largo del tiempo, razón por la cual, desde el abordaje educativo a los infantes, se podría asegurar la continuidad del progreso a través del fortalecimiento tecnológico y la implementación de acciones secuencialmente innovadoras en el área de la producción y explotación de la tierra. El trabajo articulado, desde el gobierno nacional, administraciones locales, sector empresarial y la comunidad campesina, lograria afianzar el progreso de las regiones, y este progreso, se constituirá en el estímulo que los campesinos requieren para dar continuidad a sus actividades productivas desde el campo. Así mismo, es necesario crear escenarios que conforten satisfactoriamente la residencia de los campesinos, garantizando el acceso de los servicios básicos necesarios a fin de satisfacer el goce de un estilo de vida digno y suficiente para la comunidad campesina. Asegurar un entorno saludable desde la ruralidad, es un paso fundamental para establecer una paz total y duradera, donde se puedan implementar programas que fortalezcan la solides del tejido social y aseguren la autonomía de la seguridad alimentaria del entorno. A nivel regional, se podría crear un mapa de producción potencial agropecuario, que vincule los sectores rurales con la demanda alimenticia de las ciudades más cercanas, para realizar un ejercicio que nos permita establecer el impacto del sector rural en la sostenibilidad de la seguridad alimentaria regional, con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades de la suficiencia productiva del sector agropecuario. Sectorizar el potencial de producción de la tierra en coherencia con los aspectos culturales y la vocación productiva del territorio, nos ayudará a definir los programas de apoyo rural desde el enfoque diferencial, y a semaforizar los indicadores que nos permitan ajustar actuaciones administrativas en consenso con las bases comunitarias y asociaciones campesinas organizadas desde la ciudadanía. Las políticas, los planes, los programas y proyectos que se gesten desde los distintos niveles de la administración territorial, deben guardar total coherencia, y su implementación, debería estar articulada con el plan de educación de las instituciones rurales, para que se pueda generar una retroalimentación permanente entre la formación e investigación científica de la actividad agropecuaria, y la aplicación de los procesos de innovación que se deriven del área de referencia para el fortalecimiento y avance de la producción respectiva. En consecuencia, las instituciones educativas rurales, serán el motor que permita afianzar el desarrollo sostenible de la actividad agropecuaria del sector, convirtiéndose en un aliado para el favorecimiento de las asistencias técnicas y científicas que requieran los productores de la zona, para la implementación de prácticas productivas, y para la adopción responsable de tecnologías que aumenten la producción respectiva. Desde las instituciones educativas, también se pueden implementar programas formativos para el fortalecimiento de las escuelas de padres, en pro del mejoramiento de la convivencia en familia y en comunidad, así mismo se podrían abanderar programas de tipo ambiental, cultural, deportivo, y los que, a juicio de las comunidades, se crean necesario para solucionar los determinantes sociales que puedan ser abordados desde la educación asistida, y desde la escolaridad hacia el contexto social. Es preciso anotar que, en virtud de cumplir con las responsabilidades sociales desde la institución educativa, es necesario que éstas, sean fortalecidas con el recurso humano idóneo y suficiente que responda a las necesidades de solución social que arrojen los diagnósticos y/o caracterizaciones, previamente elaboradas en el territorio. Los aportes financieros que actualmente se deberían ejecutar en los territorios, para acciones relacionadas con la asistencia técnica, podrían ser liderados desde las instituciones educativas rurales, al igual, que cualquier otro plan de beneficios que el gobernó nacional pretenda ofrecer al sector campesino. De igual manera, los alumnos de instituciones rurales, que deseen formarse en áreas distintas a las relacionadas con el campo y la producción agropecuaria, podrían acceder a los programas de educación superior que el gobierno ofrece para tal fin.

El modelo de gobierno que se pretende implementar en esta vigencia administrativa, muestra diferencias muy marcadas con los modelos tradicionales, más aún, en algunos temas relacionados con el abordaje socioeconómico de los territorios, y demás políticas que se venían implementando durante las pasadas administraciones, es por ello, que debemos ser muy cuidadosos, con referencia los procesos de transición hacia el nuevo modelo de gobierno que hoy se empieza a regir desde el nivel central. Las políticas de este gobierno, apuntan al empoderamiento y surgimiento de las bases comunitarias en los aspectos relacionados con la administración de los territorios y el abanderamiento de algunas líneas de la economía territorial. Por su parte, también se pretende grabar impuestos a los sectores empresariales de mayor solvencia en el país, para crear programas sociales, que propendan por la organización y el surgimiento de las bases, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población con escasos recursos. La idea de grabar con mayores impuestos a los sectores productivos de mayor solvencia, para subsidiar líneas de acción que promuevan el surgimiento de las bases comunitarias y de los más vulnerables, seria formidable, en la medida, en que las bases respondan con las expectativas del gobierno nacional. Los traumatismos que sufriría el sistema productivo del país, a raíz de la transición que se pretende implementar desde el gobierno nacional, generan un gran riesgo para la economía del entorno, razón por la cual, los ciudadanos que hoy no tenemos oportunidades, debemos comprender el riesgo que está asumiendo este gobierno, al superponer las políticas de gobierno comunitario frente a los posibles efectos colaterales que dichas políticas podrían ocasionar en el sector empresarial que actualmente opera en el país. Es necesario que el ciudadano comprenda, que el gobierno nacional, está creando escenarios más justos, para facilitar la inclusión de los sectores menos favorecidos, proporcionando oportunidades de desarrollo a las comunidades, quienes, empoderadamente, podrían asumir la responsabilidad de contribuir al país, con capacidad de trabajo y generación de desarrollo, propendiendo por un entorno próspero y una vida digna. Lo anterior aplica para facilitar la inclusión social, fortalecer el desarrollo comunitario, dignificar el trabajo, disminuir brechas para contribuir a un ambiente de equidad, afectar positivamente los determinantes sociales acentuados en los territorios y favorecer la justicia social, pero son acciones, que en principio, podrían estar dirigidas a organizaciones familiarizadas con la cultura productiva, tales como, pequeñas empresas y/o agremiaciones que no han podido surgir por falta de oportunidades, a razón de los impedimentos que se presentan actualmente para una competencia comercial con equidad. El gobierno nacional, también debe comprender que la mayoría de las organizaciones de base y los ciudadanos de a pie, no están capacitados para asumir los roles administrativos, que pudieran, en algún momento, ser encomendados, ya que el sistema, durante muchos años, ha creado en ellos una cultural asociada al rol de empleados formales o informales, que se limitaron a su papel de subordinados. Es por ello que, frente a la transición del modelo de gobierno, se debe, necesariamente, educar a la población y sensibilizarla para que comprendan, que de ellos depende que, las iniciativas que el gobierno nacional pretende crear, sean exitosas o no. Un ejemplo de lo anterior, sería el tema de los fertilizantes y alimentos de cría para el sector agropecuario. Para ello el gobierno nacional podría realizar intervención y/o regulación de precios a las empresas productoras de tales insumos, a riesgo de generar afectaciones en dicho sector empresarial, pero el sector campesino y los pequeños productores del agro, al acceder a dichos beneficios, podrían aumentar la producción, para el sustento propio y del entorno, o bien, podrían utilizar dichos insumos para comercializarlos fraudulentamente con los grandes productores, sin generar desarrollo para el entorno. El anterior ejemplo, refleja la importancia de educar y sensibilizar a todos los sectores que podrían llegar a recibir beneficios que nunca antes habían recibido, o que empezarían a asumir roles que anteriormente no ejercían, pero que, de dicho desempeño y sentido de pertenencia, dependerá el éxito de la gestión que actualmente se está gestando desde el nivel nacional. También es preciso anotar que, las transiciones deben ser escalonadas y sensiblemente progresivas, ya que, como lo había expresado inicialmente, cualquier cambio drástico en las políticas productivas de un país, que ha venido asumiendo cierta línea ideológica durante muchos años, podría crear traumatismos asociados a conflictos de intereses, pánico económico, y demás eventos que podrían agudizar la recesión económica. Es por ello que, el gobierno nacional, en coherencia con la ruta que ha trazado para iniciar el proceso de transición respectivo, debería enfatizar en la exposición cronológica de sus actuaciones, para que sean comunicadas al ciudadano, dejando claro, que las ideas de cambio que se expusieron en los discursos de campaña, no se pueden realizar de la noche a la mañana, y que el éxito de estos, depende, en gran parte, de la predisposición del pueblo para asumir con responsabilidad y absoluto compromiso, cada uno de los retos conexos a la adopción e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos que se generen desde el nivel nacional para tal fin. Es necesario reconocer que, el aparato productivo que opera actualmente en el territorio nacional, con todas sus falencias y presuntos atropellos contra el sector civil, ha sido, quien, desde hace mucho tiempo, ha asumido la responsabilidad de sostener al país, y a ello debemos, lo bueno y lo malo que hasta hoy tenemos frente a nuestras narices. Por ello, en virtud de abordar una transición responsable, debemos realizar un desescalamiento asistido de la actual dinámica productiva del país, y simultáneamente, realizar una etapa de preparación de los sectores menos favorecido, para que se organicen y se fortalezcan con las competencias suficientes para asumir la Proción de responsabilidad que gradualmente se irá transfiriendo desde el antiguo modelo de gobierno, y así, mitigar las afectaciones, que inevitablemente se generarán, frente a los cambios establecidos por el gobierno nacional. La humildad de este nuevo gobierno, nos da un parte de confianza, para creer que, se realizará un análisis del panorama socioeconómico del país, en donde se concluirá sensatamente, sobre la decisión de continuar con las políticas de gobierno que han demostrado generación de desarrollo, y eliminar las actuaciones administrativas que, inescrupulosamente, se habrían trazado para el favorecimiento de intereses particulares. A mi parecer, la mejor forma de desescalonar la dinámica socioeconómica que actualmente sostiene al país, no es precisamente, cercenando al sector, que bien o mal, nos ha sostenido durante todos estos años, más bien, el gobierno nacional, debería enfocar los ideales de gestión, en el fomento y creación de las condiciones que permitan el surgimiento de los pequeños productores; el fomento de una política solida e integral, dirigida a la recuperación del tejido social; una política dirigida a eliminar las barreras de la educación en todo el territorio; una política dirigida a la inclusión de los pequeños y nuevos emprendedores; una política de asistencia técnica y subsidios altamente sustanciales, dirigidos al sector campesino y del agro; una política que logre crear nuevos espacios y/o polos productivos en coherencia con la diversificación de la actividad empresarial y la diversidad de materias primas presentes en el territorio; una política tendiente a la eliminación de barreas comerciales que actualmente han monopolizado y politizado, el acceso y la libre competencia del sector empresarial, en pro del favorecimiento al sector micro empresarial de poca experiencia y capacidad financiera. En un país tan amplio, con condiciones envidiables por los países que hoy son potencias mundiales, deberíamos detenernos, para replantear la dinámica productiva, realizando un ejercicio elemental de debilidades y fortalezas, concluyendo con ajustes pertinentes, que tiendan a empoderar los sectores menos favorecidos, organizándolos y educándolos, para que emprendan, con la producción de bienes o servicios que, potencialmente, pueden ser abanderados por nuestro país, y que actualmente no estemos comercializando a gran escala. En un país tan diverso como el nuestro, podríamos ceder a ese sector de la población colombiana, que hoy está desprotegido, la responsabilidad de iniciar una cadena de valor que concluya en la exportación de productos, bienes, o servicios que actualmente no se están liderando en el país, pese al carácter potencial de idoneidad y condiciones para abanderar dichas líneas productivas, para constituirse como potencia internacional en el sector respectivo. Resulta inadmisibles que, países extranjeros, hayan reconocido nuestras potencialidades, y desde nuestros territorios y con nuestros recursos, estén produciendo y exportando desde nuestro país, mientras que los oriundos del territorio, estén sufriendo los vejámenes de una crisis económica que pudo haber sido evitable. Es hora que el gobierno nacional, restablezca los derechos de los colombianos, y se encamine a la adopción de una política productiva, con potencial de exportación, cuyo abanderamiento se geste desde la articulación de pequeños productores, dirigidos por entidades gubernamentales que apoyen subsidiariamente al sector de referencia, y solidifiquen una plataforma comercial, que afiance la provisión de la logística y la infraestructura que sostenga los procesos de referencia, e impulse sustancialmente los indicadores de desarrollo en el país. El gobierno nacional, podría organizar y desarrollar asistidamente, cada uno de los sectores que intervendrían en las distintas etapas de la cadena productiva de los bienes, productos o servicios a distribuir tanto en el ámbito nacional como internacional, abarcando a cada uno de los actores, desde la siembra, cría o manufactura del producto, pasando por la logística de acopio, distribución y comercialización internacional. Para ello, se deberían formar agremiaciones y empresas de economía mixta por cada línea de producción que se defina en el gobierno, según el análisis previo de potencialidades y viabilidad de los negocios. El consenso político y la concertación entre los sectores representativos de la economía nacional, son puntos obligatorios a suplir, debido a que existen factores asociados a la solides e independencia del sector empresarial del país, a la cobertura del sector privado en la dinámica productiva del país, y a la dinámica democrática enmarcada en nuestra carta política, que bien, podrían favorecer u obstruir las pretensiones del gobierno nacional, dependiendo del abordaje y de la negociación en dichos consensos. Un punto muy acertado del gobierno, ha sido el referente, al reconocimiento de la importancia de la unidad para construir, este, ha sido un gobierno modesto e incluyente, dado a las negociaciones, con argumentos sólidos, orientados a la justicia social y a la soberanía auto sostenible del territorio, razón por la cual, sus seguidores de campaña y adeptos ideológicos, deberían avalar la idea de un cambio, en conjunto con sectores de la oposición y de la independencia, ya que al final, todos estamos en el mismo territorio, y todos nos merecemos un país en paz, donde nadie sobra.