El día 16 de Julio del 2022, el Nodo "Tolú Humano y Saludable", asistió a la convocatoria liderada por miembros representativos de la subregión del Golfo del Morrosquillo, en el Departamento de Sucre, adscritos al Pacto Histórico, cuyo evento tenía como tema único, la emisión de ideas por parte de los distintos municipios que conforman la subregión del Golfo del Morrosquillo, para la generación de proyectos de desarrollo en el Territorio. El aporte del Nodo "Tolú Humano y Saludable", se basó en la problemática social que actualmente aqueja a la región y al Departamento entero, y que año tras año, ha venido progresando de manera sostenida, reflejándose en el deterioro acentuado del tejido social, generando afectaciones al Territorio en el área social, económica, cultural, ambiental y sanitario. Nuestra idea para la generación del desarrollo regional, desde el área de la salud, responde a la necesidad de erradicar el fenómeno de la drogadicción, a través de estrategias integrales y articuladas, que permitan la recuperación del paciente drogadicto para que este sea útil a la sociedad, y así poder aportar a la construcción de ciudades, entornos y ruralidades saludables. la problemática de la drogadicción ha venido creciendo, pero estadísticamente no se ha podido precisar la magnitud del evento a nivel regional, debido a que las herramientas del estado para medir el sector de la población que consume sustancias psicoactivas, no responden a la realidad del territorio, ya que por percepción en estadísticas de morbilidad sentida, el porcentaje de individuos consumidores de sustancias psicoactivas, podría ser superior al 10% de la población de la región, no obstante, para dar forma a este proyecto y argumentar su pertinencia, es necesario que se realice una línea base y/o caracterización de todos los aspectos conexos al fenómeno de la drogadicción en Sucre, a través de metodologías sofisticadas de la neuropsicología que logren de manera psicotécnica, conocer la predisposición y/o la prevalencia de consumidores o potencialmente consumidores respectivamente. la drogadicción afecta mayoritariamente a jóvenes y adolescentes, generando actitudes contrarias a la realización personal, los individuos en condición de adicción a las drogas, pierden conexión con la realidad del entorno, se aíslan de todos los programas sociales, abandonan sus ideales educativos, acceden al microtráfico, participan en eventos asociados a la delincuencia común, promueven conductas susceptibles a la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, embarazos a temprana edad, prostitución infantil, intentos de suicidio, violencia intrafamiliar, deserción escolar, desordenes de la salud mental, entre otros. En coherencia con lo anterior, podríamos concluir que, la drogadicción destruye la solides del núcleo familiar, y por ende, la destrucción del tejido social, razón por la cual, es necesario tratar esta problemática de manera urgente y responsable, con estrategias serias que afiancen la corresponsabilidad de las instituciones y niveles administrativos de la función pública que guarden relación con la trazabilidad dela gestión tendiente a la rehabilitación del paciente para su recuperación fisiológica, educación del paciente para la adopción de un oficio o profesión y la ocupación del paciente para que se auto sostenga financieramente brindando un servicio a la sociedad. como primer paso para lograr la transformación social de una sociedad que ha estado durante muchos años a la merced de la drogadicción, es necesario construir una infraestructura con la capacidad, física, técnica y operativa que responda al tratamiento y a la atención integral de todos los eventos asociados a la salud mental, tales como; adicciones, depresión, esquizofrenia, trabajo social comunitario y demás intervenciones del orden colectivo e individual. La intención de enfatizar en el comportamiento del joven drogadicto, no es más que la de concientizara la comunidad y sociedad en general, de que la drogadicción no es la consecuencia del ámbito social, es la causa del deterioro social, razón por la cual no debemos recaer en el error de las soluciones inapropiadas que solo dan cabida a que avance la problemática de referencia. El paciente con afectación de su estado mental, debe ser tratado por equipos de profesionales expertos en el tema, iniciando por un periodo de desintoxicación, seguido de una orientación psicológica para restablecer el principio ético del respeto por los demás, y luego capacitarlo laboralmente para que a través de una actividad logre ofrecer un servicio a la sociedad y que la retribución a este servicio se convierta en su modo de subsistencia Luego de que se haya agotado este proceso de rehabilitación y resocialización, es posible que surtan efectos los demás programas alternos de tipo social, como la inclusión al deporte, subsidios para emprendimiento, subsidios alimentarios, capacitaciones académicas, incorporación a espacios laborales, entre otros. Es necesario aclarar y precisar que mientras se es drogadicto, cualquier programa social que cobije al individuo, no surtirá ningún efecto de rehabilitación si antes este no es tratado por profesionales expertos en el área.

Es muy lamentable que el campesinado sea el sector más ultrajado dentro de la cadena de valor del área de la producción de alimentos, siendo este, el eslabón más importante de la línea productiva. El país entero, está en deuda con el sector del campesinado, para lo cual es necesario resarcir por todos los gravámenes y abusos a los que han sido sometidos, desde el desplazamiento forzado hasta el alza en los insumos y productos para labores productivas del campo. Actualmente, las políticas dirigidas al sector agropecuario solo apuntan al beneficio de los grandes productores, y someten a los campesinos poseedores de pequeñas parcelas, a renunciar de sus labores ancestrales o a vender sus predios para dedicarse a otra actividad productiva. Cuando los campesinos que venden sus predios, terminan errando en la selección de nuevos negocios, por razones básicas, atribuibles a la inexperiencia en otros sectores de la economía regional, obligándose a vivir del rebusque e indignificando su bienestar y calidad de vida. La políticas municipales, en su mayoría, no son suficientes para garantizar la estabilidad del sector campesino a nivel territorial, y tampoco muestran interés en la articulación de políticas regionales que vinculen a varios municipios del territorio para la propiciación de acciones y acuerdos intermunicipales o interdepartamentales que afiancen la sostenibilidad del sector agropecuario en las distintas regiones, razón por la cual, es necesario que, desde el nivel nacional se realicen los lineamientos para que, desde el enfoque diferencial, se construyan las líneas normativas que rijan la legislación para el reconocimiento de la importancia de la actividad campesina en el país, cuyo abordaje debe ser enfocado desde el área cultural hasta los aspectos propios del carácter socioeconómico de los territorios. Por su parte, las centrales de abastos y demás plataformas de comercialización de productos del campo, terminan contratando la provisión de alimentos con empresas intermediarias que no pertenecen al sector campesino y que son en gran parte, los que definen el costo de los productos del campo. En referencia a las tarifas de los productos del campo, es preciso anotar que, muy a pasar de que los productos del campo suben de precio de manera acentuada, dicho alza no se refleja en las utilidades de la población campesina. Son los intermediarios, los que se aprovechan de las falencias comerciales, de las pésimas vías de acceso y de la imposibilidad del pequeño productor para conectar directamente con las grandes comercializadoras, quienes abanderan el transporte, marcan la disponibilidad, regulan la distribución y definen los precios de los productos del campo. Los intermediarios, sin el más mínimo escrúpulo, sin considerar el esfuerzo y dedicación de la actividad de siembra y/o de cría, llegan hasta el más pequeño productor e imponen los precios del mercado, a los cuales el campesino debe acceder so pena de perder la cosecha o producto de referencia. Y es, este mismo intermediario quien ofrece los productos y fija los precios a las grandes plataformas del comercio. Es triste que los campesinos tengan que enfrentar los efectos del cambio climático con un esfuerzo muy alto en la actividad productiva, y de poder salir victorioso con sus productos, tengan, adicionalmente, que someter todo ese esfuerzo a las consideraciones de un intermediario que ni siquiera sabe sembrar un árbol. En referencia al acceso a los insumos para el sostenimiento y adecuación de las distintas líneas productivas dentro del sector agropecuario, el aumento desmedido en los precios de alimentos para cría y de fertilizantes para siembra, ha logrado que se reduzcan la dinámica y variedad productiva de los territorios, limitando a los campesinos a la dedicación estricta en actividades productivas que no requieran la compra de los insumos más costosos del mercado o en su defecto, el campesino se ve obligado a comprar insumos de menor calidad que a su vez generan menor volumen de producción. En cuanto a los créditos subsidiados por el estado y abanderados por las entidades financieras, se observan muchas barreras de acceso a los respectivos beneficios, una de la más notable es la legalización de los predios, ya que muchos campesinos han estado en sus territorios por varias generaciones y no han podido implementar procesos de sucesión, debido a los costos que acarrea y a la falta de asistencia al respecto. De igual manera, en muchos casos, las entidades bancarias terminan solicitando requisitos que demuestren solvencia y garantías, que de tenerlos no sería necesario solicitar dichos préstamos. Haciendo que el acceso al crédito sustancial y de mayor monto, solo esté a disposición de los grandes productores, que son, los que al final pueden contar con los requisitos de garantía que requieren los bancos y quienes tienen al día sus escrituras y títulos de propiedad. La importación de productos alimenticios a un menor precio, solo beneficia a las plataformas comerciales, quienes, comercializan el producto a precios iguales a los producidos por el campo colombiano bajo la supuesta excusa de equilibrar la estimulación productiva nacional, pero con el pleno objetivo de obtener grandes utilidades en la importación de los alimentos. Por su parte, la importación de alimentos, al final, solo tiende a obligar al productor nacional al sometimiento de las tarifas de oferta fijadas por intermediarios y centrales de abastos. En definitiva, la importación de productos por sectores privados inescrupulosos que supeditan el bienestar social a las utilidades del negocio, no podrían seguir al frente de dicha actividad sin la regulación estricta del estado, ya que este tipo de importaciones, por ser de alimentos, no se puede catalogar netamente como un negocio comercial, debido a que posee conexidad con la seguridad alimentaria de todo un país y deriva en afectaciones de orden socioeconómico para la población nacional, por lo que el estado debe ser mucho más cuidadoso en la toma de decisiones tendientes al aval y al otorgamiento cargas arancelarias de los productos de importación. Es necesario que, frente la decisión de acceder a la actividad de importación y exportación de productos agropecuarios, se realice un análisis desde el enfoque de la conveniencia del sector campesino, la estabilidad de la actividad productiva y a la auto sostenibilidad de la seguridad alimentaria en el nivel nacional, ya que el avance al desarrollo de un país se construye desde la capacidad para auto sostenerse. El estado tiene la obligación de resarcir al campesino, quien ha sido re victimizado en todos los aspectos, razón por la cual, es necesario construir una reforma agraria con la plena y decisiva participación de las bases campesinas, sellado con un gran pacto nacional del respeto al campesino y dignificación de sus labores. Las nuevas políticas de desarrollo agropecuario deben tender a la recuperación de la confianza por el sector campesino y al reconocimiento de la importancia del campo y sus trabajadores en referencia al sostenimiento del país, para lo cual se debe fortalecer el acompañamiento, asistido, subsidiario y comercial, con la garantía de la seguridad de los territorios y la propiciación de escenarios que reflejen la justicia social y la adecuación infraestructural de las vías de acceso para afianzar el flujo de productos e insumos del campo. Todo esto con el fin de estimular al pequeño productor para que retome sus actividades agropecuarias y regrese a sus territorios de origen con la plena convicción de retomar la dignidad y el goce del habitad que por muchos años les fue arrebatado.

En referencia a la posible abolición de las EPS, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: Las EPS administran recursos del estado para el manejo y concreción de los servicios de salud cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud establecido por el estado. En ese orden de ideas, es el estado quien entrega los recursos para que las EPS lo administren, las cuales contratan a las IPS para que presten los servicios de atención en Salud. Por su parte, el estado; quien es el subsidiador de todo este proceso, podría, a consideración de sus dirigentes, asumir el rol de las EPS, construyendo un órgano ejecutivo adscrito al Ministerio de Salud que se encargue de contratar la prestación de los servicios de salud con las IPS y su vez, supeditar el pago de dichos servicios, a los juicios que por plena competencia han venido ejerciendo las entidades encargadas de las labores de inspección, vigilancia y control en el sector salud, en los distintos niveles del orden politicoadministrativo. Por sentido común, gran porcentaje de los recursos que el estado proporciona a las EPS, son invertidos en gastos de funcionamiento y proceso administrativos de dicha entidad, de igual manera, estas entidades no operan sin ánimo de lucro, razón por la cual, también obtienen utilidades por el ejercicio administrativo de sus funciones. A demás de lo anterior, existe cierta ambigüedad en la implementación de algunas intervenciones de las EPS con referencia a la destinación delos recursos financieros, uno de estos casos, sería el referente al manejo de las Glosas. Las Glosas, son deducciones que las EPS le realizan a la IPS por no cumplir con el total de las intervenciones y/o servicios contratados, según las EPS, el argumento de la glosa, obedece a que el prestador de servicios, que en este caso es la IPS, no cumplió con la realización de una actividad que en su momento debió abordar a cierta cantidad de población, sin embargo, la gran inquietud de esta situación apunta a que el usuario o paciente que no recibió la intervención debido a las posibles falencias del prestador, nunca es resarcido en su derecho a recibir dicha intervención, no obstante, el recurso financiero que debió subsidiar dicha intervención es deducido por la EPS bajo la denominación de glosa, quedándose la EPS con el recurso que finalmente no fue invertido en la atención del paciente y que tampoco lo resarció. En coherencia con lo anterior, las EPS podrían prevenir la reiteración de las glosas, ya que estás son autónomas y cuentan con herramientas que permitan realizar labores de auditoria dirigidas a las IPS previamente a la contratación, para verificar que el prestador contratado cumple con la capacidad técnica y operativa necesaria para asumir las obligaciones contractuales, y así tener la certeza de que no se producirán glosas o en su defecto serán de muy poca magnitud. Pero todo apunta a que el negocio de la EPS radica en la glosa, ya que termina quedándose con un recurso que es destinado para el ciudadano y que, por falencias de la IPS, es glosado para luego regresar a las arcas de la EPS sin la más mínima posibilidad e intención de resarcir al paciente que debió se beneficiado con dicha intervención o servicio. Estos recursos, que se utilizan en el manejo y utilidades administrativas de las distintas EPS, podrían reunirse en una bolsa común para crear una entidad estatal, fortalecida administrativa e integralmente para el manejo de los recursos que el estado designa para la atención en salud, cuya entidad deberá superar la capacidad técnica, operativa, infraestructural y administrativa, que actualmente podrían ejercer en conjunto, todas las EPS que operan en la jurisdicción nacional. Por su parte, así mismo, se debería crear en los niveles regionales, departamentales y municipales, unas sucursales unificadas, cuya capacidad instalada sea proporcional a los aspectos demográficos del departamento de referencia, y a la categoría de los respectivos municipios. En cuanto a la restructuración que requiere el aparato ejecutivo para asumir el rol que hoy ejercen las EPS, sería necesario contar con la intervención del ministerio de trabajo, para que se garantice la estabilidad laboral de las personas que actualmente trabajan operativamente en las distintas EPS, creando un concurso de méritos cerrado, dirigido a funcionarios de las EPS con prioridad de solicitud de vacantes de acuerdo a sus regiones y/o municipios de trabajo. Por otro lado, el estado, a través de su entidad unificada de manejo y regulación de la atención en salud; deberán realizar un diagnóstico de las distintas entidades prestadoras de servicios de salud (IPS), ya sean públicas o privadas, con el objeto de evidenciar los requisitos habilitantes y favorecer el afianzamiento de la prestación de un servicio eficiente, eficaz y con total calidad, para lo cual, será necesario contar con herramientas tecnológicas e interactivas que permitan conocer en tiempo real, el grado de satisfacción del paciente y/o usuario. Las IPS públicas o privadas, que no cumplan con los requisitos mínimos de habilitación, tendrán un plazo definido por el ministerio de salud para que subsanen los respectivos hallazgos, cuyo plazo podrá variar de acuerdo al grado de complejidad de loa hallazgos, pero en ningún caso dicho plazo para implementar el plan de mejoramiento podrá ser superior a tres (3) años, durante el proceso de implementación del plan de mejoramiento, las IPS que no cumplan con los requisitos mínimos de habilitación, y que tengan la intención de seguir operando, deberán formalizar un convenio interadministrativo con IPS acreditadas que cumplan con los requisitos de habilitación y que demuestren poder asumir las funciones propias de su entidad y de manera simultánea, las intervenciones y/o acciones que son objeto de subsanación en la IPS no habilitada. Estos convenios interadministrativos no podrán exceder la capacidad de funcionamiento de la IPS. Una IPS habilitada, solo se podrá realizar convenio interadministrativo con máximo tres IPS no habilitadas y por un término máximo de tres años, ya que las IPS no habilitadas, solo tendrán ese plazo máximo para acreditarse, de otro modo serán intervenidas y/o liquidadas por la supersalud. Vale aclarar que los cambios y restructuraciones al aparato ejecutivo del estado, se deben realizar con el único objeto de mejorar las condiciones de vida del colectivo, razón por la cual, es necesario analizar todas las falencias del servicio de salud que sistemáticamente se presentan en la actualidad, para que la restructuración de dicha entidad obedezca a la solución de dicha problemática y mejore la calidad y oportunidad de la atención medica requerida a gritos por la población colombiana.

En referencia a la necesidad de elegir buenos gobernantes, el país entero a iniciado una etapa con base al despertar de la conciencia ciudadana. Es por ello que los electores están asumiendo la responsabilidad del saber elegir, a través del análisis de las propuestas de gobierno y la conveniencia de dichas propuestas en congruencia con el bienestar social. Lo anterior es un gran avance para el país, ya que poco a poco se está desvirtuando el ejercicio politiquero y clientelista que históricamente giraba al rededor de las contiendas electorales, dónde las probabilidades de éxito electoral siempre estaban a favor de las grandes maquinarias políticas y de los más solventes, creando una gran brecha de aventajamiento en comparación con los movimientos e iniciativas políticas, que a pesar de sus buenas ideas, no era posible enfrentar al los políticos millonarios del país y de las regiones. Este despertar de la conciencia ciudadana, crea un escenario de igualdad y justicia democrática, ya que el ejercicio clientelista dejó de ser determinante en el resultado de los procesos electorales, y nos motiva a todos los que hemos venido trabajando desde las bases y que no tenemos grandes cantidades de dinero ni relaciones con altas élites, para participar en las distintas candidaturas electorales para ocupar cargos de elección popular. En esta nueva etapa del despertar ciudadano, por fin estamos eligiendo a nuestros gobernantes por sus propuestas y por el análisis del historial político de los candidatos. Por ello en estos momentos, los líderes sociales que siempre hemos estado al servicio de las comunidades, debemos avanzar en la gestión y competir con nuestras ideas de cambio para crear en conjunto con la ciudadanía, propuestas de gobierno que respondan a la realidad del territorio y a las verdaderas necesidades de la comunidad. En vista de que la dinámica electoral apunta a la participación de todos los sectores sociales con un gran dispendio de propuestas enmarcadas en todos los aspectos, se hace necesario que desde el nivel nacional, se inicien proyectos de ley tendientes a la regulación de las propuestas de gobiernos establecidas por los respectivos candidatos, ya que en el afán de obtener éxitos electorales, muchos candidatos podrían excederse en sus propuestas, y los ciudadanos podrían elegir dichos programas de gobierno que por obvias razones no se cumplirán en las vigencias administrativas electas. La regulación de propuestas y programas de gobierno establecidos por los candidatos, debe ser una iniciativa del estado, ya que los ciudadanos estarían eligiendo a candidatos deshonestos, y serían blanco de engaños por parte de movimientos políticos, exponiendo la formalidad del ejército democrático y dejando en desventaja a aquellos candidatos responsables que establecen propuestas de gobierno infundadas en la realidad del sistema socioeconómico presente en el territorio. El objetivo del ejército democrático, es que el ciudadano elija al candidato que le genere mayor confianza y con el cual se sienta mayormente identificado, en ese orden de ideas y con base a ésta estaba de despertar ciudadano se elegirán las mejores propuestas, pero la elección sería totalmente democrática en la medida en que dichas propuestas se concreten e implementen en el territorio, por ello la necesidad de que el estado regule autónomamente el seguimiento y monitoreo a las propuestas de gobierno de los candidatos en concordancia con los modelos de gobiernos implementados por los gobernantes elegidos, ya que el pueblo está votando por propuestas, más no por el candidato, razón por la cual resulta inadmisible hacerse eligir por propuestas y gobernar con un modelo de gobierno contrario a lo propuesto.

Todas las estrategias encaminadas a la erradicación de la drogadicción deben ser pre concertadas con la comunidad, para que se tracen, desde las líneas bases de los respectivos sectores sociales, los planes locales derivados del enfoque diferencial aplicado, y que estos planes sean monitoreados por equipos integrales expertos en la materia. Por lo que también, es preciso sugerir que, en el tema específico de la drogadicción, es necesario clasificar a la población suceptible en dos sectores: Uno seria el sector de los que aún no han consumido droga, para que accedan a programas de prevención. Otro sector sería el de los consumidores, para que accedan a programas de tratamiento. La intención de enfatizar en el comportamiento del joven en situación de drogadicción, no es más que, la de aclararar a la sociedad y comunidad en general, que la drogadicción no es la consecuencia del ámbito social, más bien, es la causa del deterioro social, razón por la cual, es necesario reconocer el comportamiento de la problemática para no recaer en el error de las soluciones inapropiadas que solo dan cabida a los desgastes y detrimentos financieros, y por supuesto, al avance la problemática de referencia. El individuo en situación de drogadicción debe ser tratado por equipos de profesionales expertos en el tema, iniciando por un periodo de desintoxicación, seguido de una orientación psicológica para restablecer el principio ético del respeto por los demás, y luego capacitarlo laboralmente para que a través de una actividad logre ofrecer un servicio a la sociedad y que la retribución a este servicio se convierta en su insumo de subsistencia. Luego de que se haya agotado este proceso de rehabilitación y resocialización, es posible que surtan efectos los demás programas alternos de tipo social, tales como: la inclusión al deporte, subsidios alimentarios, subsidios para emprendimiento, subsidios educativos, capacitación colectiva en salud, incorporación a espacios laborales, convocatorias para el desarrollo de capacidades, entre otros. Es necesario aclarar y precisar que, mientras se está en situación de drogadicción, cualquier programa de interes social y complementario que se dirijido al individuo en situación de drogadicción, no surtirá el efecto deseado y mucho menos contribuirá a la rehabilitación del paciente, sin que éste no haya sido tratado con anterioridad por profesionales expertos en el área y en instituciones idóneas que cumplan con la capacidad física, técnica y operativa que obedezca a las necesidades del paciente. Luego entonces, podríamos ubicar la drogadicción como un factor coincidente que a su vez genera un efecto coincidente en todo el País, Razón por la cual, presta los méritos suficientes para enmarcar dicha problemática en una política de gobierno que permita la creación de un modelo de atención serio y que imperativa mente logre articular a todos los demás programas sociales e instituciones en pro de garantizar una intervención con calidad. No obstante, la intención de esta publicación es que el lector se dé la tarea en seguir analizando sobre otros posibles factores que sean igual o mayormente coincidentes en el territorio, y que también generen consecuencias asentuadas frente al deterioro del tejido social en nuestras comunidades.