A la oligarquía que gobierna de espaldas al pueblo hay que decirle las cosas como son, sin miedo y sin maquillaje: no se metan con el salario mínimo vital, porque cuando intentan tumbarlo no están haciendo un ajuste técnico ni una “reforma responsable”, están atacando directamente la vida del pueblo trabajador. El salario mínimo no es un capricho, no es un favor, no es una concesión; es un derecho básico, un piso de dignidad que garantiza que una familia pueda comer, pagar arriendo, transporte, servicios y sobrevivir en un sistema que ustedes mismos encarecieron. Querer debilitarlo o recortarlo es condenar a millones a la precariedad permanente.
Ustedes hablan de mercado, de cifras y de “competitividad”, pero nunca hablan del hambre, del cansancio, del rebusque diario, de la madre que estira el dinero para que alcance hasta fin de mes, del joven que trabaja jornadas interminables y aun así no logra salir adelante. El salario mínimo es vital porque sostiene hogares completos, porque no se trata solo del trabajador individual, sino de hijos, adultos mayores y familias enteras que dependen de ese ingreso. Atacarlo es romper el equilibrio social y profundizar la desigualdad que ustedes mismos han protegido durante décadas.
Que les quede claro: cuando el pueblo grita, no es ruido; cuando el pueblo habla, es soberanía. El pueblo ya entendió que cada intento de debilitar el salario mínimo es una declaración de guerra social, una señal de que prefieren proteger privilegios antes que garantizar derechos. No pueden seguir gobernando contra la gente, no pueden seguir acumulando arriba mientras empujan a los de abajo al abismo. La historia demuestra que ningún poder que desprecia al pueblo se sostiene para siempre.
Defender el salario mínimo vital es defender la dignidad, el trabajo, la justicia social y la democracia misma. No toquen lo poco que el pueblo tiene, porque el pueblo no es pasivo ni silencioso. El pueblo observa, recuerda y responde. Y cuando se organiza y se levanta, no hay oligarquía que lo detenga.

Como militante de Colombia Humana manifiesto mi rechazo rotundo a los intentos de la ultra y extrema derecha de tumbar el salario vital. Esta propuesta no es un capricho ideológico: es una medida necesaria para garantizar condiciones mínimas de dignidad a millones de colombianos y colombianas que hoy sobreviven con ingresos insuficientes.
Eliminar o debilitar el salario vital sería una catástrofe social, especialmente para la gente humilde, los trabajadores informales, las madres cabeza de hogar y los jóvenes que luchan por salir adelante. No se puede hablar de desarrollo ni de democracia real cuando se pretende condenar a la mayoría del país a la pobreza permanente.
Desde la militancia y desde la ciudadanía no vamos a permitir que se retroceda en los derechos sociales conquistados. Proteger el salario vital es proteger la vida, la dignidad y el futuro del país. Nuestro compromiso es claro: defender esta política en los territorios, en los espacios de debate y en la movilización consciente y pacífica.
El presidente Gustavo Petro necesita el respaldo del pueblo organizado para sacar adelante las transformaciones sociales que Colombia ha esperado por décadas, y ese apoyo lo va a tener. Hoy más que nunca, la militancia debe estar firme, unida y activa en la defensa de un país más justo.
Porque gobernar es cuidar, y cuidar también es defender el salario vital.

Totalmente de acuerdo, compañero

La depresión no es una moda, no es exageración y no es debilidad. Es una realidad silenciosa que atraviesa hogares, escuelas, barrios y familias enteras. Vivimos en una sociedad que exige rendimiento constante, que juzga el error y que muchas veces deja a las personas solas cuando más necesitan apoyo. La depresión aparece cuando el dolor se acumula, cuando no hay escucha, cuando se normaliza el abandono emocional. Por eso hablar de depresión no es solo hablar de salud mental, es hablar de cómo estamos viviendo como sociedad y de qué tan humanos estamos siendo entre nosotros.
Durante mucho tiempo se nos enseñó a callar, a “aguantarnos”, a no incomodar. Eso ha sido un error grave. La depresión crece en el silencio, en la culpa y en el miedo a ser juzgados. Romper ese silencio es un acto de valentía y también un acto político, porque exige que el Estado, las instituciones y la comunidad entiendan que la salud mental no es un lujo, es un derecho. No basta con decir “busque ayuda” si no hay acceso real, si no hay acompañamiento, si no hay empatía en el entorno cotidiano.
Yo hablo desde la experiencia. He vivido la depresión y la ansiedad, y hoy puedo decir que estoy saliendo de ahí. No porque sea fácil, sino porque es posible. Se sale hablando, se sale pidiendo ayuda, se sale cuando alguien escucha sin juzgar. Se sale cuando entendemos que no estamos rotos, que no somos un problema, que sentir no nos hace menos valiosos. Mi proceso me enseñó que nadie debería enfrentar esto solo, y que una palabra a tiempo puede marcar la diferencia.
Hoy el llamado es claro: no dejemos que más personas lleguen a la depresión por abandono, indiferencia o presión social. Cuidarnos también es cuidar al otro. Escuchar también salva. Acompañar también es hacer política desde la vida. Construyamos una sociedad donde pedir ayuda no sea motivo de vergüenza, sino de respeto. Porque sanar es posible, y porque nadie merece vivir en silencio su dolor.

Quiero expresar una seria preocupación y alerta pública frente a la escalada de amenazas dirigidas contra militantes del Pacto Histórico y de Colombia Humana, así como contra liderazgos sociales que defienden los derechos civiles y el ejercicio político pacífico en el país.
En los últimos meses, se han registrado denuncias formales de amenazas de muerte contra dirigentes, congresistas y líderes sociales, muchas de ellas difundidas o denunciadas públicamente a través de redes sociales como TikTok, y X (Twitter). Esto demuestra que no se trata de percepciones aisladas, sino de una situación real, sistemática y verificable que afecta directamente la vida, la integridad y la participación política de quienes promueven transformaciones democráticas y sociales.
Un caso ampliamente conocido fue denunciado por el candidato a la presidencia Iván Cepeda, quien informó públicamente que varios congresistas del Pacto Histórico —entre ellos María José Pizarro, Inti Asprilla y Wilson Arias— han sido declarados como “objetivo militar” mediante panfletos y comunicaciones intimidatorias. Estas amenazas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
A esto se suman las amenazas directas enviadas a teléfonos celulares de militantes y líderes sociales, lo que evidencia la existencia de una campaña sistemática de intimidación y odio político contra quienes defienden reformas sociales, derechos ciudadanos y un modelo democrático incluyente.
Un ejemplo concreto es el caso de María José Gómez, una joven activista que, aunque no pertenece formalmente al Pacto Histórico ni a Colombia Humana, fue amenazada tras enfrentar públicamente a una candidata del partido Centro Democrático por su oposición a la reforma pensional. Este hecho deja claro que la violencia política no distingue militancias, y que toda persona que ejerza el derecho a la crítica merece plenas garantías y respaldo democrático.
Ejercer la opinión política y el debate público no puede convertirse en una sentencia de miedo ni en un riesgo para la vida.
Estas acciones no solo ponen en peligro a las personas directamente amenazadas, sino que constituyen un grave ataque a la pluralidad política, al derecho a disentir y a la democracia misma.
Amenazar líderes sociales no es debate democrático:
es violencia política,
es silenciamiento,
y es una forma de persecución ideológica.
El ejercicio político pacífico —incluido el derecho a la crítica y a la oposición— debe ser protegido. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la vida, la seguridad y la libertad de expresión de todas las personas, independientemente de su orientación política o filiación partidaria.
Como militantes y ciudadanía consciente, no podemos normalizar el miedo ni permitir que la intimidación se convierta en una herramienta política. Debemos rechazar de manera contundente estas prácticas, exigir garantías reales de protección, y defender una democracia donde las diferencias se resuelvan con argumentos, no con amenazas.
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Quiero manifestar mi profunda preocupación frente a la desinformación que se está difundiendo alrededor del salario mínimo, la cual está siendo utilizada como excusa para justificar el aumento del precio del transporte público por parte de la Alcaldía Mayor.
El salario mínimo es una conquista social pensada para mejorar las condiciones de vida de la gente, no para convertirse en un argumento que termine golpeando el bolsillo de los trabajadores, estudiantes y sectores populares a través del alza en servicios esenciales. Cuando se comunica de forma irresponsable, se distorsiona el debate y se traslada la carga a quienes menos tienen.
El transporte público no puede seguir tratándose como un negocio desligado de la realidad social. Subir tarifas bajo el argumento del salario mínimo, sin un análisis serio de costos, subsidios y responsabilidades institucionales, es ineficiente y socialmente injusto.
Creo que como militantes y ciudadanía organizada debemos abrir este debate, exigir información clara, datos reales y soluciones estructurales. No podemos normalizar que la desinformación se use como herramienta para legitimar decisiones que profundizan la desigualdad.
Es momento de hacer algo: debatir, proponer, organizarnos y exigir políticas públicas que pongan a la gente en el centro, no a la tarifa.
Los leo. Este tema nos afecta a todos.

Respeto vuestra opinión y mucho amor colombiano.

Mi respaldo al presidente @petrogustavo frente a declaraciones y amenazas que desconocen la soberanía de Colombia. Nuestro país es libre, democrático y tiene derecho a definir su política exterior sin presiones de potencias extranjeras.
Colombia no es colonia de nadie. La dignidad nacional se defiende con principios, con derecho internacional y con una política exterior basada en el respeto mutuo entre Estados. Defender a Colombia es defender su soberanía, su democracia y la voz de su pueblo. 🇨🇴

No es justo que persiguen a un excelente presidente como el presidente Gustavo Petro Urrego que ha hecho grandes cosas por Colombia. ❤️Apoyar al presidente❤️

James Antonio Castilla Peinado c.c.5019419 residencia Santo Tomás Atlántico Calle 12 #14-66 [email protected]
Se publica en Colombia Humana la Cartilla de Modelos y Minutas de la Administración Pública.
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[Contenido. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PROVISION DE EMPLEOS.
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACIONES SOCIALES.
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL RETIRO DEL SERVICIO.
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REMUNERACION.
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL.
Los modelos y minutas aquí previstos constituyen una guía de acción en materia de administracion de personal.
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