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El próximo #15N inicia un proceso nuevo para la sociedad colombiana: se abre un momento de aprestamiento para las reformas, transformaciones y cambios que supone el mandato de gobierno 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'. El fantasma de la ingobernabilidad merodea la tranquilidad progre. El Pueblo colombiano ha eclosionado en la República señorial, el gobierno lleva un ritmo prágmático y constante, y en algunas semanas de labores ya ha producido consensos que antes nos parecerían de idilio. La oposición ha encontrado ya un lugar de aprestamiento también, luego del 'knock out' que supuso la perdida de su hegemonía como cabeza de gobierno. En una columna pasada sugerí esta juntura entre estoicismo y hedonismo, entre pragmatismo y utopismo, entre progresismo y populismo, entre Pueblo y Nación, País y Patria, como impulsora de la apertura imaginativa-política que supone el 'momento progre'. Luego de algunas semanas de gobierno y ante la convocatoria a la Movilización del #15N, percibo un cambio de momento: vamos hacia un aprestamiento de las trasnformaciones sociopolíticas que elegimos. Eso supone encontrar un punto de equilibrio entre movilización y ejecución, entre 'imaginación política' e implementación de políticas públicas, y entre Pueblo, Nación y República a mediano plazo, de tal suerte que se puedan expresar las inconformidades de la ciudadanía y las voces de los opositores, pero se mantenga un ritmo de gobernanza favorable a la implementación. Llamemosle temporalmente 'equilibrio socio-ejecutivo'. Sin embargo no es tan sencillo como 'dejar gobernar a los que ya elegimos', pues ese razonamiento hace parte de un falso dilema. Lo importante a considerar en esto no es qué tanta lubricación social pueda darle la ciudadanía a la agenda de gobierno, pues el apoyo lo tiene, no debería dudarlo. El asunto se vierte mejor sobre una superficie no propiamente política, llamemosle 'infrapolítica' y 'ultrapolítica', como regiones extensas de una realidad tangente a la política y que la configuran a ésta. Allí el problema del equilibrio supone una apertura imaginativa, un 'diálogo interdimensional' y una pragmática casi artística de la política, un 'ars politica'. Todo ello supone aprestamientos en la praxis, pero también en la consciencia, la inteligencia y la sintiencia como especie, incluso aparte de la identidad patria y su colonialismo criollo. Más bien desde la paradoja de la universalidad como especie, en la que ninguna de nuestras fómulas es la mágica para reformar la sociedad, sino desde una disposición genuina de solución, en la que reconocemos que a muchos de los problemas que afrontamos en el momento no les sabemos solución definitiva, y entonces merecen nuestros mejor esfuerzo, y no menos. Además media en esto un mecanismo ideológico que afecta aspectos centrales del aprestamiento desde la imaginación: la presencia fantasmagórica de la ingobernabilidad nos pone nerviosos para romper algunas hegemonías, pues para llegar a ser gobierno primero debimos ser ingobernables, paradoja de toda revolución que ha pasado desapercibida ante el idilio que supuso una tan ansiada victoria. Esta fantasmagoría afecta la imaginación, la coloniza e inhibe de lo nuevo y universal, dejando a los expertos y profesionales, quienes ejecutrán y diseñarán las políticas públicas, con lo que ya saben hacer como instrumental único al cual acudir para resolver una situación que empero es extensamente novedosa. Aunque en el gobierno, seguimos pensando en el esquema dual de opositor-gobernante, y no en el tripartido de co-gobierno-pueblo-republica u gobierno-opositor-sociedad veedora, esquema que es el que de hecho se desarrolla desde la victoria electoral. Seguimos en el esquema dual al afanarnos por el pragmatismo de quien usa un instrumento que no le pertenece, y debe hacerlo por un tiempo limitado. Ese instrumento no es otro que la República, o mejor, su tercera parte más o menos. La inercia del esquema dual lleva a introducir el afán del verdugo para solventar las necesidades del pueblo, de esa manera imponemos un ritmo que afectará el equilibrio antes sugerido. Un ejemplo de esto es la dificultad que supone la implementación de una política de transición energética, fundamentada en la autonomía energética y en la utilización de fuentes cuyos retornos energéticos sean no solo superiores a los de la energía fósil industrializada, sino cuya huella ecológica sea menor y sean fácilmente renovables. Tarea nada sencilla que Dinamarca no hubiera logrado si hace cuarenta años en una coyuntura comparable a la actual, no se hubiera decidido por aportar no menos del 5% de su gasto sectorial en ello. No va suceder de la noche a la mañana, así que estos problemas no sirven al pragmatismo militante que ya se afana por resultados inmediatos de los 'primeros cien días'. Ningún cambio serio en esta materia va tomar cien días. Similar ocurre con las políticas que puedan destrabarnos de la 'Revolución Verde' en la agricultura. O la dependencia tecnológica de la industria colombiana, o la dependencia económica de la política de subsidios. Hay cuestiones de fondo y no de 'foto' que merecen ser consideradas en la lente de la coyuntura, es decir como pedacitos de futuro en el presente y por tanto pedacitos de presente y objetos de agencia inmediata. Si seguimos presionando por 'resultados', en una situación marcada por la presencia fantasmagórica de la ingobernabilidad, por la rectitud de las deciciones de gobierno en razón a la gobernabilidad, la confianza irracional en que por ser militantes de izquierda o profesionales en un campo 'ya sabemos lo que el país necesita', la desconfianza en las soluciones de futuro, orgánicas, y la desconfianza sobre el respaldo electoral ya refrendado, vamos a hacer menos del 40% de lo que realmente podemos hacer, y que además debemos. Con efectos no para solo para Colombia, sino para la humanidad. Por ello el momento de aprestamiento no puede conformarse con un diálogo intersectorial por participativo que éste sea, sino que requiere un 'diálogo interdimensional', entre aspectos y dimensiones difíciles de los problemas difíciles que nos propusimos superar como sociedad, en particular la violencia, la insolvencia y la demencia ecológica. Interdimensional para que los problemas se vinculen desde su realidad concreta que es multidimensional, y por tanto también objetiva, pues nuestra época lleva una sobrecarga de subjetivismo que las ciencias sociales apenas comienzan a remediar. Pero también requiere una apertura imaginativa para preguntarnos antes de diseñar la política si lo que estamos imaginando es realmente transformador y benéfico para la solución de esos problemas, o si simplemente es lo que ya sabemos hacer, en cuyo caso no debemos olvidar que contamos con el apoyo de millones de mentes y corazones, y con una apertura cultural tremenda en la mayoría de las sociedades humanas. El mundo entero entró en una fase revolucionaria y por eso a las élites no les queda más que la misma y vieja táctica de la primera guerra mundial contra la revolución alemana del 18, una guerra internacional que despoje el valor redistribuido luego de las luchas sociales post-2008, chantajee las alianzas progresistas e impida la llegada al poder de formaciones populares lideradas por la izquerda. Por último el momento requiere concebir a la praxis política como un 'arte', en la que hay que crear más que 'aplicar'. En la que el proceso mismo es parte de la obra y no simplemente su 'medio'. Un olfato que requiere aplicar sintiencia, inteligencia y consciencia, e introducir una pausa a la acción que permita armonizar el ritmo de implementación de las políticas, con la formación de nuevas relaciones de socibiliadad y ecología que están aún fuera de la imaginación de los ejecutores de la política. Se trata de un momento de aprestamiento, y por tranto de una situación en la que hay que 'sentar bases' más que cruzar metas. Una situación en la que nuestros líderes pudieran aprender una disposición últil del estoicismo, y que supone un cuidado permanente frente a la adulación, una economía política de la palabra para no caer en provocaciones, comprendiendo que aquello que imaginemos es imporante para lo que hacemos, puesto que lo habilita o lo recluye al universo de lo inefable. Pero en este momento sociedad y gobierno no tienen como inefable una transformación social y ecológica, al contrario esta es la columna vertebral del mandato que elegimos. Así que preparémonos para encontrar un equilibrio dinámico entre movilización e implementación que habilite la instalación de esas capacidades huamanas que van a redundar en el logro de la calidad de vida de la gente, y no tanto en la inercia de gobernabilidad que supone la dinámica apoyo-oposición, falso dilema frente a lo importante: la transformación de la República Señorial de tal suerte que no vuelva a dejar por fuera al Pueblo colombiano, y asuma la problemática económica y social que supone un nuevo régimen de relaciones ecológicas en nuestras actividades productivas y en la vida cotidiana. Por esta sencilla, eceptica y pragmática razón, este #15N debemos movilizarnos y cuidar este 'Co-gobierno del Pueblo en la República'.

En nuestro país, existen las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), las cuales, son entidades descentralizadas prestadoras de servicios de atención en salud que se rigen por el derecho privado, pero que hacen parte de una red pública, y en su mayoría, operan con recursos del estado. Por su parte, el estado reconoce a las E.S.E., como IPS Publicas, y en asocio con la razón social de las instituciones, les brinda el apoyo y la asistencia técnica necesaria para afianzar la adecuada prestación de los servicios, y la garantía del goce de la salud en las poblaciones respectivas. Las E.S.E, están distribuidas en casi todos los municipios del país, y prestan un servicio de vital importancia en todos los rincones del territorio nacional. Actualmente, existe un alto porcentaje de Empresas Sociales del Estado, que se encuentran en algún tipo de riesgo fiscal, de las cuales, un porcentaje significativo, se encuentra en riesgo alto. La situación de las E.S.E., causa gran preocupación, debido a que, el alto riesgo fiscal, trae consigo el decrecimiento de la capacidad técnica y operativa de la institución, así como, la falta de oportunidad y calidad en la atención que a diario requieren los ciudadanos. En los pueblos y provincias del país, existe la percepción colectiva de relacionar la salud de la población, con la estabilidad técnica y financiera de estas instituciones, razón por la cual, se recrea una preocupación colectiva, cada vez que se escuchan noticias sobre las condiciones administrativas y la estabilidad operacional de los hospitales locales. A pesar de que las E.S.E. son descentralizadas, curiosamente son dirigidas por gerentes que, prácticamente son nombrados a dedo por los gobernantes locales de sus respectivas jurisdicciones, los cuales, son designados por un periodo de cuatro años, y podrían repetir en su cargo, dependiendo de la calificación y aprobación por parte de la junta directiva, en cuya junta directiva, el presidente, resulta ser el gobernante local de referencia. La imposibilidad de ejercer autónomamente en una entidad “descentralizada” que realmente se encuentra bajo el control de la respectiva entidad territorial, es uno de los factores que, en muchos casos, han ocasionado la crisis financiera, ya que, en muchas ocasiones, las E.S.E. se convierten en las cajas menores de los gobernantes locales de turno, y sus objetivos son malversados para ponerlos al servicio de la burocracia y de los intereses de las familias que gobiernan. El hecho de que los alcaldes y/o gobernadores, sean los presidentes de las juntas directivas respectivas, y que, a su vez, sean los que, a discreción, seleccionan al gerente, logra dilucidar ampliamente el nexo político que se obtiene de dicho ejercicio. Tal vez la intención de la norma que precisó tales acciones, obedecía a la promoción de una actividad sinérgica entre los intereses de los gobernantes y el fin social de la institución, sin embargo, las estadísticas y la tendencia en el estado de éstas instituciones, reflejan todo lo contrario, y demarcan un crecimiento del número de Empresas Sociales del Estado en condiciones de alto riesgo fiscal, de las cuales, pocas logran recuperarse. Resulta paradójico, que la injerencia de los gobernantes, se acentúa en la toma de decisiones desde las juntas directivas y en el nombramiento de sus gerentes, pero es poca la obligación que la ley les asigna, en lo referente a la obligatoriedad de programar aportes con recursos territoriales para su fortalecimiento, ya que, para este último caso, se escudan bajo el argumento de que la entidad es “descentralizada”. El “agradecimiento” de los gerentes nombrados en las respectivas E.S.E., hacia el gobernante que los eligió, resulta ser mayor al objetivo de gerenciar con transparencia, eficiencia y calidad, razón por la cual, es imposible evitar que los intereses burocráticos permeen en la actividad administrativa. Sería muy pertinente analizar el impacto de la injerencia de los gobernantes locales en las decisiones y manejo administrativo de las E.S.E., ya que la tendencia de estas instituciones es cada vez más cercana a la quiebra, y cada vez son más, las instituciones que se suman a tal condición. Por ello debemos considerar dos escenarios: uno, seria que, las administraciones locales no son competentes para abanderar decisiones enmarcadas en la gestión y seguimiento administrativo de las E.S.E., y el otro escenario, sería que, las E.S.E., en virtud de la conexidad expresa con los gobernantes locales, han sido utilizadas para cubrir intereses ajenos a los que refiere su razón social. Al final, cualquiera que sea el escenario, solo refleja la inconveniencia de suscribir al ente territorial, una entidad descentralizada. Es muy lamentable, que en el país mueran anualmente, miles de personas, por factores relacionados con la oportunidad y la calidad del servicio de atención en salud, razón por la cual, no podemos continuar con el ejercicio de procesos administrativos, que contribuyan en gran medida, a la progresión de estos factores. Los intereses personales y el favorecimiento burocrático a personas incompetentes, solo agudiza la crisis del sistema de salud, poniendo en manos de personas insensibles, la estabilidad de un tema tan sensible. El rechazo social y la condena moral frente a esta situación, es indiscutible, ya que, cada vez que una persona muere en un hospital, por falta de un médico competente, por falta de un medicamento, por falta de una ambulancia, por falta de un equipo de reanimación, o por falta de cualquier bien o servicio que amerite una atención oportuna y/o de calidad, se constituye como un fallecimiento derivado de un gerente supeditado a los intereses de un gobernante local que decidió invertir los recursos del pueblo en acciones o actividades ajenas al fin social de la institución, dejando de lado el bienestar común y la justicia social que tanto urge a nuestros pueblos. Las EPS, deben asumir mayor responsabilidad frente a esta situación, ya que, algunas de ellas, de manera inescrupulosa, a sabiendas que el prestador, no cumple con la capacidad técnica y operativa, decide contratar los servicios de atención en salud, con dicha entidad, para pescar en rio revuelto, y asegurar la concreción de una eminente glosa asociada a la incapacidad del prestador, cuyo recurso glosado regresa a las cuentas financieras de la EPS, sin la más mínima posibilidad de resarcir al afiliado, quien al final resulta siendo la víctima, y en el peor de los casos, termina haciendo parte de la lista de fallecidos derivados de la falta de oportunidad y calidad en el servicio de atención en salud. Por su parte, el estado, bajo el concepto de la buena fe, exhorta a las EPS, para que contraten la prestación de los servicios médicos, en su mayoría, con la red pública, y las EPS, a pesar de conocer el estado crítico de las E.S.E. acceden a contratar dichos servicios, exponiendo a los afiliados a una atención con muchas falencias. La inobservancia y la paquidermia del ministerio de salud, frente a la creciente crisis de las E.S.E., ha llevado tal situación, a un punto en que, va a ser necesario sobreponer la salud y la calidad de vida del afiliado, sin la más mínima posibilidad de sacar adelante algunas E.S.E. que por su condición, sería más viables la opción de ser liquidadas. Existen muchas E.S.E. con pasivos enormes, y deudas impagables que superan toda capacidad de gestión para el saneamiento fiscal, para estos casos, las EPS deben pronunciarse y realizar una auditoria seria y profunda que tenga muy en cuenta la capacidad operacional del prestador frente al número total de afiliados contratados con otras EPS, para demostrar la inconveniencia de realizar los contratos de referencia en virtud de la exposición y el riesgo al que se somete al usuario. Como ya lo he expresado en otros artículos, al final, son las EPS, quienes manejan los recursos asociados a la atención en salud de los ciudadanos, razón por la cual, las EPS, en pro, de garantizar un servicio oportuno y de calidad, podrían optar, por elegir un prestador que reúna las condiciones de suficiencia, para dar respuesta a la prestación de un servicio de salud optimo, tal cual se lo merece el ciudadano. Por su parte, las E.S.E., deberían ser gerenciadas por personas competentes, con formación administrativa y con vocación social, para ello, se deberían establecer mecanismos de selección que obedezcan a elección por idoneidad, a través de concursos por méritos y experiencia, sin la injerencia de los gobernantes de turno. En consecuencia, al gobierno nacional, le corresponde restructurar la dinámica operacional y financiera, para que se garantice la autonomía de los gerentes, evitando la supeditación de la gestión administrativa a las decisiones y/o actuaciones de las entidades territoriales. Es preciso aclarar que, los gerentes, una vez posesionados, deberán asumir el compromiso adquirido frente a la gestión autónoma que desempeñen, para lo cual, las secretarias de salud de sus respectivas jurisdicciones, seguirán realizando acciones de inspección, vigilancia y control en los aspectos, técnicos, administrativos y misionales de la institución, pero, dicho seguimiento, deberá realizarse con mayor rigurosidad, y las faltas administrativas deberían ser repetidas directamente al gerente, quien deberá responder fiscal y penalmente por los hallazgos de referencia. Los gerentes, deberían plasmar en una plataforma abierta al ciudadano, un plan gerencial que se construya de cara a los intereses de la ciudadanía, y que incluya indicadores que permitan hacer un seguimiento oportuno de la gestión adelantada, para que los entes de control puedan semaforizar las tendencias administrativas y ejerzan una actuación oportuna y reactiva frente a la posible presencia de faltas administrativas o de carácter misional.

Sería una gran noticia, confirmar que, las Asociaciones Campesinas podrían ser las principales beneficiarias, en la entrega de tierras que este gobierno ha planteado de manera muy reiterativa. No obstante, se deben tener en cuenta algunas consideraciones al respecto, tales como; la caracterización de algunas personas con raíces campesinas o que siempre han vivido de la actividad agropecuaria, y que, por diversas razones, actualmente no poseen terrenos propios para la siembra o para la cría. Este segmento de personas que viven del campo, que no tienen tierras, y que, en su mayoría, abarcan a distintas agremiaciones, como: jornaleros, vaqueros, criadores de bestias, ordeñadores, cocineras de fincas, criadoras de aves de corral, cultivadores de hortalizas, matarifes, ordeñadores, capataces, cazadores silvestres, y demás perfiles relacionados con actividades conexas al desarrollo económico del campo y del agro. Podrían ser potenciales beneficiarios de tierras para la explotación del campo. Por otro lado, las asociaciones campesinas, en principio, surgen por la asociatividad de pequeños productores (en su mayoría, propietarios de pequeñas extensiones de tierra), que deciden asociarse para incrementar sus producciones, intercambiar conocimientos, aunar esfuerzos, adquirir competencias con fines comerciales, y mantenerse a la altura de la dinámica agro empresarial que se genera en los territorios. Paradójicamente, últimamente, se están formando asociaciones de campesinos, que no tienen tierras, pero que cuentan con los conocimientos ancestrales, con la vocación de la actividad del campo y con las ganas de progresar, sin embargo, no sería aplicable, la figura jurídica que los caracterice como asociación campesina, debido a que no cuentan con el terreno y/o espacio físico que les permita surgir autónoma y mínimamente, dentro una actividad campesina. Es posible que, la inexistencia de una forma de organización que favorezca el reconocimiento de las agremiaciones que viven del campo y que no poseen tierras, ha ocasionado que surjan las asociaciones de campesinos sin tierras, debido a que existe la necesidad sentida de conservar la vocación ancestral de la actividad agropecuaria, y la esperanza de que dicha vocación sea tenida en cuenta por el gobierno central, para hacerlos participes de los programas de desarrollo rural que se pretenden implementar a raíz de la reforma agraria que se prevé. Por su parte, estas agremiaciones que, ancestralmente han vivido del campo, y que son parte de la dinámica de desarrollo agropecuario del país, deberían ser tenidas en cuenta, para que se organicen asociativamente, y sean distinguidas, como asociaciones campesinas sin tierras. en coherencia con las iniciativas del actual gobierno, concerniente a la reactivación del campo en el marco de la producción auto sostenible, sería pertinente priorizar el beneficio de la entrega de tierras, a este tipo de agremiaciones, ya que poseen un carácter intrínseco como merecedores de dicho beneficio y podrían garantizar la explotación eficiente del territorio en virtud de su vocación productiva y conexidad con la actividad agropecuaria. La asociaciones campesinas que ya tienen tierras, deberían ser fortalecida en los aspectos complementarios que permitan, mediante su asociatividad, expandir su capacidad de producción y asegurar la comercialización de sus productos, para estabilizar la actividad productiva y la economía del territorio, pero los campesinos que no tienen tierras, deberían tener un marco legal diferenciado que propenda por una figura jurídica de asociatividad que obedezca a la realidad de sus condiciones, y que logre generar desarrollo en los múltiples aspectos relacionados con las actividades que se ejercen en el campo, en medio de la carencia de la tierra. El abordaje de las asociaciones campesinas sin tierra, debe ser tenido en cuenta desde el punto de vista de la proactividad, en el marco de las políticas sociales del emprendimiento comunitario, a través de un trato especial, que les permita a estas organizaciones, la eliminación de barreras tramitológicas, como el cobro por registros ante cámara comercio y DIAN. Así mismo, la actividad principal de las asociaciones campesinas sin tierra, deberían estar encaminadas a la consecución del espacio físico (predios) que les permita explotar la tierra alineadamente con su vocación productiva, pero también, deberán ser partícipes de espacios formativos y programas sociales que estimulen la proactividad y la cultura empresarial, para que dicha asociaciones, se constituyan como una herramienta para acceder a servicios del estado que respondan a la necesidad del asociado. Las asociaciones de campesinos sin tierras, deben ser una alternativa de solución a la crisis que actualmente viven las agremiaciones que viven de la actividad agropecuaria, que desean mejores condiciones de vida, y que se reúsan a abandonar su vocación ancestral dentro de la actividad campesina.

Durante muchos años, los administradores de turno, una vez electos, se creían con las facultades suficientes para asumir autónomamente la planificación de sus territorios en virtud de haber sido electos popularmente. Los mandatarios no entendían que, solo eran elegidos como representantes de los territorios, y que la toma de decisiones de alta transcendencia, seguían estando a la merced del pueblo, ya que en ultimas, el objetivo de las administraciones territoriales, debe estar supeditado a la satisfacción del colectivo, al desarrollo de los territorios, a la reducción de brechas y a la justicia social. Atendiendo a lo anterior, la ley 152 del 1994, ratifica en su contexto, la importancia de la planificación y el rol de la participación ciudadana en la construcción de los planes de desarrollo. Planificar, siempre es importante, por ello, los administradores de los territorios deben brindarles toda la dedicación a estos procesos, con el objetivo de crear un documento marco, que responda a la verdadera necesidad de los territorios y que, por ende, genere la satisfacción del colectivo. Un plan de desarrollo errado y en contravía con la tendencia socioeconómica de la comunidad, solo agudiza los traumatismos sociales, altera el desarrollo de los territorios, promueve el detrimento patrimonial, y finalmente, genera insatisfacción por parte de la ciudadanía. Es válido anotar que, como garantía a la planificación alineada con el sentir ciudadano, es necesario crear los espacios de interacción con la comunidad, espacios de verdad, donde asistan todos los ciudadanos que quieran aportar a la construcción de dichos planes. Las Administraciones Territoriales, deben trazar cronogramas amplios y suficientes, que permitan el abordaje de una metodología definida que promueva la retroalimentación comunitaria y la elaboración de líneas de acción enmarcadas en los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales, antropológicos, y todos los que sean necesarios para la consolidación de una planificación responsable. Los planes de desarrollo dirigidos a los territorios, son exitosos, en la medida, en que logren sinergizar con la población del territorio respectivo, de otra manera solo incrementaría los choques sociales y no respondería a la resolución de los problemas que actualmente se presentan. Un plan de desarrollo que no logre solucionar los problemas del territorio, y que, por el contrario, incremente la problemática de referencia, solo podría traducirse, como un cumulo de recursos y tiempo perdido, razón por la cual, el gobierno nacional, debería asociar procesos de responsabilidad fiscal a los administradores que, por restarles importancia a la participación ciudadana, se atrevan a formular planes para el pueblo, desde sus escritorios, sin percibir la responsabilidad en el manejo de los recursos financieros en virtud de las prioridades dilucidadas por la comunidad. A raíz de lo anterior, es necesario que se ajusten los procesos de control ciudadano ejercido por las comunidades, y que se reglamente la rigurosidad y supremacia de los procesos de revocatorias de mandato, como medida crucial, en apoyo a la soberanía del pueblo frente a ejercicio del control social y administrativo de los territorios. El derecho a revocar, debería ser tan trascendental, como los es, el derecho a elegir y ser elegido, ya que poseen un carácter plenamente democrático, razón por la cual, en un estado democrático, sería inaceptable que, desde el aparato ejecutivo, bajo el silencio del aparato judicial, se obstaculicen y/o desvirtúen los procesos de revocatoria a los cargos de elección popular. Este nuevo gobierno, ha mostrado total coherencia con las acciones del ejercicio democrático, y ha transmitido, en su actuar administrativo, la importancia del pueblo frente a la toma de decisiones, de igual manera, ha logrado crear en la ciudadanía, un ambiente incluyente que estimula a las comunidades, cada vez más, a participar de los espacios de concertación, que para tal fin, se han definido. Este gobierno, ha comprendido que, la democracia inicia en los procesos de elección, pero continua en los procesos de planificación, para la toma de decisiones administrativas que respondan al abordaje responsable de las líneas de acción que se definan para los fines respectivos, es por ello que, aplaudo totalmente, la implementación de “Los Diálogos Regionales Vinculantes” La elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, dirigido para el pueblo y construido por el pueblo, constituye una iniciativa, que, en principio, garantiza el acierto en la elección de los problemas e intervenciones, y en otro aspecto, recrea en la ciudadanía, un panorama muy amplio en virtud de los roles y aportes de las organizaciones comunitarias frente al tratamiento de dichas problemáticas. Todo lo anterior, en conjunto, propicia la vinculación entre el Pueblo y el Gobierno Nacional, creando la sinergia necesaria que durante muchos años ha estado ausente en los modelos de gobiernos antecesores, y que posiblemente, serian la clave para la consolidación de una Paz duradera y un estado prospero. De igual manera, muy a pasar de, tener un presidente elegido por el pueblo, que actualmente está planificando su gobierno con el pueblo, y que muy posiblemente ejecute sus líneas de acción con acompañamiento asistido del pueblo, es preciso anotar que, el pueblo también tiene la obligación de responder al ejercicio de la dinámica administrativa que surja del Plan Nacional de Desarrollo, ya que, desde las comunidades, se debe extender la línea de poder territorial, a través de la elección responsable de los nuevos candidatos a cargos de elección popular en los territorios. Así mismo, la comunidad, debe comprometerse a actuar proactivamente, y cumplir con los términos de referencia que se establezcan en los programas socioeconómicos, culturales, ambientales, y demás, que se promuevan desde el nivel nacional, para generar desarrollo territorial desde la reconstrucción del tejido social y desde el enfoque diferencial.

Atendiendo a las iniciativas que apuntan al desarrollo agropecuario, y en virtud de la conexidad implícita desde el sector rural, se hace necesario articular acciones con el sector educativo, para afianzar la sostenibilidad de los procesos que se pretendan implementar en pro del progreso de los ciudadanos desde el sector campesino. Actualmente, la infraestructura educativa en las zonas rurales del país, poseen múltiples falencias, iniciando por la falta de conectividad tecnológica, escases de maestros, y las notables deficiencias en lo que respecta a la capacidad técnica y operativa instalada. Existe una percepción cultural que tiende a recrear una incompatibilidad entre las ocupaciones agropecuarias empíricas y la formación académica, razón por la cual, históricamente, los pobladores campesinos, han desestimado la escolaridad en el sector rural, demandando solo los conocimientos básicos asociados con la lectura, escritura y las operaciones básicas de las matemáticas. El gobierno nacional, en coherencia con los discursos relacionados con el surgimiento de una actividad agropecuaria sólida, suficiente y sostenible, tiene la tarea de fortalecer y sinergizar la escolaridad rural con la actividad agropecuaria. De acuerdo a lo anterior, se deberían fomentar programas educativos desde el sector rural que guarden relación con los aspectos culturales y con la vocación de la actividad campesina del entorno. Las instituciones rurales de bachillerato, deberían implementar áreas académicas dirigidas a la investigación agropecuaria y a la implementación de proyectos productivos del campo, con amplia formación en competencias administrativas y contables. A mi parecer, sería pertinente, utilizar a las escuelas rurales de primaria y bachillerato, como una herramienta, que permita la promoción de la actividad agropecuaria, y la sostenibilidad de esta actividad productiva a lo largo del tiempo, razón por la cual, desde el abordaje educativo a los infantes, se podría asegurar la continuidad del progreso a través del fortalecimiento tecnológico y la implementación de acciones secuencialmente innovadoras en el área de la producción y explotación de la tierra. El trabajo articulado, desde el gobierno nacional, administraciones locales, sector empresarial y la comunidad campesina, lograria afianzar el progreso de las regiones, y este progreso, se constituirá en el estímulo que los campesinos requieren para dar continuidad a sus actividades productivas desde el campo. Así mismo, es necesario crear escenarios que conforten satisfactoriamente la residencia de los campesinos, garantizando el acceso de los servicios básicos necesarios a fin de satisfacer el goce de un estilo de vida digno y suficiente para la comunidad campesina. Asegurar un entorno saludable desde la ruralidad, es un paso fundamental para establecer una paz total y duradera, donde se puedan implementar programas que fortalezcan la solides del tejido social y aseguren la autonomía de la seguridad alimentaria del entorno. A nivel regional, se podría crear un mapa de producción potencial agropecuario, que vincule los sectores rurales con la demanda alimenticia de las ciudades más cercanas, para realizar un ejercicio que nos permita establecer el impacto del sector rural en la sostenibilidad de la seguridad alimentaria regional, con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades de la suficiencia productiva del sector agropecuario. Sectorizar el potencial de producción de la tierra en coherencia con los aspectos culturales y la vocación productiva del territorio, nos ayudará a definir los programas de apoyo rural desde el enfoque diferencial, y a semaforizar los indicadores que nos permitan ajustar actuaciones administrativas en consenso con las bases comunitarias y asociaciones campesinas organizadas desde la ciudadanía. Las políticas, los planes, los programas y proyectos que se gesten desde los distintos niveles de la administración territorial, deben guardar total coherencia, y su implementación, debería estar articulada con el plan de educación de las instituciones rurales, para que se pueda generar una retroalimentación permanente entre la formación e investigación científica de la actividad agropecuaria, y la aplicación de los procesos de innovación que se deriven del área de referencia para el fortalecimiento y avance de la producción respectiva. En consecuencia, las instituciones educativas rurales, serán el motor que permita afianzar el desarrollo sostenible de la actividad agropecuaria del sector, convirtiéndose en un aliado para el favorecimiento de las asistencias técnicas y científicas que requieran los productores de la zona, para la implementación de prácticas productivas, y para la adopción responsable de tecnologías que aumenten la producción respectiva. Desde las instituciones educativas, también se pueden implementar programas formativos para el fortalecimiento de las escuelas de padres, en pro del mejoramiento de la convivencia en familia y en comunidad, así mismo se podrían abanderar programas de tipo ambiental, cultural, deportivo, y los que, a juicio de las comunidades, se crean necesario para solucionar los determinantes sociales que puedan ser abordados desde la educación asistida, y desde la escolaridad hacia el contexto social. Es preciso anotar que, en virtud de cumplir con las responsabilidades sociales desde la institución educativa, es necesario que éstas, sean fortalecidas con el recurso humano idóneo y suficiente que responda a las necesidades de solución social que arrojen los diagnósticos y/o caracterizaciones, previamente elaboradas en el territorio. Los aportes financieros que actualmente se deberían ejecutar en los territorios, para acciones relacionadas con la asistencia técnica, podrían ser liderados desde las instituciones educativas rurales, al igual, que cualquier otro plan de beneficios que el gobernó nacional pretenda ofrecer al sector campesino. De igual manera, los alumnos de instituciones rurales, que deseen formarse en áreas distintas a las relacionadas con el campo y la producción agropecuaria, podrían acceder a los programas de educación superior que el gobierno ofrece para tal fin.

El modelo de gobierno que se pretende implementar en esta vigencia administrativa, muestra diferencias muy marcadas con los modelos tradicionales, más aún, en algunos temas relacionados con el abordaje socioeconómico de los territorios, y demás políticas que se venían implementando durante las pasadas administraciones, es por ello, que debemos ser muy cuidadosos, con referencia los procesos de transición hacia el nuevo modelo de gobierno que hoy se empieza a regir desde el nivel central. Las políticas de este gobierno, apuntan al empoderamiento y surgimiento de las bases comunitarias en los aspectos relacionados con la administración de los territorios y el abanderamiento de algunas líneas de la economía territorial. Por su parte, también se pretende grabar impuestos a los sectores empresariales de mayor solvencia en el país, para crear programas sociales, que propendan por la organización y el surgimiento de las bases, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población con escasos recursos. La idea de grabar con mayores impuestos a los sectores productivos de mayor solvencia, para subsidiar líneas de acción que promuevan el surgimiento de las bases comunitarias y de los más vulnerables, seria formidable, en la medida, en que las bases respondan con las expectativas del gobierno nacional. Los traumatismos que sufriría el sistema productivo del país, a raíz de la transición que se pretende implementar desde el gobierno nacional, generan un gran riesgo para la economía del entorno, razón por la cual, los ciudadanos que hoy no tenemos oportunidades, debemos comprender el riesgo que está asumiendo este gobierno, al superponer las políticas de gobierno comunitario frente a los posibles efectos colaterales que dichas políticas podrían ocasionar en el sector empresarial que actualmente opera en el país. Es necesario que el ciudadano comprenda, que el gobierno nacional, está creando escenarios más justos, para facilitar la inclusión de los sectores menos favorecidos, proporcionando oportunidades de desarrollo a las comunidades, quienes, empoderadamente, podrían asumir la responsabilidad de contribuir al país, con capacidad de trabajo y generación de desarrollo, propendiendo por un entorno próspero y una vida digna. Lo anterior aplica para facilitar la inclusión social, fortalecer el desarrollo comunitario, dignificar el trabajo, disminuir brechas para contribuir a un ambiente de equidad, afectar positivamente los determinantes sociales acentuados en los territorios y favorecer la justicia social, pero son acciones, que en principio, podrían estar dirigidas a organizaciones familiarizadas con la cultura productiva, tales como, pequeñas empresas y/o agremiaciones que no han podido surgir por falta de oportunidades, a razón de los impedimentos que se presentan actualmente para una competencia comercial con equidad. El gobierno nacional, también debe comprender que la mayoría de las organizaciones de base y los ciudadanos de a pie, no están capacitados para asumir los roles administrativos, que pudieran, en algún momento, ser encomendados, ya que el sistema, durante muchos años, ha creado en ellos una cultural asociada al rol de empleados formales o informales, que se limitaron a su papel de subordinados. Es por ello que, frente a la transición del modelo de gobierno, se debe, necesariamente, educar a la población y sensibilizarla para que comprendan, que de ellos depende que, las iniciativas que el gobierno nacional pretende crear, sean exitosas o no. Un ejemplo de lo anterior, sería el tema de los fertilizantes y alimentos de cría para el sector agropecuario. Para ello el gobierno nacional podría realizar intervención y/o regulación de precios a las empresas productoras de tales insumos, a riesgo de generar afectaciones en dicho sector empresarial, pero el sector campesino y los pequeños productores del agro, al acceder a dichos beneficios, podrían aumentar la producción, para el sustento propio y del entorno, o bien, podrían utilizar dichos insumos para comercializarlos fraudulentamente con los grandes productores, sin generar desarrollo para el entorno. El anterior ejemplo, refleja la importancia de educar y sensibilizar a todos los sectores que podrían llegar a recibir beneficios que nunca antes habían recibido, o que empezarían a asumir roles que anteriormente no ejercían, pero que, de dicho desempeño y sentido de pertenencia, dependerá el éxito de la gestión que actualmente se está gestando desde el nivel nacional. También es preciso anotar que, las transiciones deben ser escalonadas y sensiblemente progresivas, ya que, como lo había expresado inicialmente, cualquier cambio drástico en las políticas productivas de un país, que ha venido asumiendo cierta línea ideológica durante muchos años, podría crear traumatismos asociados a conflictos de intereses, pánico económico, y demás eventos que podrían agudizar la recesión económica. Es por ello que, el gobierno nacional, en coherencia con la ruta que ha trazado para iniciar el proceso de transición respectivo, debería enfatizar en la exposición cronológica de sus actuaciones, para que sean comunicadas al ciudadano, dejando claro, que las ideas de cambio que se expusieron en los discursos de campaña, no se pueden realizar de la noche a la mañana, y que el éxito de estos, depende, en gran parte, de la predisposición del pueblo para asumir con responsabilidad y absoluto compromiso, cada uno de los retos conexos a la adopción e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos que se generen desde el nivel nacional para tal fin. Es necesario reconocer que, el aparato productivo que opera actualmente en el territorio nacional, con todas sus falencias y presuntos atropellos contra el sector civil, ha sido, quien, desde hace mucho tiempo, ha asumido la responsabilidad de sostener al país, y a ello debemos, lo bueno y lo malo que hasta hoy tenemos frente a nuestras narices. Por ello, en virtud de abordar una transición responsable, debemos realizar un desescalamiento asistido de la actual dinámica productiva del país, y simultáneamente, realizar una etapa de preparación de los sectores menos favorecido, para que se organicen y se fortalezcan con las competencias suficientes para asumir la Proción de responsabilidad que gradualmente se irá transfiriendo desde el antiguo modelo de gobierno, y así, mitigar las afectaciones, que inevitablemente se generarán, frente a los cambios establecidos por el gobierno nacional. La humildad de este nuevo gobierno, nos da un parte de confianza, para creer que, se realizará un análisis del panorama socioeconómico del país, en donde se concluirá sensatamente, sobre la decisión de continuar con las políticas de gobierno que han demostrado generación de desarrollo, y eliminar las actuaciones administrativas que, inescrupulosamente, se habrían trazado para el favorecimiento de intereses particulares. A mi parecer, la mejor forma de desescalonar la dinámica socioeconómica que actualmente sostiene al país, no es precisamente, cercenando al sector, que bien o mal, nos ha sostenido durante todos estos años, más bien, el gobierno nacional, debería enfocar los ideales de gestión, en el fomento y creación de las condiciones que permitan el surgimiento de los pequeños productores; el fomento de una política solida e integral, dirigida a la recuperación del tejido social; una política dirigida a eliminar las barreras de la educación en todo el territorio; una política dirigida a la inclusión de los pequeños y nuevos emprendedores; una política de asistencia técnica y subsidios altamente sustanciales, dirigidos al sector campesino y del agro; una política que logre crear nuevos espacios y/o polos productivos en coherencia con la diversificación de la actividad empresarial y la diversidad de materias primas presentes en el territorio; una política tendiente a la eliminación de barreas comerciales que actualmente han monopolizado y politizado, el acceso y la libre competencia del sector empresarial, en pro del favorecimiento al sector micro empresarial de poca experiencia y capacidad financiera. En un país tan amplio, con condiciones envidiables por los países que hoy son potencias mundiales, deberíamos detenernos, para replantear la dinámica productiva, realizando un ejercicio elemental de debilidades y fortalezas, concluyendo con ajustes pertinentes, que tiendan a empoderar los sectores menos favorecidos, organizándolos y educándolos, para que emprendan, con la producción de bienes o servicios que, potencialmente, pueden ser abanderados por nuestro país, y que actualmente no estemos comercializando a gran escala. En un país tan diverso como el nuestro, podríamos ceder a ese sector de la población colombiana, que hoy está desprotegido, la responsabilidad de iniciar una cadena de valor que concluya en la exportación de productos, bienes, o servicios que actualmente no se están liderando en el país, pese al carácter potencial de idoneidad y condiciones para abanderar dichas líneas productivas, para constituirse como potencia internacional en el sector respectivo. Resulta inadmisibles que, países extranjeros, hayan reconocido nuestras potencialidades, y desde nuestros territorios y con nuestros recursos, estén produciendo y exportando desde nuestro país, mientras que los oriundos del territorio, estén sufriendo los vejámenes de una crisis económica que pudo haber sido evitable. Es hora que el gobierno nacional, restablezca los derechos de los colombianos, y se encamine a la adopción de una política productiva, con potencial de exportación, cuyo abanderamiento se geste desde la articulación de pequeños productores, dirigidos por entidades gubernamentales que apoyen subsidiariamente al sector de referencia, y solidifiquen una plataforma comercial, que afiance la provisión de la logística y la infraestructura que sostenga los procesos de referencia, e impulse sustancialmente los indicadores de desarrollo en el país. El gobierno nacional, podría organizar y desarrollar asistidamente, cada uno de los sectores que intervendrían en las distintas etapas de la cadena productiva de los bienes, productos o servicios a distribuir tanto en el ámbito nacional como internacional, abarcando a cada uno de los actores, desde la siembra, cría o manufactura del producto, pasando por la logística de acopio, distribución y comercialización internacional. Para ello, se deberían formar agremiaciones y empresas de economía mixta por cada línea de producción que se defina en el gobierno, según el análisis previo de potencialidades y viabilidad de los negocios. El consenso político y la concertación entre los sectores representativos de la economía nacional, son puntos obligatorios a suplir, debido a que existen factores asociados a la solides e independencia del sector empresarial del país, a la cobertura del sector privado en la dinámica productiva del país, y a la dinámica democrática enmarcada en nuestra carta política, que bien, podrían favorecer u obstruir las pretensiones del gobierno nacional, dependiendo del abordaje y de la negociación en dichos consensos. Un punto muy acertado del gobierno, ha sido el referente, al reconocimiento de la importancia de la unidad para construir, este, ha sido un gobierno modesto e incluyente, dado a las negociaciones, con argumentos sólidos, orientados a la justicia social y a la soberanía auto sostenible del territorio, razón por la cual, sus seguidores de campaña y adeptos ideológicos, deberían avalar la idea de un cambio, en conjunto con sectores de la oposición y de la independencia, ya que al final, todos estamos en el mismo territorio, y todos nos merecemos un país en paz, donde nadie sobra.

El acceso al agua potable, es un derecho de vida en Mompoj. Organicémosno para lograrlo.

Convención que se realizó el 23 de Sept en la ciudad de cartagena con el fin de organizar, conocernos y reconocernos, reagruparnos y recoger insumos para la organización de Colombia Humana Cartagena. Unidos llegaremos al cambio.

Las concesiones se han convertido en un desangre de las finanzas públicas, y los municipios se han convertido en el mecanismo para saquear los recursos de estos, ante la falta de control de los organismos del estado, los mandatarios municipales en contubernio con los concejales, se apropian de los pocos recursos de los municipios, con el agravante, que comprometen los recursos de vigencias posteriores, dejando maniatado a la administración entrante, estás concesiones privadas e ineficientes, las justifican, por continuidad de las obras o por mantenimiento de estas, pero muchas de ellas no son bien estructuradas o carecen de los estudios necesarios para mitigar sus condiciones de deterioró, que en muchos casos pueden ser mantenidas por los recursos de los municipios y Departamentos, evitando el desangre de las finanzas de estos en manos de particulares, el congreso debe legislar al respecto, para que estas obras sean responsabilidad de los mandatarios de turno, y estás permanezcan bajo el control de los órganos pertinentes, no podemos seguir viendo cómo los pocos recursos se evaporan, y para colmo el incumplimiento de el mandario de turno, tiende a crear pasivos, que vuelve más crítica la situación de la obra y del municipio, se hace necesario que se tomen las medidas que sean necesarias para evitar que esto siga sucediendo, son muchos los recursos por regalías que se quedan en los bolsillos de estas concesiones, que son deficientes y utilizadas políticamente por el mandatario de turno.

Hoy en día, el acceso a los cargos de elección popular, se ha convertido en la aspiración mercantilista más deseada por los empresarios, comerciantes, personalidades de la farándula y de los medios de comunicación. Cada vez, es menor la participación de líderes sociales en las contiendas electorales, o en su defecto, cada vez son menos, los líderes sociales elegidos. Resulta inaudito que, las propuestas de gobierno, no sean las protagonistas durante una campaña electoral, y por su parte, las pautas publicitarias de referencia, solo apuntan a la publicación de frases populistas y demás estrategias de marketin, que, por lo regular, son abordadas desde la actividad comercial, dejando de esta manera, un mensaje claro, que refleja el enfoque empresarial que se le está dando a la dinámica electoral. Por su parte, la ciudadanía aún no ha comprendido la importancia del poder electoral, no ha sido consiente, que los cargos de elección popular, son otorgados por el pueblo para que administren los recursos del pueblo, y que, de la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos, depende la estabilidad socioeconómica de las comunidades que eligen a sus respectivos líderes. Es muy extraño, que, en un país abiertamente democrático, los ciudadanos, sigan diciendo que, no pueden asistir a cierta reunión política porque dicho candidato no es de su afinidad o porque están predispuestos a votar por supuestos favores del pasado. Esta situación, desvirtúa el ejercicio de la genuina elección popular, debido a la vanidad de los argumentos y/o criterios de elección. Los ciudadanos, deben entender, que los territorios son, su patrimonio, y deben mirar a los candidatos políticos, como posibles administradores de su territorio, para lo cual, es muy necesario, que todos los candidatos sean escuchados, para evaluar responsablemente, la pertinencia de elegir a unos u otros. Esta, es la principal razón, por cual, es sumamente necesario, que la ciudadanía esté presente en todos los escenarios que propicien los distintos candidatos que aspiren a un determinado cargo de elección popular. La única forma de garantizar una correcta elección, es que, todos los candidatos sean escuchados, razón por la cual, parcializar la publicidad, coartar las propuestas de gobierno, negarse a recibir información de nuevos candidatos, son actuaciones que desvirtúan el principio básico del ejercicio democrático. Otro de los factores que perjudica gravemente a la administración de los territorios, es la necesidad de continuar en el poder acosta de la burla de la ley. Este es un actuar muy frecuente en los administradores de turno, quienes, con el afán de continuar en el poder y en vista de que no pueden ser reelegidos, optan por apoyar firmemente a un candidato de su afinidad, violando de esta manera, los principios de una democracia. Lo más grave, es que las cualidades que el mandatario de turno, busca en el posible candidato que en su momento apoyará, es un perfil contrario al que debería tener todo administrador público. Los mandatarios de turno, con el afán de continuar en el poder, deciden apadrinar un candidato que sea maleable, que posea pocos o ningún conocimiento de la administración pública, que sea poco o nada proactivo, que tenga pocos escrúpulos, que sea insensible y que esté dispuesto a hacer un gobierno en cuerpo ajeno. Esta situación, solo augura el caos y deterioro de la capacidad administrativa del territorio, llevándose consigo, una cantidad de perjuicios directos o indirectos que afectan indudablemente a la ciudadanía. Por su parte, los contratistas que se han enriquecido a través de la dinámica y el ejercicio ejecutivo de la función pública, también se sienten atraídos a la permanencia y el monopolio de la contratación estatal, por lo que también deciden acceder a los cargos de elección popular para la garantía de la continuidad laboral, invirtiendo de esta manera, el lucro desmedido de sus actividades contractuales, en las sucesivas campañas políticas. Esta es otra situación que genera perjuicio a la ciudadanía, ya que la administración territorial, seria abordada como una empresa que debe generar utilidades por encima de su misión social. Los líderes sociales, también tienen mucho que ver en las fallas asociadas al ejercicio democrático, ya que en los pocos casos en los que son elegidos, resultan ser peores que sus antecesores. Esta situación, en su gran mayoría, se debe a la incapacidad del líder social para gobernar, y tal vez sea una apreciación muy brusca, pero mucho más allá del liderazgo y de la vocación al servicio del colectivo, debe existir un mínimo de formación, con el objeto de fortalecer los aspectos asociados al criterio de la administración en lo público y al carácter de la autonomía para la promoción de estrategias definidas que respondan al mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. Muchas veces, los líderes sociales son muy fuertes en la defensa de un objetivo social, y esta simple situación, en un territorio, donde existe tanta indolencia, les da una posición de alta relevancia en el ámbito comunitario, y por ello, en asocio con ciertos sectores del territorio, deciden postularse a un cargo de elección popular, pero una vez son elegidos con grandes expectativas, suele resultar que, el objetivo social por el que dicho líder propendía cuando era candidato, resulta siendo solo una variable más del compendio de situaciones que se deben resolver en el territorio, y en muchas ocasiones, ese objetivo social por el cual se luchaba, solo era una de las consecuencia de un problema mayor. Por otra parte, la actitud de la ciudadanía, de algunos sectores políticos y de algunos medios de comunicación, inciden en la renuencia a participar del ejercicio político, ya que, en muchas ocasiones, los candidatos independientes, que tienen mejores propuestas, que no tienen un pasado oscuro en la administración pública y que se han levantado desde las bases, son menospreciados por la ciudadanía por su poca experiencia en el campo político, y en ocasiones, son atacados por medios de comunicación aliados con los clanes políticos tradicionales. Perdiéndose de esta manera, la posibilidad de ser gobernados por una persona que reúna la mayor parte de los requisitos y habilidades que respondan a la situación particular del territorio. En referencia a los requisitos que una persona debe poseer para calificar como un buen candidato, es necesario tener en cuenta que, los territorios tienen características definidas, de tipo social, cultural, económico, antropológico y demás, razón por la cual, desde el enfoque diferencial, es coherente anotar que, no es posible definir un modelo estandarizado del candidato correcto, ya que los territorios guardan sentidas diferencias y sus condiciones varían de acuerdo a la dinámica del entorno y en base a las administraciones locales antecesoras. Sin embargo, se podrían tener en cuenta algunos parámetros que favorezcan la elección más acertada, dentro de los cuales, podrían observarse los siguientes aspectos: · Los líderes sociales que sientan la necesidad de hacer parte de la administración de sus territorios, en coherencia con su vocación al servicio, deberían formarse, mínimamente, con las herramientas básicas que ofrece gratuitamente el gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales. · La ciudadanía debería estar dispuesta a escuchar y a analizar de manera responsable, a cada uno de los candidatos. · Sería prudente analizar situaciones relacionadas con las alianzas de candidatos y clanes políticos tradicionales que poco o nada han hecho para generar desarrollo en los territorios. · Se debe propiciar un escenario de propuestas, en el que los candidatos se sientan obligados a participar de una contienda electoral con argumentos y con propuestas que respondan a las necesidades del ciudadano. · Por su parte, los candidatos deberían propender por afianzar el alcance de sus propuestas hasta el último rincón de los territorios en la respectiva jurisdicción. · Los nuevos líderes sociales y ciudadanos con capacidad de administrar, deben atreverse a lanzar sus candidaturas y a ser partícipes de las estrategias de cambio que requiere el territorio, ya que de esa manera se amplía la baraja de opciones y oportunidades, que los ciudadanos tendrán, a la hora de hacer una elección responsable. · El ciudadano, en asocio con sus respectivas juntas de acción comunal, deberían crear unas mesas de trabajo, que les permitan determinar el reconocimiento de sus territorios y la problemática que mayormente los afecta, para que puedan tener una visión más clara del panorama territorial, y puedan realizar un ejercicio que contraste dicha situación con las propuestas descritas por los distintos candidatos políticos, con el objeto de incrementar y/o fortalecer los criterios de la elección respectiva. · Así mismo, sería muy importante la percepción del equilibrio entre los aspectos aptitudinales y actitudinales, ya que, en muchas ocasiones, el candidato suele se apto por competencias académicas, pero no posee actitudes que promuevan el bienestar colectivo y que garanticen la justicia social, razón por la cual el análisis y la escogencia del candidato, debe surtir múltiples apreciaciones en coherencia con la responsabilidad del caso. Como ya les he reiterado en la mayoría de mis publicaciones, esta columna tiene el objetivo de poner a consideración, los aspectos que se logran percibir desde el enfoque comunitario, y que el fin principal, es que, en conjunto, podamos retroalimentar y debatir las posibles soluciones a las problemáticas presentes en nuestro entorno.

Durante mi última participación en los eventos de concertación con las comunidades ubicadas en la ribera baja del rio Sinú, logré aprender muchos conceptos de tipo cultural conexos a sus actividades productivas y a la sinergia ancestral que se ha creado en torno al rio. También logré apreciar la inconformidad expresa de la población, en referencia a la problemática asociada con la modificación del cauce en distintos puntos de la parte superior del rio , y los efectos de tipo geofísico que han surgido a raíz de ello, tales como; la intromisión de la cuña salina en las zonas de desembocadura, la sequía de los humedales convencionales, las inundaciones acentuadas en distintos sectores, la salinización de territorios costeros que antes eran cultivables, la interrupción de los ciclos reproductivos que se desarrollaban en las distintas desembocaduras de las subcuencas y los cambios de predisposición productiva que ancestralmente se ejercían en algunos territorios ribereños del bajo Sinú. También se hizo mucho énfasis en la percepción de situaciones, posiblemente generadas por la construcción de presas en la parte superior del rio, atribuyendo a esta situación, la causa de la disminución en la producción pesquera, y el deterioro de los humedales, conllevando a la extinción de la fauna y flora presente en dicho hábitat. Un aspecto que no se mencionó en dicho evento, pero que sin duda ha surtido algún tipo de efecto en las condiciones de la cuenca baja del rio Sinú, es el asociado a la contaminación generada desde la parte alta del rio. A lo largo de la ribera del rio Sinú, existen diversas poblaciones desde la parte alta hasta las cuencas y subcuencas ubicadas en las zonas de desembocaduras del cauce. Las poblaciones ubicadas en la parte alta, en su mayoría, no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, razón por la cual, los residuos son vertidos al rio, de manera vertiginosa y con alto potencial de contaminación. De igual manera, la actividad minera que se genera en puntos ubicados en la parte alta del rio, hace uso de muchas sustancias químicas que afectan sustancialmente la fauna y flora del rio, generando que los peces consuman dichas sustancias que por lo general son nocivas, y que, por factores conexos a la actividad pesquera, terminan siendo consumidos por los seres humanos nativos del territorio y por comunidades externas que se benefician con la comercialización de dichos productos. A raíz de lo anterior, es necesario comprender, que las actividades industriales, productivas, extractivista y sanitarias, que se ejercen en los territorios ubicados en la parte alta del rio, tienen incidencia directa con las comunidades ubicadas en los territorios del bajo Sinú. La anterior situación, muy seguramente se vive en todos los territorios ribereños ubicados en el resto de los ríos del país, razón por la cual, sería pertinente, inclinar la mirada hacia todos estos municipios, cuya actividad productiva, antropológica y cultural, giran en torno a los caudales de sus frentes. De acuerdo a lo anterior, y con el ánimo de estimular la sustentabilidad productiva, sostenibilidad ecológica, y aspectos socioeconómicos de los respectivos territorios, es necesario que, desde el gobierno nacional, se pueda implementar una política regulatoria que comprometa a los territorios ubicados en las partes altas de las cuencas, a ejercer una actividad sanitaria responsable en pro de no afectar a los territorios subsiguientes que estarían recibiendo el caudal cedido por el municipio inmediatamente anterior. Es necesario comprender, que las acciones dirigidas al rio, desencadenan un efecto dominó, razón por la cual, debemos ser muy respetuosos con el ambiente y el hábitat ecológico que se genera alrededor de la morfología hídrica de referencia. Sería pertinente, que el gobierno estableciera una política seria y rigurosa, precedida por estudios hidrológicos e ingenieriles que no dejen de lado la concepción ancestral que se alberga en las tradiciones y herencia cultural de los pobladores, para construir conjuntamente, un marco legal, que pueda garantizar la implementación de estrategias de desarrollo que no generen afectación a las comunidades ni al ambiente. En principio, seria formidable, contar con un documento conpes, dirigido a esta problemática, iniciando con la regulación, restructuración y vigilancia de las acciones que los municipios ribereños desarrollan en relación con los sistemas de alcantarillado y saneamiento básico. De igual manera, es importante regular la explotación minera en zonas ribereñas. Así mismo, para próximas obras hidráulicas de alta envergadura, sería muy importante surtir previamente, todos los aspectos asociados a las posibles afectaciones generadas a los territorios, y calcular la magnitud de todos los daños asociados a dicha actividad para realizar un análisis de costo beneficio que pueda ayudarnos a tomar decisiones y a tener en cuenta los daños colaterales, para realizar planes simultáneos que mitiguen los posibles impactos generados. De igual manera, también es importante, que los pobladores reconozcan la importancia de los ríos frente a la dinámica sostenible de la vida, y que exista sensibilización al respecto para ejercer con responsabilidad, cualquier tipo de actividad que gire en torno a los ríos.

El Día de Hoy, el Nodo "Tolú Humano y Saludable", tuvo participación en el Evento desarrollado en el Municipio de Lorica, en el Departamento de Córdoba, dónde se presentaron ideas, sugerencias y socializaciones de temáticas de interés en la región del bajo Sinú. Agradecemos el espacio Brindado por el compañero Ramiro Espitia; Coordinador de la Red "Colombia Profunda" en el Departamento de Córdoba, quien, muy gentilmente, permitió la intervención del Nodo "Tolú Humano y Saludable", para aprovechar el escenario que se desarrolló con la participación especial de la Compañera Mary Luz Herrán Cárdenas; Coordinadora Nacional de la Red Nodal "Colombia Profunda" y líder representativo del Movimiento Político Colombia Humana. En nuestra intervención, tratamos temas referentes a la importancia del tejido social, la falta de oportunidades para los profesionales emprendedores, seguridad alimentaria y la atencion urgente que merece la problemática de la drogadicción.

PRODUCCIÓN CAMPESINA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Juan Guillermo Vallejo Ángel A pesar de que los pequeños propietarios campesinos poseen menos del 15% de las tierras cultivables, producen cerca del 70% de la comida que se sirve en nuestros platos. Es a ellos a quienes las políticas de estímulos y fomento deberían estar dirigidas; el gobierno nacional y los gobiernos locales deberían fortalecer la producción campesina, pues allí está la base de la alimentación de los colombianos. Un modelo de desarrollo que ha demostrado su efectividad y ocasionado gran impacto es el fortalecimiento de las cadenas productivas locales. En Tuluá, por ejemplo, la creación del mercado campesino en el año 1999 es una de las políticas que ha logrado permanecer en el tiempo y que se ha fortalecido y expandido, tanto en el número de productores que ofrecen allí sus productos como en la cantidad de compradores que acuden a ese mercado que ha eliminado a intermediarios, factor decisivo para su continuidad, favoreciendo a productores y consumidores. La crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 llegó a su pico en el año 2020 y se vio agravada por los efectos del paro que detuvo la movilidad en el país durante cerca de tres meses. Paradójicamente este hecho modificó de manera favorable los hábitos de compra en las ciudades y permitió el fortalecimiento de las redes locales de producción y comercialización. Más productores y más redes de distribución local se han ido sumando: mercados ecológicos, redes virtuales y el modelo comercializador de los FRUVER muestran un panorama alentador que bien merece un fuerte espaldarazo de los gobiernos locales haciendo de esta experiencia una práctica duradera y sostenible. Si nuestros gobernantes estimulan la creación y el fortalecimiento de asociaciones campesinas para la producción y comercialización, propiciarán con ello un mejoramiento en los ingresos de las familias campesinas mediante la disminución de sus costos, el acceso a recursos de crédito y a tecnologías productivas, el mejoramiento de su poder de negociación y la estabilidad de los precios de venta, lo que se verá reflejado en un aumento de su rentabilidad. Así mismo, es deber de las UMATAS fomentar las prácticas de agricultura orgánica a partir de recursos locales para disminuir la dependencia de los insumos importados de altísimo costo. Abonos orgánicos a partir del estiércol de animales de la finca producen un ahorro significativo en relación con los abonos químicos y, de paso, contribuye a reducir la contaminación y a atenuar el ritmo del calentamiento global. Como asegura el maestro Jairo Restrepo Rivera, un convencido agricultor orgánico y ejemplar pedagogo, los productores campesinos deben ejercer “el arte de hacer sus propios abonos fermentados con la tierra, la microbiología, el agua, la mierda y el poder de su creatividad”. Por nuestra parte, los consumidores debemos convencernos de que, al comprar productos locales, estamos contribuyendo decididamente al desarrollo económico local. La defensa de la producción campesina es la base de la seguridad alimentaria. Tuluá, 9 de septiembre de 2022

en los últimos meses, hemos podido percibir el encarecimiento desproporcionado de los productos de la canasta familiar, pero es mucho más preocupante percibir el encarecimiento de productos que se comercializan en las mismas zonas donde se producen. Es muy preocupante percibir que, en territorios donde siempre ha existido vocación de la producción de ciertos alimentos, también se encuentren afectados por el alza de los precios en los respectivos productos. Si bien, los costos asociados a la cadena de producción se han incrementado, también es cierto que, el valor final de dichos productos asciende desproporcionalmente. El acceso a los alimentos de cosecha cada vez se torna más restringido, debido a que los productores prefieren mantener un flujo comercial sostenido con las grandes plataformas comerciales, con intermediarios transportadores y con grandes distribuidores de alimentos, para ahorrarse el trabajo de vender segmentadamente sus productos al consumidor final, en pro de evitar el riesgo en la preservación de la cosecha o de los productos determinados. De igual manera, el ciudadano, al preferir comprar en almacenes de cadena y grandes plataformas comerciales, reduciendo así, la interacción comercial del productor y el consumidor final, ha generado que, los campesinos prefieran vender toda su cosecha de un solo golpe a los grandes distribuidores, así sea a un menor precio. También es preciso anotar que, el alza en los precios de los insumos requeridos para el favorecimiento de la actividad productiva, tales como alimentos de cría y fertilizantes, han ocasionado que se reduzca la capacidad de producción, debido a que, no es posible sostener la producción a mayor escala por factores asociados a la solvencia financiera. En consecuencia, los gastos son mayores, los insumos son de menor calidad y la producción final es menor, razón por la cual los productos son más costosos. Por otro lado, las políticas territoriales de desarrollo agropecuario, poco o nada logran hacer para la propiciación de un intercambio comercial sostenible y directo entre el productor campesino y el consumidor final. Así mismo, las entidades territoriales, deberían implementar los planes municipales de seguridad alimentaria para que se garanticen las tres líneas principales de la política de seguridad alimentaria, tales como; el Acceso a los alimentos, inocuidad de los alimentos y la disponibilidad de los mismos. Para garantizar una política territorial de seguridad alimentaria y nutricional, es necesario que se vinculen todos los sectores productivos del territorio, y en lo posible, que dichos planes se articulen con las políticas que al respecto, se establezcan en los municipios y departamentos aledaños. Las administraciones locales, deberían subsidiar las labores de consultoría y los escenarios de concertación que sean necesarios para el afianzamiento de la gestión y para el favorecimiento de la participación activa de todas las áreas productivas ubicados en el sector público y privado del territorio. Sería importante que, las administraciones locales se alineen con las políticas del gobierno nacional, y puedan entender que la seguridad alimentaria es el primer paso en la búsqueda del desarrollo comunitario, y que la garantía de la alimentación adecuada en la primera infancia y durante el desarrollo físico del menor, es primordial para la garantía del rendimiento intelectual del adolescente y el joven, por ende contribuye al desarrollo de los territorios, al propiciar la generación de una población joven, inteligente, proactiva, capacitada y emprendedora. Seria de mucha importancia, estimular la reactivación de estrategias comunitarias, tales como, los patios productivos y las huertas caseras. El nivel nacional, también podría facilitar la reactivación de los mataderos municipales bajo vigilancia del ICA y de las entidades que ejercen la autoridad sanitaria en el territorio, en pro, de garantizar la inocuidad del producto, ya que, la carencia de los mataderos municipales ha propiciado la mopolización de la actividad económica, el encarecimiento de la carne y la generación de mataderos clandestinos. Como ya lo habíamos citado en otros artículos relacionados con dicha temática, el gobierno nacional debe fijar su mirada en el campo, regular los precios de los fertilizantes, insumos de cría y herramientas menores para la adecuación del terreno productivo, así mismo, debería subsidiar la actividad productiva en los campesinos pobres y menos favorecidos, a través de una asistencia técnica responsable, sostenida, eficiente y que responda a las verdaderas necesidades del pequeño productor.

Aquella frase conformista que escuchamos a diario cuando presenciamos o hacemos alusión a un evento delictivo de inseguridad es la siguiente: “ esta situación de inseguridad esta así en todo el país”, y eso no es del todo falso, la tendencia de inseguridad por todo el nivel nacional es casi uniforme, no obstante, si preguntamos en cada una de las regiones del país sobre las posibles causas de tal problemática, seguramente las respuestas van a variar dependiendo del escenario sociocultural de cada sector del país. Luego entonces surgiría otra pregunta; ¿es posible que si la situación tiende a ser la misma en todo el territorio nacional, puede esta ser consecuencia de factores aislados?, en caso de que la respuesta obedezca a un factor social dominante en un respecto sector del país, podríamos hacernos otra pregunta; ¿si las condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas, tecnológicas, infraestructurales son altamente divergentes en los diferentes sectores del país, entonces como es posible que la tendencia de inseguridad en todo el país sea la misma? Estas preguntas nos inducen a realizar un análisis un poco superficial, pero con todo el sentido común suficiente para deducir que la verdadera causa del flagelo de la inseguridad en el país se atribuye a un factor, situación o actividad que sea congruente en todas las regiones del país. En síntesis, podríamos concluir que, si en la mayor parte del país la situación de inseguridad es la misma, es debido a que existe un factor coincidente, que esta presente en todas las regiones del país y que, asociado a los distintos escenarios socioculturales de cada región, generan el mismo resultado. Una vez orientado este análisis y tendiendo a pensar con la mayor objetividad posible, frente a la gran debilidad en percepción tangible de cada rincón del territorio nacional, teniendo como única herramienta; la prensa nacional, ciertos fundamentos antropológicos de las comunidades colombianas y la apreciación de la transgresión sociocultural de las pocas zonas del país que hemos visitado. Procederemos entonces a tratar de llegar al foco del asunto. Trasladándonos un poco a las consideraciones técnicas que se utilizan generalmente en las etapas de formulación y evaluación de proyectos; existe una situación que tiende a confundir al individuo en lo que respecta a la determinación de posibles acciones que podrían solucionar la problemática de una comunidad. Razón por la cual enfatizaremos en el ejercicio del famoso árbol de problemas, que pese a ser tan subestimado por la mayoría de los administradores públicos, no deje de ser eficaz. El ejercicio del árbol de problemas consiste en determinar con la mayor exactitud posible, el factor principal y de mayor asocio a la problemática existencial de referencia. La incorporación de este ejercicio casi siempre logra crear una mayor visión del problema, y en la mayoría de los casos es común reflexionar y caer en cuenta que aquellos factores que inicialmente creíamos que eran la causa no es más que la consecuencia de otros factores en los cuales nunca nos habíamos fijado. Este ejercicio tan sencillo y dinámico, debería ser regla del pensamiento de todo administrador, en especial con el sector público, debido a su relación con proyectos de impacto social que a su vez tienen por finalidad el beneficio de la mayor cantidad de individuos adscritos a una determinada comunidad. Un proyecto es exitoso, cuando a través de su ejecución se logran cumplir los fines para los cuales fue formulado, o es de poco éxito, cuando no cumple o alcanza parcialmente los objetivos de su elaboración. Los beneficios del ejercicio del árbol de problemas serian muchos. En caso de realizar un proyecto de tipo social, tendríamos mayores posibilidades de que el proyecto sea exitoso. En relación al sector público y previo a las siguientes consideraciones: 1. Los entes territoriales deben hacer muchas cosas con pocos recursos 2. La mayoría de los proyectos sociales son muy costoso, debido a su alta envergadura, ya que la intención es lograr el mayor beneficio colectivo posible. 3. Los recursos financieros que reciben las administraciones locales no son suficientes, por lo que es necesario priorizar. La generalización de las anteriores consideraciones a nivel nacional, se reflejan en el sin número de pronunciamientos de los distintos líderes políticos del país, donde básicamente aluden a la misma situación, independientemente de la región en que se encuentren. Podemos con lo anterior entender la gran importancia del árbol de problemas en los que respecta a la precisión de iniciativas que, convertidas en proyectos, logren el éxito deseado y no se conviertan en errores, que por un lado le cuestan demasiado al estado y por el otro no logran solucionar la problemática deseada. Pero cuando una problemática social no es atendida oportunamente, esta va a seguir en ascenso y cada vez deberá ser mayor la inversión que el ente territorial deberá asumir frente a tal situación. Razón por la cual, las administraciones locales no se pueden dar el lujo de seguir experimentando con iniciativas improvisadas, sino antes, realizar análisis pre-concertados con comunidades y liderado por equipos integrales expertos para lograr tomar la decisión que genere las mayores probabilidades de éxito. Luego de haber agotado el tema básico de formulación de proyectos que generalmente se ve en todas las carreas universitarias, continuamos con el análisis referente la situación de inseguridad en el país y su derivación de un posible factor coincidente que, por ser coincidente en todo el territorio nacional, surte el mismo efecto en todo el país. Colombia es un país con amplia biodiversidad y con ello acarrea también gran diversidad sociocultural, en este país podemos encontrar sectores con culturas ampliamente divergentes y la desigualdad social es muy notable entre los distintos sectores del país, a parte del credo religioso es muy difícil encontrar otros factores socioculturales que sean un patrón social en todo el país. Para el caso de nuestro análisis esta situación podría ser ventajosa, debido a que no van a ser muchos los factores que deberemos analizar, ya que lo que intentamos hallar es un factor coincidente. Partiendo de que la problemática inicial es la inseguridad ciudadana, cuyo tema se relaciona estrechamente con el aspecto sociocultural de una comunidad, se entiende que el factor coincidente que se busca, también deberá estar relacionado con dicho aspecto. Luego entonces, con estos parámetros podremos iniciar nuestro ejercicio del árbol de problemas, en donde el problema aparentemente principal es la inseguridad ciudadana, y a este debemos asociar diversos factores que podrían haber ocasionado este problema, pero con la condición de que este factor sea coincidente en la mayor parte de las regiones del país, debido a que este es un problema general en todas las regiones. Muchas personas atribuyen esta problemática a las deficiencias en las ofertas educativas. Si analizamos este factor con base a los anteriores parámetros, podríamos decir que si la problemática se debe a las pocas ofertas educativas, entonces, ¿Por qué en regiones con más ofertas educativas donde se ubican las principales universidades del país, existe la misma problemática que en regiones donde no existen esas ofertas?, de igual manera, es preciso anotar que hace alrededor de 40 años, las ofertas educativas eran menores en todo el país, no existía el ICETEX, y las personas que vivían en provincias tenían que desplazarse a las principales ciudades del país como única opción de continuar con una educación superior, pero contrario a eso los actos delincuenciales relacionados con la seguridad ciudadana eran mucho menores. Por lo anterior y de acuerdo a nuestro ejercicio, las ofertas educativas, aunque guardan gran relación con el aspecto sociocultural, no es considerado como el factor coincidente que pretendemos hallar. Otras personas atribuyen a la drogadicción todo este tipo de problemas sociales, y talvez tengan razón, porque este factor si está presente en todo el país, y a su vez, los alcances de la droga están asociado a aspectos socioculturales en las comunidades, y por obvias razones, también está asociada al tema de la inseguridad ciudadana. El tráfico y micro tráfico de droga es considerado un delito, y existen evidencias de que en todas las regiones del país se presentan este tipo de delitos, por otro lado, el asentamiento de la droga en una comunidad trae consigo la presencia de sistemas delincuenciales asociados a la droga, enmarcados en las conductas propias de un grupo de consumidor de sustancias psicoactivas. En lo que respecta al comportamiento de los grupos de consumidores de sustancias psicoactivas y su asocio con la criminalidad, es antropológicamente un patrón de comportamiento tal, en el que el consumidor de sustancias psicoactivas se inicia en actos delincuenciales para poder obtener recursos financieros y garantizar la compra de la droga, de igual manera utiliza la droga como un estimulante psicótico en la decisión de cometer el delito y posteriormente ejecutarlo, y por ultimo también utiliza a droga como herramienta que vulnera a la víctima para accederla. Luego entonces, podríamos ubicar la drogadicción como un factor coincidente que a su vez genera un efecto coincidente en todo el país. No obstante, la intención de esta publicación es que el lector se dé la tarea en seguir analizando sobre otros posibles factores que sean igual o mayormente coincidentes, cuyo asocio a la problemática que estamos abordando sea mayor. Profundizando en la tesis de que la drogadicción podría ser ese factor coincidente que estamos buscando, podríamos entonces, ampliar ciertos argumentos al respecto: Según algunos documentales, el flagelo del narcotráfico se habría iniciado en el país hace aproximadamente 40 años, y se habría agudizado en todo el país hace por lo menos 30 años, y desde hace 20 años, el tema de la drogadicción en el país ya sería un evento de alta frecuencia, desde ese entonces se han incrementado todo tipo de sucesos que aducen a la disfunción familiar. Si tomamos un determinado sector del país, y simulamos el recorrido histórico de los últimos 20 años en relación a los aspectos socioculturales, enmarcando el ámbito de la drogadicción, podríamos recrear el siguiente comportamiento: Hace 20 años, es posible observar familias solidas con alta infundación del respeto a los padres y población mayor, era posible observar jóvenes pidiendo permisos para asistir a cualquier tipo de eventos y el irrespeto a una persona mayor era netamente rechazado. Sin embargo, para esa época, ya se había iniciado el micro tráfico de droga y con ello se iniciaron los primeros grupos de consumidores de sustancias psicoactivas. Inicialmente se consumía droga bajo la excusa de que se hacían más resistentes a los efectos del alcohol y así podrían los jóvenes salir a fiestas y llegar a sus casas sin efectos notables de ebriedad para no perturbar a los padres, también se argumentaba que las rumbas serían más duraderas, debido al retraso en los efectos del alcohol, luego se decía que la droga transmitía cierto estimulo de alegría, y por último se dijo que bajo el efecto de la droga la gente se hacía más valiente y podría ser capaz de hacer lo impensable. Cinco años después, la drogadicción era bastante notable en las comunidades, probablemente, ya el 30% de las familias tenía por lo menos un integrante consumidor de sustancias psicoactivas, para ese entonces ya se escuchaban casos de hijos agrediendo verbal y/o físicamente a sus padres, se empezaron a notar las deserciones escolares y la vida de gran parte de los jóvenes que para ese entonces ya eran consumidores de sustancias psicoactivas, se convirtió en un círculo vicioso de robos a sus propias casas para gastar en drogas y parrandas desenfrenadas. Los jóvenes ya dejaron de pedir permiso para salir porque la necesidad de la droga no daba lugar a ello, y perdieron parcial control sobre los principios inculcados, por lo que no demorarían en aparecer las primeras consecuencias. Si bien, es muy común escuchar aquella anécdota del joven ebrio que despierta al día siguiente en una cama desconocida con una pareja desconocida sin recordar que paso realmente en la noche anterior, pues imagínese que siendo la droga mucho más psicótica que el alcohol, no sería descabellado atribuir a la droga gran parte del sin número de embarazos no deseados que gestaron hace alrededor de 15 años. De igual manera es de mencionar, que la mayoría de las relaciones sexuales, cuyo encuentro inicial tiene lugar en locaciones de ámbito jolgorico, acompañados de bebidas alcohólicas y droga, termina en un embarazo no deseado y en la mayoría de los casos con la pareja no deseada. Todos estos niños que han nacido desde hace aproximadamente 15 años, como productos de eventos relacionados con droga y alcohol, por lo general son hoy en día los jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años que crecieron en su mayoría sin un padre porque las condiciones en las que fueron procreados no dieron lugar a la estabilidad de una relación familiar, y por ende, el padre, que posiblemente no se acuerda del día en que lo engendro, no estar dispuesto a sostenerlo, y la madre que era una jovencita en aquel entonces tampoco estará dispuesta a dedicarle tiempo a un niño que nunca deseo y que contrajo con una persona que nunca conoció. Esta situación dio lugar a la proliferación de muchas madres cabeza de familia, que por obvias razones tendrían que trabajar y permanecer ausentes de sus hijos por mucho tiempo para poder sostenerlos. También existieron casos en los que los padres del niño decidieron hacer una familia, pero igual existe una afección psicológica si el niño es criado por un padre consumidor de sustancias psicoactivas o si es criado sin un padre. Con todo el panorama expuesto anteriormente, podríamos concluir que las condiciones en las que fueron procreados y criados estos jovencitos, fueron muy diferentes a las de sus padres y demás generaciones anteriores, razón por la cual, el estado emocional y las condiciones psicosociales de estos jóvenes también van a ser diferentes a las de sus progenitores y ancestros, y es este talvez el punto en el que nuestra herencia sociocultural cambio de sentido, lo que se puede concebir como la respuesta a aquella famosa pregunta “ ¿en que momento cambiaron las cosas?”, por esta misma razón vemos hoy en día observamos jóvenes de 15, 16 y 17 años, cometiendo actos que antes no se veían. Hace pocos años, un prestigioso canal de televisión científica, publico un estudio que trataba de identificar las secuelas de un niño recién nacido como producto de padres consumidores de sustancias psicoactivas, y se logró comprobar que los hijos de padres consumidor de sustancias psicoactivas nacen con la necesidad impresa de consumir droga. Esto nos deja mucho más claro la razón por la cual ahora se consume mucha más droga y desde edades mucho más tempranas, y como la disfunción familiar afecta de manera tan contundente el enfoque psicosocial de las muchas juventudes, en su mayoría hijos de padre o madre consumidor de sustancias psicoactivas. Hace aproximadamente 10 años, ya la droga era ampliamente consumida en todos los círculos sociales. En todo tipo de celebraciones y demás eventos por el estilo ya era notable ver pequeños grupos consumiendo drogas a escondidas del resto de la gente, y digamos que, de cada 10 personas en una reunión, ya existían dos o tres que se sentían incomodos porque no tenían completa libertad para consumir, debido a que, pese a que el consumo de droga iba en ascenso, aún era repudiado ampliamente. Actualmente, de ese mismo grupo de diez personas, son dos o tres los que deben alejarse, frente a la incomodidad que ver al resto del grupo consumir droga abiertamente. Esta situación ha trascendido hasta el punto en el que la mayoría de las morbilidades sentidas arrojan resultados estadísticos donde más del 30% de la población joven entre edades de 15 a 25 años han consumido droga por lo menos una vez en su vida, por lo que este fenómeno se ha convertido en una tendencia cultural para la población adolescente. muchas personas mayores de 30 años, argumentan que a pesar de haber consumido droga durante su adolescencia en una o más ocasiones, no llegaron a los alcances que hoy en día cometen las nuevas juventudes drogadictas, por lo que ellos dicen no atribuirle a la droga la situación de inseguridad actual. Pero talvez uno de los argumentos que podrían invalidar su posición, es que las nuevas drogas tienen mayores componentes químicos que generan mayor adicción y afección al sistema nervioso, de igual forma, es de anotar que las condiciones familiares de las personas mayores de 30 años, fueron por general sólidas y funcionales, en su mayoría criados por padre y madre que nunca consumieron algún tipo de droga alucinógena, mientras que la mayoría de jovencitos que delinquen actualmente, fueron criados en su gran mayoría en familias disfuncionales conformadas por padres consumidores de sustancias psicoactivas, situación que los hace mucho más vulnerables frente a todos los enfoque de afección que la droga pueda generar física y mentalmente en un individuo. Por otro lado, cuando hacemos alusión a que el uso de la droga se ha convertido en una tendencia cultural, estamos refiriéndonos a que el repudio frente al consumo de droga es cada vez menor y por el contrario en los jóvenes ya es una moda hacerlo. Esta situación es sumamente grave, debido a que los jóvenes, por su naturaleza adolescente, bajo la cual el individuo intenta adquirir un comportamiento acorde a la tendencia cultural de su comunidad para así ser aceptado por la sociedad, termina en este caso accediendo al consumo de droga, por ser este un evento ampliamente aceptado por la población adolescente. Con base a lo anterior, podríamos explicar porque son más los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, pero también son más los embarazos a temprana edad, en cuyos casos, uno o ambos procreadores ya están consumiendo droga, por lo que su producto podría ser un potencial nuevo consumidor de sustancias psicoactivas, lo que se constituiría como otro ciclo del fenómeno social ya explicado, solo que cada vez, el ciclo es con mayor población e intensidad, dando como resultado la desaparición total del sistema sociocultural de un pueblo. La intención de ampliar el argumento de la drogadicción frente a la afección del sistema sociocultural de una comunidad, es sensibilizar a los ciudadanos e inducirlos a la búsqueda de posibles soluciones a dicha problemática, pero, aun así, es necesario analizar esas posibles soluciones, a fin de que no se conviertan en mayores problemas; Un ejemplo sería el caso del deporte: En lo referente al deporte, es totalmente cierto que el fomento de la actividad física previene muchas enfermedades crónicas y es promocionada a la población joven adolescente como una forma de mantenerlos saludables y ocupados para no pensar en otras cosas como la droga, este argumento es veraz, pero para la población joven, no drogadicta, debido a que es una estrategia de prevención, no de tratamiento, y al confundir o errar en este tipo de estrategias podría poner en peligro al resto de la población, es decir, si el joven consume droga y es deportista podría persuadir a los demás jóvenes que ingresan al deporte como prevención de la droga, estos podrían ser inducidos bajo la idea de que la droga aumenta el rendimiento deportivo, retarda el cansancio físico, hace que se pierda la timidez y con ello reduce la presión de los jóvenes que normalmente se generan en las competencias deportivas, entre otras. De allí la insistencia en que todas las estrategias encaminadas a la erradicación de la drogadicción deben ser pre concertadas en comunidad, que se tracen desde las líneas bases de los respectivos sectores sociales, con planes locales derivados de enfoques diferenciales, y que estos a su vez sean monitoreados por equipos integrales expertos en la materia, por lo que también, es preciso sugerir que en el tema específico de la droga, es necesario clasificar a la población vulnerable en dos sectores. Uno seria el sector de los que aún no han consumido droga para que accedan a programas de prevención y otro sector sería el de los consumidores para que accedan a programas de tratamiento. Es básico notar, que todo tipo de adicción, genera un patrón de comportamiento cíclico, en el que individuo cae en la misma situación día tras día, la droga, no es nada diferente, una vez se es consumidor de sustancias psicoactivas, la vida comienza a girar en torno a la droga y cada vez el individuo quiere pasa más tiempo bajo el efecto de la misma, se pierde total interés por experimentar y cumplir cualquier otra meta distinta a la de estar drogado, el individuo crea una relación estrecha con la droga hasta el punto en el cual se es capaz de anteponer la droga por encima de cualquier ser querido, por lo que es un patrón de comportamiento básico de un consumidor de sustancias psicoactivas atentar contra sus padres si estos le reprocharen sus actos. El estudio y las demás ocupaciones escolares demandan mucho tiempo y dedicación, sumado a esto, no generan ningún ingreso monetario a inmediato plazo, por lo que es una de las principales cosas que se dejan de hacer cuando se es consumidor de sustancias psicoactivas. Luego entonces, si un joven es consumidor de sustancias psicoactivas y cursa bachillerato, probablemente no alcanzara a graduarse y si lo hace, seguramente no tendrá la más mínima intención de seguir estudios superiores independientemente de las ofertas educativas que se generen en su entorno. Por otro lado, cuando el joven consumidor de sustancias psicoactivas decide seguir en la escuela, es porque cuenta con otros compañeros que también consumen y muy probablemente en conjunto a través de acciones como el matoneo u otro tipo de actividad, logran obtener recursos para conseguir más droga. Muestra de esta suposición es que la mayor parte de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas que están en las escuelas, se caracterizan por tener el más bajo rendimiento académico de la institución, lo que ratifica de que están en la escuela por cualquier otra cosa muy distinta a la de aprender. En relación a la pobreza, es válido decir que la incidencia de la droga en la pobreza es inminente, debido a que un individuo consumidor de sustancias psicoactivas se desvincula totalmente de sus ideales de superación. Cualquier recurso financiero al que un consumidor de sustancias psicoactivas tenga acceso terminara tarde o temprano en las manos de los expendedores de droga, ya que esa es la naturaleza de la adicción, siempre se estará comprando droga sin importar cualquier otra necesidad, por esta razón vemos que al consumidor de sustancias psicoactivas, poco le importa su apariencia personal y demás necesidades siempre y cuando sea suplida su necesidad de droga, la droga crea una desconexión total del mundo exterior, ciertos factores como los principios éticos, los amigos, la familia, el estudio, el deporte o cualquier otra actividad que haga interferencia con el consumo de droga, queda totalmente excluido del desarrollo cotidiano del individuo consumidor de sustancias psicoactivas. Mientras que, por otro lado, toda actividad, ocupación o agremiación que converjan con los eventos asociados a la droga, pasaran a ser entonces parte del nuevo estilo de vida adoptado por el joven consumidor de sustancias psicoactivas. Cuando un joven es de estrato bajo, su única salida para superar la pobreza es el estudio, la dedicación y la disciplina en cualquier actividad que se desempeñe, pero son estas las primeras cualidades que desaparecen de un joven cuando es consumidor de sustancias psicoactivas, razón por la cual, con la aparición de la droga, desaparecen las posibilidades de salir de la pobreza. Si el joven es de estrato alto, seguramente, por tener buena alimentación y confort, su deterioro a través de las drogas será más lento, y durante esta etapa el joven tiende a pensar que tiene el control sobre la adicción, no obstante, el efecto tiene el mismo fin, ya que las secuelas de la droga se reflejan en la degradación del coeficiente intelectual del individuo a medida que avanza la intensidad de la adicción, razón por la cual, por mayor formación intelectual y recurso económico que se posea, el joven terminara envuelto en la pobreza. Destruir una dosis de droga frente a su poseedor, sin importar si el que la destruye es su padre, madre, hermano; la reacción del consumidor de sustancias psicoactivas no será nada agradable, debido a que la conexión entre la droga y el individuo puede llegar a superar cualquier otro tipo de relación de consanguineidad o afín. Todos los seres humanos poseemos razón, y sabemos que es mucho más fácil, robar, matar, secuestrar o realizar cualquier otro acto delincuencial en pro de conseguir recursos económicos, mientras que por otro lado es más tedioso obtener ingresos a través del trabajo y demás esfuerzos. Pero si es más fácil delinquir que trabajar, ¿entonces porque aún hay personas que se dedican a trabajar? La respuesta es simple, porque existen valores morales impresos en nuestra formación que nos direccionan a tomar las mejores decisiones, teniendo como base el respeto por los demás, y es esta la razón por la cual el hombre ha aprendido a convivir en sociedad, generación, tras generación. Para que estos valores sean infundidos en un infante, es necesario que además de orientar al menor a través de concejos y demás directrices, también exista un ejemplo de comportamiento fraternal entre padre y madre, de igual manera, el respeto y la obediencia deben ser inculcados en el niño a través de la reprensión cuando se hace lo malo, y el aplauso cuando se hace lo bueno y así el niño aprenderá a diferenciar entre las consecuencias que podrían generar un buen o mal comportamiento, de allí la importancia de que el niño califique la complicidad de un padre como la aprobación de un acto, y el reproche del padre como la desaprobación del acto, por esto es necesario que los padres entiendan que solo tienen una sola oportunidad de criar a sus hijos, y que cualquier error en la crianza de un niño, se reflejara en el desempeño del mismo cuando adulto. Existe entonces la necesidad de que los padres retomen ciertos parámetros sobre los cuales fueron criados y reaprendan ciertas normas de comportamiento en pro de mitigar la generación de secuelas emocionales en sus hijos. Un ejemplo ampliamente demostrable en lo que respecta al trato de un padre con su hijo es la veracidad de que todo padrea que acolita y justifica las acciones impropias de su hijo, lo convierte en un futuro adulto delincuente de la sociedad, porque al acolitar la maldad de su hijo, lo está aprobando, y el niño crece sin el más mínimo escrúpulo por cometer la maldad, debido a que así fue su formación. Es de anotar que si bien, todos los hijos malcriados se convertirán en adultos delincuentes, no es del todo cierto asegurar que todos los adultos delincuentes fueron producto de malos padres, porque existen también, factores externos ajenos a la intervención de los padres que podrían influir en sus hijos, una vez estos son adultos ya no convivan con sus padres. Y es allí donde vuelve a tomar partido la drogadicción que es también un factor que puede hacer de un niño bien criado, un adulto delincuente. De acuerdo a lo anterior, podemos coincidir en que la droga desvanece todos los principios éticos y morales necesarios para convivir en sociedad, razón por la cual, el joven consumidor de sustancias psicoactivas no piensa dos veces para elegir entre el bienestar del prójimo y la obtención de la dosis diaria de droga, por eso es tan fácil para el consumidor de sustancias psicoactivas, atentar contra la integridad de cualquier individuo para obtener recursos y acceder a mayores cantidades de droga. Es típico observar al joven que se inicia en la droga vendiendo hasta los muebles de su casa, si este es padre de familia, no le interesa conseguir sustento para sus hijos, sus ideales comienzan a centrarse en la droga sin importarle su entorno y hasta su integridad misma, por esa razón vemos consumidores de sustancias psicoactivas que se enfrentan a la policía, atracan, agreden, matonean, secuestran, asesinan, y cometen cualquier acto que afiance de cierto modo el acceso a la droga. La intención de enfatizar en el comportamiento del joven consumidor de sustancias psicoactivas, no es más que la de concientizar a la comunidad y sociedad en general, de que la drogadicción no es la consecuencia del ámbito social, es la causa del deterioro social, razón por la cual no debemos recaer en el error de las soluciones inapropiadas que solo dan cabida a que avance la problemática de referencia. El consumidor de sustancias psicoactivas debe ser tratado por equipos de profesionales expertos en el tema, iniciando por un periodo de desintoxicación, seguido de una orientación psicológica para restablecer el principio ético del respeto por los demás, y luego capacitarlo laboralmente para que a través de una actividad logre ofrecer un servicio a la sociedad y que la retribución a este servicio se convierta en su modo de subsistencia Luego de que se haya agotado este proceso de rehabilitación y resocialización, es posible que surtan efectos los demás programas alternos de tipo social, como la inclusión al deporte, subsidios para emprendimiento, subsidios alimentarios, capacitaciones académicas, incorporación a espacios laborales, entre otros. Es necesario aclarar y precisar que mientras se es consumidor de sustancias psicoactivas, cualquier programa social que cobije al menor consumidor de sustancias psicoactivas, no surtirá ningún efecto de rehabilitación si antes este no es tratado por profesionales expertos en el área.

En un país que requiere fortalecer la dinámica empresarial, y que se encuentra en la búsqueda del restablecimiento del derecho y la justicia social para la población pobre y vulnerable, resulta un poco contradictorio la pertinencia y gestión de algunos trámites que son imperantes a la hora de formalizar un emprendimiento o de avanzar en la formación académica. Si bien, existen profesionales ejemplares que han surgido de familias muy humildes, y que por su genialidad, han escalado y ocupado puestos de alto reconocimiento, también, en su mayoría, existen profesionales que han estudiado con mucho esfuerzo, y que por diversas razones no han alcanzado esa envidiable posición, ya sea por no poseer dicha genialidad o por aquellas múltiples razones que particularizan las diversas condiciones de cada ser humano y cada condición social. Vale aclarar, que la gran mayoría de los jóvenes con raíces humildes, que han decidido iniciar una carrera profesional, han realizado esfuerzos y sacrificios enormes que de alguna forma han imposibilitado la expansión del potencial intelectual al respecto, ya sea, por los vejámenes asociados al desplazamiento desde su provincias de origen hacia las capitales, por la necesidad de trabajar en los momentos que no se encuentra en la universidad, por el estrés del día a día en pro de conseguir para cumplir con los gastos conexos a la actividad académica, y en gran parte, por las condiciones económicas asociadas a su infancia, que no proporcionaron la alimentación saludable y requerida para el desarrollo nutricional de su primera infancia, a esto, le debemos sumar la calidad educativa de las instituciones escolares de los pueblos, que en su mayoría se encuentran deteriorados, sin material educativo ni tecnológico y muchas veces con excesos de estudiantes por aula. En un cumulo de situaciones, como las anteriormente descritas, es muy común observar estudiantes que tardan más tiempo del normalmente establecido para culminar una carrera universitaria, debido a que, por obvias razones, es muy posible cancelar o reprobar asignaturas, cancelar practicas extramurales universitarias, aplazar semestres y demás situaciones asociadas a la imposibilidad de dedicarse única y exclusivamente a la actividad académica. Es el esfuerzo, la persistencia, la tenacidad y las ganas de salir adelante, lo que al final, y aun que le tarde más tiempo del pronosticado, termina generando la satisfacción personal de obtener un título profesional. Sin embrago, pese al gran esfuerzo y sacrificio realizado, es muy posible que no pueda acceder a becas de posgrado, debido al bajo promedio, que surge, en la mayoría de los casos por razones atribuibles a las condiciones del estudiante, tampoco podría acceder a empresas de gran prestigio porque las pasantías requerían un promedio y una referencia académica laureada, no podría acceder al sector público porque, en principio se le exige experiencia o en su defecto no tiene las relaciones políticas para tal fin, y con todo esto, resulta que, lo que para el joven humilde podría ser el inicio de la cosecha por su esfuerzo, termina siendo un obstáculo adicional que requiere un mayor esfuerzo, favoreciendo de esta manera, una muy probable condición del desempleo. Las personas que se encuentran en situación de desempleo, y que quieren incursionar en el emprendimiento, por lo general no tienen idea de los formalismos conexos a la gestión y tramite de los procesos a surtir para formalizar su emprendimiento, solo tienen una idea de negocio sumada a la necesidad urgida de salir adelante frente a la falta de oportunidades y a la crisis económica que se vive en la actualidad. En el caso de los profesionales que quieren emprender a raíz de no tener las relaciones y el estatus económico para acceder a las grandes empresas, y que en su mayoría han estudiado con mucho esfuerzo, por lo regular se gradúan, y salen al mercado con una deuda ante el icetex que deben empezar a pagar. No quedando más opción, surge la idea de iniciar y formalizar una empresa, para lo cual, deben iniciar realizando los trámites ante la cámara de comercio, donde le cobran un monto por el trámite requerido. Dentro de los requisitos, solicitan la dirección del inmueble donde va a operar la empresa, para lo cual, si no tienen propiedad, deberán alquilar un local, preferiblemente en una zona de alta concurrencia para dar a conocer el emprendimiento. Así mismo se deberá adecuar una plataforma tecnológica para agudizar la promoción de los servicios de referencia Una vez formalizada la empresa, debe competir en un mercado laboral, donde, por lo general, se les da mucha prioridad a las empresas con mayor experiencia. La eliminación de la modalidad de pagos por anticipo en algunas entidades del sector público, por razones atribuibles a seguridad del recurso, han logrado impedir el acceso de las pequeñas empresas que no tienen la capacidad económica para sostener el servicio, pero que si cuentan con la disposición, aptitud, vocación y conocimientos suficientes para ejecutar la labor contratada. De igual manera, para licitar en el sector público, se requiere un cumulo de documentación y la expedición de pólizas y demás garantías que requieren de la inversión de la empresa aun sin tener la certeza de obtener el contrato por el cual se compite, y ni pensar en los bancos para acceder a préstamos empresariales, ya que, por ser una empresa sin experiencia, sin flujo de caja, es imposible que se otorgue algún apoyo financiero. Por otro lado, en el sector privado, cada vez está más monopolizado el acceso a la venta de bienes y servicios o a la subcontratación de actividades con las grandes empresas, solo es posible incursionar con labores de mano de obra no calificada en las zonas que exijan como requisito la acreditación de residencias de los pobladores ubicados en el área jurisdiccional de las grandes empresas. Al final, si no se tienen nexos políticos, si no se tiene capacidad financiera, si no se tiene experiencia, si no se tiene vida crediticia, pasa el primer año sin poder acceder al más mínimo contrato, pero eso poco le interesa a la cámara de comercio, quien, de igual manera, independientemente de que haya existido actividad comercial, cobra los impuestos de referencia y las sanciones derivadas de la mora, y así mismo lo hace la DIAN. En referencia a la DIAN, pasa algo muy frecuente en los pequeño e ingenuos emprendedores, y es, lo que concierne a las declaraciones, que por falta de conocimiento no se realizan porque de ello nadie avisa, solo cuando notifican, para lo cual es necesario contratar a un contador que en resumidas cuentas diga que no existió actividad económica en dicha vigencia, pero que por no hacerlo en los tiempos establecidos, la DIAN, independientemente de la condición del emprendedor y a sabiendas de que sus sistemas de monitoreo no arrojan actividad económica relacionada con el funcionamiento de dicha empresa, decide sancionar por no declarar, generando un compromiso financiero adicional. Al final, el profesional de raíces humildes que estudio con tanto esfuerzo, luego de no haber tenido la más mínima oportunidad de operar en el mercado laboral, decide liquidar la empresa, pero para ello debe estar a paz y salvo con la DIAN y con la cámara de comercio, cuyas entidades se rigen por un calendario tributario que no da lugar a consideraciones ni a la condición revictimizante que adquiere un emprendedor que no logra acceder al mercado laboral. Algunos espectadores dirán que, hoy en día hay muchos emprendedores ejerciendo actividades económicas, pero es preciso aclarar que, una cosa es el rebusque disfrazado de emprendimiento detrás de una plataforma tecnológica o de un stand, y otra cosa muy diferente, es el emprendimiento formal que requiere de toda la rigurosidad tramitologica implícita en las leyes vigentes del comercio, siendo este último al que me refiero en esta publicación. Esta situación, se repite a diario en el país, razón por la cual, es pertinente que se tenga en cuenta en la reforma tributaria que pretende beneficiar a los menos favorecidos, para actuar con sentido humano y afianzar la concreción de los ideales de la justicia social.

El liderazgo es una actitud que se deriva de la vocación del servicio, el fin estricto de servir y atender los intereses colectivos, implica la necesidad de hacer uso de herramientas constitucionales y recurrir a las instituciones ligadas a dicha razón social, para el ejercicio de las acciones resolutivas que respondan a las problemáticas sociales que afectan el entorno. La dinámica del ejercicio ciudadano para propender por la defensa de los derechos constitucionales del individuo y/o de las comunidades, suele ser un rol de los líderes sociales no adscritos a las administraciones de turno, en su mayoría, con ideales opuestos al movimiento político que ejerce la administración territorial en las respectivas comunidades. A raíz de lo anterior, y con el afán de garantizar la concreción de acciones tendientes a la defensa de los ciudadanos y del colectivo, los líderes sociales, por razones asociadas a su vocación y en virtud afianzar los procesos políticos que se aliníen con sus necesidades, deciden postularse a cargos de elección popular o en su defecto, deciden apoyar sectores políticos con que compartan afinidades de tipo ideológico. Por alguna razón, los líderes políticos, una vez acceden a las administraciones territoriales, pierden la noción de su vocación y terminan envueltos en los mismos procesos que sus antecesores, y en muchas ocasiones, resultan cometiendo los mismos errores administrativos que en su momento cometieron aquellos funcionarios que otrora fueron objeto de sus críticas. El hecho, de que las administraciones entrantes, no superen las expectativas asociadas a la generación del cambio que tanto aclaman los ciudadanos, propicia la aparición de un fenómeno cíclico, en el que cada administración entrante termina siendo peor que las administraciones anteriores, generando que las administraciones salientes, a pesar de sus muy sentidas fallas, obtengan luego de un tiempo, un calificativo relativamente satisfactorio por parte de los ciudadanos. En consecuencia, las administraciones locales que en su momento no respondieron a las necesidades del ciudadano, vuelven a convertirse en una opción, en virtud de que las administraciones actuales resultan siendo peores. Situación que alimenta la posibilidad de continuar en el estancamiento. De acuerdo a lo anterior, se podría aseverar que, con el avance de este fenómeno cíclico, las administraciones territoriales, en su mayoría, se convierten en un ir y venir de los grupos de oposición política con mayor representatividad en el territorio, donde los ciudadanos, en su mayoría, no votan por las administraciones entrantes ni por las propuestas de gobierno de estos, sino que votan en contra de las administraciones de turno, alterando de esta manera, el contexto conceptual del ejercicio democrático. Para la garantía del avance en el desarrollo de las comunidades, debería ser indiferente el color y los ideales políticos de las administraciones locales que trascienden durante las distintas vigencias administrativas, sin embargo, es válido anotar que, existe mayor predisposición al desarrollo, en aquellos territorios, cuyas vigencias administrativas son encadenadas por la misma corriente política, dejando ver la concreción de un proyecto político a largo plazo que vincula a las distintas vigencias administrativas, asociadas a un objetivo de desarrollo territorial trazado de forma satisfactoriamente planificada, con metas y/o etapas definidas que se deberían cumplir en sus respectivas vigencias. En consecuencia, cuando el avance en el desarrollo de los territorios logra ser percibido por la ciudadanía, ésta, se convierte en promotora de la política de gobierno de turno e impulsa la permanencia de corrientes políticas durante muchas vigencias administrativas. Comprender y analizar los fenómenos políticos desde el enfoque comunitario, logra que los líderes comunitarios, fortalezcan los aspectos asociados con la solidez, y con la planificación de las acciones que respondan a la solución de problemas, que en muchas ocasiones requieren de la participación de varias vigencias administrativas. Una de las razones por las cuales los territorios se estancan o en su defecto retroceden socioeconómicamente, se debe al cambio de administraciones, donde por regular, la administración entrante siempre es opositora a la saliente, en cuyos casos, las administraciones entrantes, realizan planes de desarrollos que rechazan de plano, las líneas de acción definidas por su antecesor, e inician nuevas líneas de acción con políticas diferentes, que según sus juicios, serían las indicadas para generar el cambio que prometieron en campaña. Es contradictorio creer, que en una sola vigencia administrativa se pueda generar un cambio radical que responda a una problemática que ha trascendido durante muchas vigencias administrativas pasadas. En coherencia con lo anterior, los administradores de turno deben concebir el ejercicio de sus funciones, como un aporte a la concreción de una etapa que debe hacer parte de un documento marco formulado a largo plazo, donde se planifique de manera responsable, cada una de las acciones a implementar durante la respectiva vigencia administrativa, afianzando de esta manera el éxito de la gestión, la eficiencia del gasto y la satisfacción del ciudadano. Es preciso anotar que también existen casos, en los que la administración entrante es alineada con la saliente, y aun así, los territorios continúan estancados, pero esta situación, talvez podría deberse al afán de continuar en el poder por parte de los clanes políticos, quienes eligen a candidatos que estén dispuestos a ser herramienta de gobierno en cuerpo ajeno, causando un gran daño para los territorios, al posesionar en cargos de tan magna importancia a personas con tan poca autonomía, formación, identidad e idoneidad politicoadministrativa En un país democrático como el nuestro, es licito que todos los partidos políticos puedan acceder a las administraciones territoriales en los distintos periodos electorales, razón por la cual, este artículo no tiende a sugerir que es necesario que los partidos políticos permanezcan en el mando territorial durante muchos años, para afianzar el avance del desarrollo. Más bien, la sugerencia tiende a implementar una normativa que dé lugar a la formulación de planes de desarrollos a largo plazo, donde participen todos los sectores políticos de territorio y se logre establecer una ruta de desarrollo que pueda definir el rumbo de la dinámica socioeconómica del sector durante los próximos 20 años. Estos planes territoriales, que podrían afectar hasta cinco vigencias administrativas, deberán contar con una metodología muy sensible y detallada, que permita abordar todos los sectores del territorio y vincule a todas las organizaciones presentes, para generar desde el enfoque diferencial, un documento rector que enmarque los planes territoriales cuatrienales de las respectivas vigencias administrativas. Como siempre lo he expresado en mis artículos, la intención principal de esta publicación, es vincular al espectador y exhortarlo a complementar con las intervenciones de referencia que contribuyan a la formulación de una iniciativa de gobierno, lo suficientemente sólida, para que se catalogue como un aporte significativo ante las respectivas instancias del nivel nacional.

"Más que una cifra de favorabilidad, hay el sentimiento de un pueblo, que entregó un mandato con millones de sueños y anhelos por él cambio hacia una vida digna" #laopinióndechucho

#Región||"Talleres programaticos del pacto Histórico - Ciénaga de Oro en la vereda El Llano y la GLORIA" En el marco de la construcción de la agenda programatica para el municipio de Ciénaga de Oro, Un grupo de líderes del Pacto Histórico encabezado por Mahara Mendoza, Nerlys Saéz y Luis Díaz Jr entre otros, participaron y desarrollaron en la tarde de este martes, el primer encuentro-taller programático con la Comunidades campesinas de la Vereda del Llano y la Gloria. Cabe destacar que como resultado de estas mesas de trabajo se pretende construir entre la ciudadanía y el pacto histórico la agenda programatica a incertar en el plan de desarrollo del gobierno del cambio y sus ejecutorias en las respectivas comunidades rurales campesinas orenses en los próximos 4 años. En ese sentido, se abordaron los tres ejes temáticos que contempla el programa de gobierno del cambio como son: Justicia social, justicia ambiental y paz total y por supuesto sobre el cual debe construirse el plan de desarrollo para los próximos 4 años. Otro importarte tema del encuentro comunitario fue alentar y promover la construcción y formalizacion de organizaciones sociales y campesinas, especialmente con las mujeres y acordes con las potencialidades y principales luchas de la región. Finalmente es preciso manifestar que estos "Talleres Programáticos" se seguirán desarrollarándo en toda la zona rural y urbana del municipio de Ciénaga de Oro, en la cual de manera exitosa ya se han adelantado los primeros encuentros en Punta de yanez, los Mimbres, Berastegui, Laguneta, las Balsas, Bugre y en días próximos los demás Corregimientos. En este sentido el pacto histórico extiende la cordial invitación a toda la Ciudadanía orense a participar activamente en estos encuentros comunitarios que buscan en primer lugar construir en "juntanza" la hoja de ruta para los próximos años y en segundo lugar constituir y formalizar las organizaciones sociales y campesinas que se encargarán de cristalizar los anhelos de CAMBIO, PROSPERIDAD e INCLUSIÓN para el pueblo ORENSE. "Colombia potencia mundial para la Vida y Ciénaga de Oro, su Capital"

Durante los últimos años, hemos leído anotaciones emitidas por Organismos Internacionales, que aseveran la catalogación de nuestro país, como uno de los más desiguales del mundo en referencia al aspecto socioeconómico. Si bien, las desigualdades socioeconómicas del país, pueden evidenciarse con la magnitud de las brechas que separan a distintos segmentos de población dentro del mismo territorio nacional, es oportuno aclarar que, dentro de cada segmento de población desigual, existen similitudes en sus condiciones sociales, y comparten gran parte de las problemáticas expresas en sus respectivas jurisdicciones. En consecuencia, seria propicio deducir que, en países desiguales que buscan la igualdad, se requiere gobernar con tratos desiguales para los sectores desiguales, propendiendo por el enfoque territorial y la equidad social, pero en cada sector se deben implementar planes de beneficios iguales, debido a que dichas poblaciones son iguales en aquellos aspectos que las hacen desiguales. En otras palabras, la consigna sería; ofrecer un trato diferencial frente al grado de vulnerabilidad asociado al sector. De acuerdo a lo anterior, y asociando dichos parámetros con la implementación de algunos programas sociales que se abordan desde los territorios, sería pertinente reconocer que existen sectores del país que mantienen mucha uniformidad en sus condiciones socioeconómicas, por ende, deberían ser cubiertos en su totalidad por los beneficios de referencia. Uno de los programas sociales a los que hago referencia, es el “Programa de Alimentación Escolar - PAE”, que desde hace varios años es liderado por las entidades territoriales. En la mayoría de los municipios de categoría 5 y 6, se pueden observar que, el grado de vulnerabilidad de los estudiantes de instituciones públicas de básica primaria y media básica, guardan total unanimidad, razón por la cual, resulta imposible discriminar aspectos relacionados con la distribución de las raciones alimentarias que ofrece el PAE, debido a que todos, por igual, necesitan de dichos beneficios, ya que hacen parte de ese sector desigual de la población que requiere atención igualitaria para todos. Es inadmisible que existan instituciones educativas, donde se recibe un gran porcentaje de estudiantes pobres, y contradictorio a ello, reciben un pequeño porcentaje de cupos asignados para acceder al beneficio del PAE, incluso, existen instituciones enteras que no reciben el beneficio del PAE. Esta situación, lo único que logra es re victimizar a la población vulnerable y agudizar las brechas locales dentro de las brechas regionales para contribuir al crecimiento de las brechas nacionales, generando un gran incremento en la percepción de la desigualdad social en el país. Como es bien sabido, los aspectos nutricionales juegan un gran papel en el desarrollo intelectual del menor y en su desempeño durante los diferentes ciclos de vida del individuo, llevándonos a concluir que, una adecuada nutrición podría marcar la diferencia entre una comunidad educada y prospera, a una comunidad insegura y decadente. A nuestro presidente le es claro que la educación es el camino para el progreso de los pueblos, razón por la cual, debemos propender por una educación que transforme y que genere gran impacto sobre la sociedad, para ello, es necesario, propiciar los escenarios que faciliten el acceso al sistema educativo desde la primera infancia para afianzar el éxito de la inversión social en materia educativa y evitar la deserción escolar. La cobertura en el PAE, debería ser universal desde la primera infancia hasta la básica primaria, y en la básica segundaria por subgrado de vulnerabilidad, para lo cual, es aconsejable que se despolitiquice la contratación de operadores inescrupulosos que sobreponen el negocio por encima del fin social y atentan contra la seguridad alimentaria de los territorios y contra el desarrollo mismo del país, ya que obstruir la fluidez educativa del nuestros infantes es condenar al país a la ignorancia. Sería una buena opción, que el ICBF asuma la operación del PAE o en su defecto una dependencia gubernamental que pueda garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes pobres ubicados en las zonas vulnerables del país. De igual manera, la entidad signada para la operación del PAE, deberá realizar un plan de minutas y menús en asocio con los aspectos culturales, antropológicos y sociales que caractericen a los territorios, para que se logre la satisfacción absoluta por parte del estudiantado y consolide el éxito de la gestión adquirida. Por su parte, los recursos que el estado asignaba a los municipios para tal fin, serán asumidos por la dependencia del operador de referencia, más un porcentaje que deberían asumir por fuente de regalías, los entes territoriales respectivos para lograr mayor cobertura en sus territorios, adicional a lo que el gobierno asumiría subsidiariamente para el logro de la cobertura total del sector de la población que presente alto grado de vulnerabilidad. De igual manera, como lo expreso en todas mis columnas, la intención de la presente, es que los miembros de esta plataforma, aporten sus ideas, para consolidar una propuesta completa, sana, eficiente y eficaz, que ayude a la intención de cambio de nuestro presidente y que responda a la necesidad urgida de los territorios para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.