Los principios de nuestro partido promueven la organización autogestionaria de las bases comunitarias para la conformación de nodos y demás formas de organización que afiancen la garantía de la participación ciudadana en todas las decisiones y/o intervenciones de tipo programático y político que se ejerzan desde la respectiva jurisdicción.
De acuerdo a lo anterior, no sería extraño que las políticas de participación ciudadana en este nuevo gobierno, puedan tener un rol con mayor capacidad de gestión y representatividad en la construcción y ejecución de los programas y proyectos adscritos a las distintas líneas políticas del orden territorial.
Hasta el momento se han apreciado algunos pronunciamientos por parte de nuestro presidente electo, que, de implementarse en su modelo de gobierno, confirmarían la percepción tendiente a la titularidad de las bases comunitarias, otorgándoles facultades para que ejerzan con voz y voto dentro de los procesos relacionados con la formulación e implementación de los planes, programas y proyectos que giren en torno al desarrollo de las regiones.
Una de las razones por las cuales el país presenta tantas obras y/o proyectos inconclusos, subutilizados e ineficientes, es por la falta de titularidad y autoridad de las veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal y demás fuerzas vivas comunitarias del territorio, debido a que en la mayoría de los casos, estos proyectos no son solicitados por la comunidad o en su defecto no son formulados desde el enfoque diferencial, y más bien son proyectos determinados por un asocio de las alcaldías locales y el gobierno nacional, dejando de lado la voz y el voto de las bases del territorio. Y solo después de adjudicados los contratos, se procede a la citación de algunos veedores ciudadanos para socializar el proyecto de manera somera y sin la más mínima posibilidad de realizar ajustes o discutir la pertinencia de los mismo.
La idea de empoderar a las bases y hacerlas participes activos en todas las etapas de los distintos proyectos que se desarrollen en las zonas de influencia de los ciudadanos, se podría catalogar como la manera más práctica de garantizar que las acciones y/o intervenciones dirigidas al territorio, coincidan con las verdaderas necesidades de la comunidad, y por ende se logren solucionar los problemas que realmente estén afectando al territorio, logrando que dichos proyectos no vulneren la identidad sociocultural del pueblo y que exista un monitoreo en tiempo real para crear alertas de manera reactiva y oportuna e impedir el detrimento patrimonial, ya que actualmente, en la mayoría de los casos, el detrimento es irrecuperable, debido a la paquidermia y lentitud que caracteriza a los entes de control que reciben este tipo de denuncias.
A pesar de estar muy de acuerdo con la iniciativa de otorgar dientes a las bases comunitarias para que sean las garantes en las etapas de planificación, ejecución y monitoreo de sus planes de desarrollo y demás políticas del orden territorial. Es necesario tener en cuenta el grado de responsabilidad que esto significa para las comunidades, ya que tendrían que realizar un ejercicio organizado, responsable y acertado en lo que respecta a la toma de decisiones.
De acuerdo a lo anterior, mi propuesta está dirigida al fortalecimiento de las bases comunitarias, en todos los aspectos, para que, a través de un plan enmarcado en la gestión del conocimiento y en el desarrollo de capacidades, se pueda educar a todas las organizaciones comunitarias, las cuales también deberán ser evaluadas posteriormente para corroborar la adopción de dichas competencias, ya que la sola asistencia a los procesos educativos no puede considerarse como requisito para ejercer la responsabilidad de decidir sobre los recursos de un pueblo.
Es necesario que las bases comunitarias se comprometan con toda su disposición a formarse con el plan educativo que para su efecto ofrecerá el gobierno nacional, pero a su vez el gobierno nacional, deberá construir un plan de estudios que pueda ser digerible fácilmente por las comunidades vulnerables, con la utilización de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que respondan a la susceptibilidad de las poblaciones, de igual manera, el estado deberá crear los escenarios necesarios para promover un ambiente cómodo, acogedor, amable y accesible que permita la total predisposición por parte de los distintos miembros de las bases comunitarias en cada una de las etapas del procesos educativo.
El compromiso del gobierno por preparar a las bases comunitarias, y el compromiso de las bases comunitarias para esforzarse aprender y atender los requerimientos académicos del proceso educativo, deben ser la base crucial para pasar a la etapa de empoderamiento por parte de las comunidades, ya que el poder debe ir de la mano del conocimiento para afianzar la idoneidad en la toma de decisiones.
Es necesario que el gobierno nacional garantice que, el empoderamiento de las bases comunitarias se realice de manera acertada y responsable, evitando que las comunidades sean susceptibles a la influencia de los mandatarios o clanes políticos territoriales por causa de factores asociados a la falta de competencias, conocimientos y demás requisitos conexos al ejercicio de la planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos.
Si el gobierno nacional pretende empoderar a las bases comunitarias, debe iniciar una etapa de preparación, con una normativa clara y eficaz, con guías metodológicas abanderadas por un equipo integral conformado por profesionales oriundos del territorio previamente capacitados por el nivel nacional, para que se elaboren mesas de trabajo y cursos asistidos consistentes dirigidos de manera presencial a las distintas bases comunitarias, juntas de acción comunal, líderes sociales y todas las instituciones y/o formas de organización comunitarias legal o no legalmente constituidas, para que fortalezcan sus conocimientos y ejerzan de manera competente y responsable, todas las funciones y/o responsabilidades que el estado les asigne.
Por otro lado, actualmente existen líneas de algunos ministerios, que tienden a promover la participación ciudadana y el empoderamiento de las bases comunitarias, para lo cual han lanzado convocatorias dirigidas a las comunidades vulnerables para que participen en ellas. Lo paradójico es que el grado mismo de vulnerabilidad en la que se encuentran dichas comunidades, sumado a la apatía que presentan las administraciones locales en cuanto al acompañamiento y asesoría en esta serie de convocatorias, desvirtúan por completo, la posibilidad de que las bases comunitarias vulnerables puedan acceder a los beneficios que en gran parte podrían ayudar a superar dicha vulnerabilidad.
El estado colombiano, no puede seguir en el juego de abrir convocatorias para poblaciones pobres, vulnerables, susceptibles, víctimas, etc, cuyas convocatorias, implícitamente requieren de herramientas y/o conocimientos que dichas poblaciones no poseen y que en gran parte son la causa de sus respectivas vulnerabilidades.
Es necesario que el estado sea coherente con sus estrategias, y para ello es importante realizar un ejercicio nacional de reconocimiento del territorio que vaya mucho más allá de las metodologías de censo y proyecciones que actualmente imparte el DANE. Los procesos de caracterización ser realizados con un enfoque más amplio y abanderados por los territorios para que luego sean consolidados a nivel nacional.
Es necesario que el estado reconozca que aún tenemos un índice representativo de analfabetismo, que existe una gran población que no ha cursado la básica primaria y mucho menos la media básica, que la mayor parte del país vive del rebusque, que las mayoría de los campesinos son adultos y/o adultos mayores que escasamente saben leer, que la mayoría de los colombianos no tienen un computador en sus casas y mucho menos pueden acceder a una red de internet, que la mayor parte de las acciones comunales de los municipios no cuentan con la dotación mínima que les permita operar, que la mayoría de las madres cabeza de familia no cuentan con la educación mínima para acceder a un trabajo digno, que la mayoría de los profesionales del país no cuentan con un empleo bien remunerado, que no existe garantía de acceso al mercado laboral para las pequeñas empresas sin experiencia, que la mayoría de los municipios del país no cuentan una institución que brinde educación superior de calidad, que existen zonas del país donde aún no hay presencia del estado, y muchas otras situaciones que seguramente saldrían a relucir si hacemos un ejercicio de consulta a las bases comunitarias.
Solo cuando el gobierno nacional reconozca la situación que vive la mayor parte del país, solo hasta que eso ocurra, podemos desde el nivel nacional, realizar líneas acción que puedan responder a las mayorías y que logren afianzar el empoderamiento del pueblo desde el enfoque de la idoneidad y la responsabilidad.
Comentarios recomendados
No hay comentarios para mostrar