Es muy lamentable que el campesinado sea el sector más ultrajado dentro de la cadena de valor del área de la producción de alimentos, siendo este, el eslabón más importante de la línea productiva.
El país entero, está en deuda con el sector del campesinado, para lo cual es necesario resarcir por todos los gravámenes y abusos a los que han sido sometidos, desde el desplazamiento forzado hasta el alza en los insumos y productos para labores productivas del campo.
Actualmente, las políticas dirigidas al sector agropecuario solo apuntan al beneficio de los grandes productores, y someten a los campesinos poseedores de pequeñas parcelas, a renunciar de sus labores ancestrales o a vender sus predios para dedicarse a otra actividad productiva.
Cuando los campesinos que venden sus predios, terminan errando en la selección de nuevos negocios, por razones básicas, atribuibles a la inexperiencia en otros sectores de la economía regional, obligándose a vivir del rebusque e indignificando su bienestar y calidad de vida.
La políticas municipales, en su mayoría, no son suficientes para garantizar la estabilidad del sector campesino a nivel territorial, y tampoco muestran interés en la articulación de políticas regionales que vinculen a varios municipios del territorio para la propiciación de acciones y acuerdos intermunicipales o interdepartamentales que afiancen la sostenibilidad del sector agropecuario en las distintas regiones, razón por la cual, es necesario que, desde el nivel nacional se realicen los lineamientos para que, desde el enfoque diferencial, se construyan las líneas normativas que rijan la legislación para el reconocimiento de la importancia de la actividad campesina en el país, cuyo abordaje debe ser enfocado desde el área cultural hasta los aspectos propios del carácter socioeconómico de los territorios.
Por su parte, las centrales de abastos y demás plataformas de comercialización de productos del campo, terminan contratando la provisión de alimentos con empresas intermediarias que no pertenecen al sector campesino y que son en gran parte, los que definen el costo de los productos del campo.
En referencia a las tarifas de los productos del campo, es preciso anotar que, muy a pasar de que los productos del campo suben de precio de manera acentuada, dicho alza no se refleja en las utilidades de la población campesina. Son los intermediarios, los que se aprovechan de las falencias comerciales, de las pésimas vías de acceso y de la imposibilidad del pequeño productor para conectar directamente con las grandes comercializadoras, quienes abanderan el transporte, marcan la disponibilidad, regulan la distribución y definen los precios de los productos del campo.
Los intermediarios, sin el más mínimo escrúpulo, sin considerar el esfuerzo y dedicación de la actividad de siembra y/o de cría, llegan hasta el más pequeño productor e imponen los precios del mercado, a los cuales el campesino debe acceder so pena de perder la cosecha o producto de referencia. Y es, este mismo intermediario quien ofrece los productos y fija los precios a las grandes plataformas del comercio.
Es triste que los campesinos tengan que enfrentar los efectos del cambio climático con un esfuerzo muy alto en la actividad productiva, y de poder salir victorioso con sus productos, tengan, adicionalmente, que someter todo ese esfuerzo a las consideraciones de un intermediario que ni siquiera sabe sembrar un árbol.
En referencia al acceso a los insumos para el sostenimiento y adecuación de las distintas líneas productivas dentro del sector agropecuario, el aumento desmedido en los precios de alimentos para cría y de fertilizantes para siembra, ha logrado que se reduzcan la dinámica y variedad productiva de los territorios, limitando a los campesinos a la dedicación estricta en actividades productivas que no requieran la compra de los insumos más costosos del mercado o en su defecto, el campesino se ve obligado a comprar insumos de menor calidad que a su vez generan menor volumen de producción.
En cuanto a los créditos subsidiados por el estado y abanderados por las entidades financieras, se observan muchas barreras de acceso a los respectivos beneficios, una de la más notable es la legalización de los predios, ya que muchos campesinos han estado en sus territorios por varias generaciones y no han podido implementar procesos de sucesión, debido a los costos que acarrea y a la falta de asistencia al respecto. De igual manera, en muchos casos, las entidades bancarias terminan solicitando requisitos que demuestren solvencia y garantías, que de tenerlos no sería necesario solicitar dichos préstamos. Haciendo que el acceso al crédito sustancial y de mayor monto, solo esté a disposición de los grandes productores, que son, los que al final pueden contar con los requisitos de garantía que requieren los bancos y quienes tienen al día sus escrituras y títulos de propiedad.
La importación de productos alimenticios a un menor precio, solo beneficia a las plataformas comerciales, quienes, comercializan el producto a precios iguales a los producidos por el campo colombiano bajo la supuesta excusa de equilibrar la estimulación productiva nacional, pero con el pleno objetivo de obtener grandes utilidades en la importación de los alimentos. Por su parte, la importación de alimentos, al final, solo tiende a obligar al productor nacional al sometimiento de las tarifas de oferta fijadas por intermediarios y centrales de abastos.
En definitiva, la importación de productos por sectores privados inescrupulosos que supeditan el bienestar social a las utilidades del negocio, no podrían seguir al frente de dicha actividad sin la regulación estricta del estado, ya que este tipo de importaciones, por ser de alimentos, no se puede catalogar netamente como un negocio comercial, debido a que posee conexidad con la seguridad alimentaria de todo un país y deriva en afectaciones de orden socioeconómico para la población nacional, por lo que el estado debe ser mucho más cuidadoso en la toma de decisiones tendientes al aval y al otorgamiento cargas arancelarias de los productos de importación.
Es necesario que, frente la decisión de acceder a la actividad de importación y exportación de productos agropecuarios, se realice un análisis desde el enfoque de la conveniencia del sector campesino, la estabilidad de la actividad productiva y a la auto sostenibilidad de la seguridad alimentaria en el nivel nacional, ya que el avance al desarrollo de un país se construye desde la capacidad para auto sostenerse.
El estado tiene la obligación de resarcir al campesino, quien ha sido re victimizado en todos los aspectos, razón por la cual, es necesario construir una reforma agraria con la plena y decisiva participación de las bases campesinas, sellado con un gran pacto nacional del respeto al campesino y dignificación de sus labores.
Las nuevas políticas de desarrollo agropecuario deben tender a la recuperación de la confianza por el sector campesino y al reconocimiento de la importancia del campo y sus trabajadores en referencia al sostenimiento del país, para lo cual se debe fortalecer el acompañamiento, asistido, subsidiario y comercial, con la garantía de la seguridad de los territorios y la propiciación de escenarios que reflejen la justicia social y la adecuación infraestructural de las vías de acceso para afianzar el flujo de productos e insumos del campo. Todo esto con el fin de estimular al pequeño productor para que retome sus actividades agropecuarias y regrese a sus territorios de origen con la plena convicción de retomar la dignidad y el goce del habitad que por muchos años les fue arrebatado.
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