El gobierno nacional acompañará los programas de los gobiernos de las ciudades dirigidos a apoyar las actividades productivas urbanas, la pequeña y mediana empresa, las actividades industriales estratégicas y los servicios que incorporen innovación.
El ordenamiento territorial debe superar la falsa dicotomía rural-urbano, de manera que la sostenibilidad de las dinámicas urbanas será evaluada y planeada teniendo en cuenta el territorio en el que se ubican a distintas escalas.
Se evaluarán los instrumentos de integración regional y se ajustarán para facilitar la conformación de categorías y acuerdos de organización regionales. Mientras se avanza hacia la formalización de estos figuras, se establecerán mecanismos regionales de toma de decisiones de aspectos cruciales en los planes de ordenamiento sujeta a la aprobación consensuada de los gobiernos municipales involucrados, particularmente en gestión del agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana, a partir de información y diagnósticos integrados que serán proporcionados por las gobernaciones. Este mecanismo se asumirá como un primer paso para crear escenarios de consenso y de construcción de confianza en la gestión regional.
Al igual que en el campo, se mejorará la progresividad tributaria y el estímulo al incremento de los ingresos fiscales de las ciudades y, particularmente, del impuesto predial. Se formulará una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación socioespacial y a adoptar programas de inclusión.
Se aplicarán a fondo los mecanismos constitucionales y legales disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y para mejorar las fuentes de financiación urbana con base en la movilización de plusvalías, inclusive removiendo los obstáculos legales que han impedido que presenten un mejor desempeño. Los gobiernos urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en este tipo de instrumentos de financiación, obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, para financiar el mejoramiento de sus infraestructuras, sobre todo las de movilidad, y para que los recursos nacionales puedan dirigirse prioritariamente a la reconversión productiva, a los programas sociales para superar desigualdades estructurales y a cerrar las brechas urbano-rurales.
La segregación socioeconómica en el espacio se presenta en las ciudades y en todas las regiones del país. Es necesario mejorar las condiciones de convergencia, en términos de calidad de vida, entre los centros urbanos más dinámicos y aquellos donde se concentra la pobreza. Soacha se aleja de Bogotá, Soledad de Barranquilla, a pesar de compartir el mismo territorio y tener fuertes interacciones de movilidad residencial, mercados inmobiliarios y de trabajo. Los mecanismos de integración regional deben tener como ejes articuladores lo ambiental, la movilidad y, desde el punto de vista social la reducción de las brechas sociales.
Se concertarán con los gobiernos municipales políticas para controlar el crecimiento urbano expansivo, y para mejorar la oferta de suelo bien localizado para la construcción de vivienda para las familias de bajos recursos y de ingresos medios. Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.
Se afianzará la política de subsidios a la oferta, a través de proyectos con las entidades territoriales, con los empresarios privados y con organizaciones populares de vivienda. Los programas nacionales buscarán diversificar los agentes del sector de la construcción, dando apoyo prioritario a empresas medianas y pequeñas, que desarrollen proyectos de mediana y pequeña escala, que favorezcan la mezcla social y la inserción de la vivienda de interés social y prioritaria dentro de los tejidos urbanos.
Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.
En las ciudades intermedias y pequeñas se promoverán programas de autogestión con desarrollo progresivo.
También pondremos en marcha un programa concertado con los gobiernos municipales y las organizaciones sociales para la legalización, el mejoramiento integral de barrios y viviendas, la adaptación al riesgo y el reconocimiento legal de las edificaciones, para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y seguridad. Se creará un fondo nacional para la financiación de programas de mejoramiento integral de barrios, para sumar a los recursos municipales, con el requisito de que incluya vivienda nueva y potencie las inversiones en mejoramiento.
Además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo y el transporte eléctrico. Esto último es condición esencial de la estrategia para enfrentar el cambio climático y mejorar las condiciones de salud por contaminación, que empiezan a ser críticas en Bogotá y Medellín y cuyas soluciones no dan espera. Promoveremos el uso de la bicicleta, facilitaremos el desplazamiento a pie en cortas distancias y reduciremos impuestos a los vehículos eléctricos y de tecnologías limpias.
Garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y se establecerá el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza. Mejoraremos calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domiciliarios.
En nuestro gobierno se irán cerrando los rellenos sanitarios a cielo abierto para ser remplazados por tecnologías alternativas. Se promoverá el consumo responsable bajo enfoque de “Basura Cero”, para reducir la cantidad de basura. Se impulsará el desarrollo y el uso sistemático de materiales biodegradables que permitan eliminar los plásticos en empaque, embalaje y almacenamiento. Se pondrá en marcha un programa nacional de inclusión de la población recicladora al servicio de aseo, en la línea de las sentencias de la Corte Constitucional. Se modificará el régimen de los servicios de agua potable y saneamiento básico para permitir la conformación y prestación de los servicios de empresas públicas y comunitarias.
Fortaleceremos un ordenamiento territorial democrático, participativo y equitativo entre las regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, que tendrá tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del agua, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afros y raizales y el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción agraria y urbanización.
Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.
La política urbana nacional incorporará el paradigma de la reutilización de la ciudad construida y, por tanto, la apuesta de los centros históricos será la rehabilitación y reciclaje de tejidos, estructuras y actividades existentes. Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.